La Confederación General del Trabajo (CGT) dio un nuevo paso judicial contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, al presentar este viernes un recurso de amparo con el objetivo de frenar su implementación. 

La medida, que había sido anunciada tras una masiva movilización del lunes, busca que la normativa sea declarada inconstitucional por considerar que vulnera derechos históricos de los trabajadores. La presentación se realizó después de la sanción y oficialización de la ley, que la administración libertaria califica como una pieza clave de su programa económico. 

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Según la CGT, varios artículos de la reforma afectan derechos individuales y colectivos, sobre todo en lo relacionado con la protección del empleo, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

Entre los fundamentos del amparo, la central sindical sostiene que la reforma contraviene principios constitucionales del derecho laboral, como el de progresividad, que establece que los derechos de los trabajadores no pueden retroceder una vez alcanzados. Además, advierte que algunos cambios contradicen compromisos asumidos por el país en tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El recurso se enmarca en una estrategia más amplia del movimiento sindical para frenar la norma, que ya había generado advertencias públicas y movilizaciones. La conducción de la CGT considera que la ley representa un retroceso en materia de derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional, especialmente en el Artículo 14 bis, que garantiza derechos fundamentales para los trabajadores.

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La reforma laboral aprobada por el Congreso nacional, con el apoyo de los gobernadores aliados, introduce modificaciones profundas en el mercado de trabajo, con medidas orientadas a flexibilizar contrataciones, ajustar el régimen de indemnizaciones y redefinir el alcance de la negociación colectiva. El Gobierno nacional defiende estos cambios como necesarios para modernizar el sistema laboral y promover la creación de empleo formal, consignó el diario "Ámbito".

Con la presentación del amparo, la discusión sobre la reforma se traslada a la Justicia, que deberá determinar si la norma puede aplicarse en su totalidad o si corresponde suspender algunos de sus artículos mientras se analiza su constitucionalidad.