El Jefe de gabinete, Manuel Adorni, iniciará una semana decisiva en la que intentará equilibrar una agenda política de alto vuelo con un frente judicial que suma complicaciones hora tras hora. En un esfuerzo por retomar la iniciativa pública, el funcionario nacional encabezará en las próximas horas una reunión de mesa política en la Casa Rosada, buscando dejar atrás el ruido mediático generado por los cuestionamientos a su patrimonio y sus recientes traslados en familia al exterior.
Este encuentro, que contará con la presencia estelar de la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene como objetivo delinear la estrategia legislativa del oficialismo para los días venideros. Para Adorni, la cita representa una oportunidad de mostrarse activo y respaldado por el núcleo duro del poder, intentando blindar su figura frente a las esquirlas que desprende la causa que investiga sus viajes en vuelos privados a Punta del Este.
Plano judicial
Sin embargo, el panorama en los tribunales de Comodoro Py se ha vuelto considerablemente más sombrío tras las novedades del pasado sábado. El juez federal Ariel Lijo dictó una serie de medidas de protección urgentes a favor de Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation y testigo clave en el expediente, quien denunció presiones directas para condicionar su testimonio.
La decisión del magistrado surgió tras un pedido formal del fiscal Gerardo Pollicita, luego de que Tossi relatara un hostigamiento sistemático por parte del periodista Marcelo Grandio. Según la investigación, Grandio, amigo personal de Adorni y figura central en la logística de los traslados, habría intentado amedrentar a la empleada aeronáutica para influir en sus declaraciones ante la Justicia.
Causa Adorni: ordenaron proteger a la testigo que confirmó quién pagó los vuelos a UruguayEl escenario descrito por el testigo resulta cinematográfico: mientras declaraba el viernes ante el fiscal Pollicita sobre los pormenores del vuelo a Uruguay, Tossi recibió sucesivas llamadas y mensajes de Grandio en su teléfono personal. Estas comunicaciones, según la denuncia, se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios, diseñada para quebrar la voluntad del declarante.
Ante este cuadro de situación, el juez Lijo ordenó a Grandio abstenerse de cualquier tipo de contacto con Tossi, ya sea por vía personal, telefónica o digital. La restricción de acercamiento incluye tanto el domicilio particular de la mujer como su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual, en un intento por garantizar que el proceso de recolección de pruebas no se vea contaminado.
La declaración de la empleada de JAG Executive Aviation aportó datos que complican la narrativa oficial: precisó que fue Grandio quien efectuó el pago del traslado de Adorni y que, además, habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente. Este punto es crucial, ya que apunta directamente a una posible maniobra de ocultamiento sobre el financiamiento del servicio privado.
Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficialLa gravedad de estos hechos llevó al fiscal Pollicita a impulsar una investigación paralela por presuntos delitos de amenazas y coacciones. En su dictamen, el fiscal subrayó que las de Grandio no son meras molestias subjetivas, sino indicadores acciones concretas de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental.
Por su parte, el juez Lijo argumentó que la insistencia de los contactos y la interrupción de la audiencia testimonial mediante comunicaciones intimidatorias exhiben un “riesgo real”. El magistrado enfatizó que la prioridad absoluta ahora es preservar la libertad de declaración y la estabilidad emocional del testigo para que la causa pueda avanzar sin interferencias externas.
Defensa y pruebas: el Gobierno se muestra colaborativo
En la Casa Rosada, la respuesta oficial ante el avance judicial consiste en una estrategia de transparencia administrativa. El Gobierno confirma que en los próximos días comenzará a enviar en tandas la documentación requerida por el juzgado, asegurando que se tomará un tiempo prudencial para consolidar la información de los distintos organismos involucrados. El material que llegará al escritorio de Lijo abarca desde registros de cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hasta aviones de vuelo de la ANAC. También se incluirán informes de facturación y presentaciones de la UIF.