El gobierno de Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. A través del Departamento de Justicia, presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en apoyo a la moción de emergencia del Estado argentino para suspender el proceso de discovery posterior a la sentencia.

La información fue confirmada por la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo que encabeza el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio, encargado de la defensa jurídica del país en este litigio.

La presentación del gobierno estadounidense refuerza acciones previas de respaldo a la posición argentina y cuestiona los pedidos formulados por los demandantes, que fueron admitidos por la jueza Loretta Preska. Según el documento oficial, las exigencias planteadas en el proceso de discovery resultan “excesivamente intrusivas”, publicó Infobae.

El 6 de marzo la República Argentina presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones para solicitar la suspensión de la etapa de producción de documentos, del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

En el memorándum, el Departamento de Justicia sostiene que el discovery actualmente en curso resulta contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad. Señala además que requerimientos de ese tipo dirigidos contra Estados soberanos pueden generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros adopten medidas similares contra los propios Estados Unidos.

El documento subraya que, al analizar el factor de interés público al evaluar una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.

En consecuencia, solicita que el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión podría tener para las relaciones exteriores al momento de resolver la moción presentada por la Argentina.

Agradecimiento oficial

La Procuración del Tesoro agradeció el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y señaló que continuará “ejerciendo la representación del Estado Nacional con rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina”.

El organismo estadounidense, que encabeza Pam Bondi, una de las funcionarias clave del gobierno de Donald Trump, advirtió en su documento que los litigios en tribunales de ese país contra Estados extranjeros “pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que recibe el gobierno estadounidense en los tribunales de otras naciones”.

Ese tipo de procesos, añade, suele estar regido por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), que establece, entre otras cuestiones, que los bienes de Estados extranjeros en Estados Unidos son en general inmunes a la ejecución.

El memorándum también recuerda que, aunque la Corte Suprema sostuvo en el caso Republic of Argentina v. NML Capital, vinculado al default de 2002, que la FSIA no limita el alcance del descubrimiento posterior a la sentencia sobre bienes de un Estado extranjero, también reconoció que pueden existir otros fundamentos que restrinjan ese tipo de medidas.

Según el Departamento de Justicia, Estados Unidos tiene un interés sustancial en garantizar que los tribunales que supervisan procesos de discovery posterior a la sentencia sobre bienes presumiblemente inmunes de Estados extranjeros respeten los principios básicos de relevancia y tengan en cuenta las cuestiones de cortesía internacional, reciprocidad y política exterior.

El eje del conflicto

En el documento también se describe el punto central de la controversia. Según el gobierno estadounidense, los demandantes solicitaron en el tribunal de distrito comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas con entidades estatales, pedidos que considera incompatibles con las normas de cortesía y reciprocidad que rigen en litigios que involucran a Estados soberanos.

Al no quedar conformes con la información aportada por la Argentina, los demandantes presentaron una moción para que se impongan sanciones monetarias y otras medidas contra el país.

Además, solicitaron información sobre la ubicación de las reservas de oro soberanas en poder del Banco Central de la República Argentina. El Estado argentino sostiene que esos activos son inmunes a la ejecución por pertenecer a un banco central extranjero y que, además, no dispone de información sobre la localización de reservas que están en manos de una entidad jurídica separada.

Para el Departamento de Justicia, exigencias de discovery en áreas sensibles, especialmente aquellas vinculadas a la propiedad soberana y a las comunicaciones de funcionarios extranjeros, sumadas a la amenaza de sanciones o desacato por incumplimiento, pueden generar fricciones significativas con gobiernos extranjeros y abrir la puerta a decisiones recíprocas contra Estados Unidos en tribunales de otros países.

Por ese motivo, el organismo considera que los tribunales deben tener en cuenta esas preocupaciones al analizar pedidos de suspensión del discovery en litigios que involucren a Estados soberanos.

Hace una semana, en su primera intervención como Procurador del Tesoro en el caso YPF, Amerio ya había solicitado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos, del pedido de sanciones y de la audiencia probatoria prevista para los días 21 al 23 de abril de 2026. En esa presentación también recordó que el 26 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos había respaldado la posición argentina mediante un escrito previo.

El nuevo memorándum refuerza ahora ese apoyo.

En paralelo, durante la semana la Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.

Ambas partes informaron el entendimiento a la jueza Loretta Preska en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El acuerdo involucra a demandantes con sentencia firme a favor, que reclamaban sumas millonarias y buscaban avanzar con embargos sobre activos nacionales.

De concretarse, este entendimiento permitiría al Gobierno encapsular los litigios vinculados al default y concentrar sus esfuerzos jurídicos, políticos y diplomáticos en el caso YPF.