Juan Antonio González

Doctor en Ciencias Biológicas

Las recientes inundaciones en Tucumán volvieron a poner en evidencia una realidad tan conocida como persistente: la vulnerabilidad estructural del territorio tucumano frente a eventos climáticos extremos. Lejos de tratarse de episodios aislados, estas situaciones se repiten con una frecuencia creciente, potenciadas por el cambio climático, la presión sobre los ecosistemas y la falta de un desarrollo planificado que se mantenga en el tiempo.

Según informes publicados este año por LA GACETA, los costos de atender las inundaciones en la provincia ya ascienden a cifras millonarias, considerando asistencia directa a damnificados, reparación de infraestructura vial, limpieza de canales y sistemas de drenaje, y pérdidas productivas. A esto se suman los gastos indirectos, muchas veces invisibles en las cuentas públicas: interrupciones en la actividad económica, caída de ingresos en sectores clave y mayores demandas sobre el sistema de salud y asistencia social. Aún quedan preguntas abiertas: ¿cómo impactarán estas condiciones —alta humedad, baja radiación solar y fuertes variaciones térmicas— en los rendimientos de nuestros cultivos?

Cuesta creer, haciendo un repaso, que la provincia acumule una larga historia de advertencias, propuestas y herramientas que no lograron traducirse en acciones sostenidas: en 1993 ya se proponía un plan de obras hídricas por $1.130 millones a ejecutarse en 20 años, que nunca se concretó; en 1997 se aprobó el préstamo BIRF 4221-AR, conocido como Second Provincial Reform Loan – Tucumán, por un monto cercano a 100 millones de dólares. Parte de este crédito estaba destinado a solucionar los problemas el manejo de la cuenca del río Salí-Dulce y sus afluentes, entre ellos los ríos Medina, Gastona y Marapa. En el año 2000 se impulsó una declaración de emergencia hídrica con un plan integral —incluida la cuenca Salí–Dulce— cuyas obras siguen en gran parte pendientes; a comienzos de los 2000 se desarrollaron estudios integrales de cuencas que tampoco se sostuvieron en el tiempo; en 2015 y 2017, eventos extremos y diagnósticos técnicos volvieron a marcar el camino, con escasa ejecución posterior; y en 2026 la historia se repite con daños, evacuados y víctimas fatales.

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A esto se suma otra evidencia crítica: la provincia no solo no ejecutó plenamente lo planificado, sino que tampoco actualizó instrumentos clave de ordenamiento ambiental. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos —establecido por la Ley provincial Nº 8.304 en el marco de la Ley nacional Nº 26.331— debía actualizarse periódicamente (al menos cada cinco años). Sin embargo, han pasado más de 15 años sin una actualización completa, pese a que el plazo legal está ampliamente vencido. Si bien la provincia inició procesos participativos —con talleres sectoriales y audiencias públicas—, el nuevo ordenamiento aún no se encuentra plenamente aprobado ni operativo. La consecuencia es directa: sin reglas claras y actualizadas, el uso del suelo avanza muchas veces en contradicción con la lógica hidrológica del territorio.

La paradoja se profundiza si se considera que también existe la Ley provincial Nº 7.696 de Bienes Inundables, que establece criterios claros para ordenar el territorio en función del riesgo hídrico, pero que tampoco fue plenamente reglamentada ni implementada.

Escenario agravado

Hoy, además, estamos frente a un escenario agravado. A la histórica mala planificación del uso del suelo se suma un fenómeno cada vez más intenso: lluvias concentradas en pocos minutos, que superan la capacidad de absorción del sistema. Este cambio en el régimen de precipitaciones multiplica los efectos de cada evento y hace que cada año sin intervención estructural incremente exponencialmente los daños.

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En este contexto, resulta imprescindible avanzar hacia la sistematización integral de cuencas hídricas como eje central de la política pública. No se trata de resolver puntos aislados, sino de intervenir el sistema completo: montaña, piedemonte, ciudades y áreas rurales. Tucumán no necesita más diagnósticos. Necesita un salto de escala.

Las obras de prevención y mitigación —civiles y ambientales— deben convertirse en prioridad central de los presupuestos actuales y futuros. Son intervenciones complejas, de mediano y largo plazo, que requieren continuidad política, coordinación institucional y rigor técnico. Y deben integrarse en un plan multianual, con modelización climática, análisis costo-beneficio y, sobre todo, una lógica que exceda los gobiernos que se sucedan de aquí en más.

Entre las prioridades se destacan: obras de regulación hídrica, ampliación de drenajes urbanos, ordenamiento y recuperación de cauces, control del uso del suelo, relocalización progresiva en zonas de riesgo y restauración de ecosistemas estratégicos como las Yungas. Ademas del apoyo legal necesario.

Este enfoque, además, permitiría estructurar proyectos sólidos para ser presentados ante organismos internacionales de financiamiento —como el Banco Mundial, el BID o la CAF— capaces de acompañar inversiones de gran escala.

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Las inundaciones no son inevitables. Lo que sí resulta insostenible es seguir acumulando diagnósticos, leyes no aplicadas y planes inconclusos. Tucumán tiene el conocimiento, las herramientas y la evidencia. Lo que falta —y lo que hoy se vuelve impostergable— es reconocer que estamos frente a un problema que crece año a año y actuar en consecuencia. Porque el primer paso para resolver un problema es asumir su verdadera dimensión. Y este ya no es un desafío técnico: es una decisión política y social, más allá de las ideologías, que debe tomarse ahora. Llegó la hora de decir: “vamos a instrumentar soluciones a este problema que emerge como necesario y urgente”.