En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, este viernes se concretó la jura de las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros (CPA). Guillermo Norry y Antonio Bustamante asumieron formalmente sus funciones, luego de que el ministro de Economía, Daniel Abad, solicitara el jueves la renuncia del interventor José Díaz y del subinterventor, Darío Amatti, decisión que sacudió el tablero político provincial.
La ceremonia comenzó pasadas las 10 con el gobernador Osvaldo Jaldo a la cabeza; sin embargo, desde temprano ya se registraba un intenso movimiento en Casa de Gobierno, con el ingreso de funcionarios, legisladores, concejales, delegados comunales y dirigentes del oficialismo.
Durante la ceremonia, el gobernador sostuvo que “este acto tan importante responde a una decisión institucional” y remarcó que la Caja Popular de Ahorros “pertenece al Gobierno de la provincia, gracias a Dios y al trabajo de muchas gestiones”. En ese marco, agradeció a Díaz “por haber cumplido su rol y estar a la altura de las circunstancias”. “Queremos que la Caja siga siendo de los tucumanos”, agregó.
Por su parte, Acevedo destacó la trayectoria de Guillermo Norry y Antonio Bustamante y señaló que “son hombres con experiencia en la administración”. Además, afirmó que “si el gobernador tomó esta decisión es porque busca una Caja Popular aún más fortalecida, que siga acompañando a todos los tucumanos”.
Entre los presentes estuvo el propio Díaz, quien hasta ayer conducía la institución y cuya asistencia al acto fue leída como un gesto político, en medio de versiones y especulaciones que se intensificaron en las últimas horas.
Un recambio con lecturas políticas
El nombramiento de Norry -ex interventor del municipio de Juan Bautista Alberdi- y de Bustamante -reconocido abogado y ex presidente del Colegio de Abogados de Tucumán- no pasó inadvertido. Ambos dirigentes mantienen una cercanía política con el ministro del Interior, Darío Monteros, lo que alimentó múltiples interpretaciones dentro del oficialismo.
El cambio de autoridades se produce en un clima de tensiones internas, especialmente en el vínculo entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el diputado nacional Carlos Cisneros. No es un dato menor: quienes venían conduciendo la Caja Popular desde 2018 pertenecen al espacio político del legislador, con influencia desde la primera gestión del ex gobernador Juan Manzur.
En ese sentido, la decisión del Ejecutivo provincial es vista como un movimiento de alto impacto político, con posibles derivaciones en la dinámica interna del peronismo tucumano, en un año que ya comienza a perfilarse con fuerte contenido electoral.
Una institución clave
La Caja Popular de Ahorros se encuentra intervenida desde 2003, durante los primeros días del gobierno de José Alperovich. Desde entonces, distintos interventores se sucedieron al frente de una entidad considerada estratégica para la provincia, no solo por su rol financiero, sino también por su alcance social y su administración de importantes recursos.
La salida de José Díaz, quien ocupaba el cargo desde 2018, marca el fin de una etapa y abre interrogantes sobre el rumbo que tomará la institución a partir de ahora. En ese marco, se espera que las nuevas autoridades definan cambios en la gestión, la organización interna y la orientación general de la CPA.