Tras los femicidios de Erika Álvarez y Luisa Mendoza, el legislador José Cano reclamó al Gobierno provincial que la Emergencia en Violencia contra la Mujer deje de ser una mera declaración administrativa, renovada año tras año, y se transforme en una política pública efectiva de protección.
En ese sentido, subrayó que si bien la herramienta legislativa es clave -motivo por el cual impulsó su prórroga- resulta insuficiente mantener la ley vigente sin una decisión política concreta que garantice su cumplimiento.
Conmoción en Taco Ralo: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio"No podemos naturalizar este escenario. En menos de 20 días de enero ya lamentamos dos muertes que nos duelen a todos. La realidad demuestra que hoy fallan o no se aplican las estrategias correctas para garantizar la ayuda proactiva a las víctimas, entre ellas la comunicación efectiva y el acceso a la información: las mujeres maltratadas muchas veces no saben a dónde concurrir ni dónde están ubicados los lugares de contención", afirmó Cano.
El parlamentario hizo hincapié en la falta de cumplimiento de los Artículos 6 y 7 de la normativa vigente, que exigen campañas de difusión masiva. "Si la información no llega, el Estado abandona. La emergencia debe generar empatía y acercamiento de las víctimas, no que sigan con miedo de ser asesinadas por no saber quién las puede proteger", dijo.
Crimen en Manantial Sur: convocan a una marcha para exigir justicia por el femicidio de Antonella Álvarez"Exigimos que se cumpla la ley y se informe masivamente dónde están los refugios y los centros de ayuda", sostuvo.
Por último, Cano reclamó que la Mesa Institucional deje de ser una formalidad y rinda cuentas sobre por qué, tras años de emergencia declarada, los índices de violencia continúan.
"Necesitamos que las herramientas que votamos en la Legislatura lleguen a cada mujer en peligro antes de que sea tarde", finalizó.