Por recomendación de sus defensores, Felipe “El Militar” Sosa prefirió no declarar por el momento. Sin embargo, cuando el juez Bernardo L’Erario Babot lo consultó sobre sus datos personales, aportó algunos detalles hasta entonces desconocidos. Su carrera profesional, su adicción a las drogas y su situación personal fueron algunas de las cuestiones ventiladas durante la audiencia.
“Fui miembro del glorioso Ejército Argentino, pero pedí la baja por ser uno de los tantos desilusionados por las políticas que tuvieron los presidentes (Carlos) Menem y (Néstor) Kirchner con las Fuerzas Armadas”, sostuvo Sosa. También relató cuándo y por qué se integró a la Legión Extranjera, un cuerpo de comando del Ejército francés.
“Una vez, cuando me dieron vacaciones, decidí quedarme con mi mujer. Ella fue el amor de mi vida y ni siquiera les avisé que no me reincorporaría. Después me dieron la baja por esa razón”, comentó.
La mujer por la que decidió abandonar su carrera militar es la misma que lo denunció por violencia de género y por lo que fue procesado. De ella se encuentra divorciado desde hace varios años. “Estuve detenido y luego fui sobreseído”, indicó el imputado por el crimen de Érika Antonella Álvarez.
Sobre las actividades que desarrolló tanto en el Ejército como en la Legión Extranjera, sólo respondió: “Era responsable de recursos humanos”. No dijo ni una palabra sobre las misiones ni el entrenamiento que había recibido.
Cuando se le preguntó por su actividad laboral, el acusado de homicidio simple dijo ser empresario dedicado al rubro de la seguridad. “Como integrante de una sociedad anónima, percibo un sueldo mensual de $1,2 millones. Esos son mis ingresos”, señaló Sosa minutos después.
Pese a esos ingresos, trascendió que sería propietario de tres inmuebles ubicados en Yerba Buena y que habría adquirido una moto de alta gama valuada en $50 millones para salir de la provincia. Sus allegados indicaron que tendría varios bienes a nombre de terceros por el prolongado litigio que mantiene con su ex pareja.
“El Militar”, que actualmente está en pareja con una empleada judicial que trabajaría en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, reconoció ser consumidor social de cannabis y cocaína. No dijo ni una palabra sobre sus presuntos vínculos con el tráfico de estupefacientes.
Milena Álvarez declaró que su hermana Érika le había contado que Sosa era una persona que proveía éxtasis en fiestas electrónicas.
Además, su nombre habría aparecido en una causa en la que se investigó a una empresa que organizaba fiestas electrónicas para la venta de drogas sintéticas. No trascendió si fue formalmente investigado por ese posible vínculo.