El Gobierno nacional está enfocado en las negociaciones para aprobar la reforma laboral durante febrero. Un posible traspié en el Congreso por otro asunto se asoma en el horizonte político del oficialismo nacional.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplía sus facultades operativas generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición y esto se proyectaría en el ámbito legislativo.
Con el Parlamento en receso, la ofensiva de los disidentes se trasladó inicialmente al ámbito judicial. Ya se presentaron al menos cuatro acciones de amparo que buscan frenar la aplicación del decreto por presunta inconstitucionalidad. Sin embargo, el escenario decisivo se abrirá cuando se reactive la actividad en el Congreso, donde el DNU podría transformarse en una nueva puja entre la Casa Rosada y sus adversarios.
Este viernes vence el plazo para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remita el decreto al Congreso, tal como lo establece la ley que regula los DNU.
A partir de ese momento, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para emitir dictamen. Cumplido ese plazo, cualquiera de las dos cámaras podrá llevar el tema al recinto. Para rechazar el decreto se requiere mayoría absoluta: 37 votos en el Senado o 129 en Diputados.
El texto solo quedará sin efecto si ambas cámaras lo desaprueban.
Expectativa opositora
En la Cámara de Diputados, la oposición asegura estar cada vez más cerca de reunir los votos necesarios para voltear el decreto. Por ahora, el conteo arroja 122 rechazos confirmados, aunque reconocen que aún existe margen para ampliar ese número.
Entre los bloques que ya anticiparon su voto negativo se encuentran Unión por la Patria, con 93 diputados; Unidos, que alcanzará 22 bancas una vez que asuma Juan Schiaretti; y el Frente de Izquierda, con cuatro. Al listado se suman la cordobesa Natalia de la Sota, el puntano Jorge Fernández y la exlibertaria Marcela Pagano, quien calificó al decreto como “inconstitucional”.
El principal escollo sigue siendo el quórum. Para habilitar la sesión se requiere la presencia de 129 diputados. Si se logra superar ese umbral, consideran que las chances de que el decreto sea rechazado en la Cámara baja son elevadas.
Cámara Alta
También en el Senado el resultado aparece abierto y condicionado por el comportamiento del centro político. Radicales, peronistas provinciales y bloques intermedios concentran los votos que podrían definir el destino del DNU. Unión por la Patria reúne allí 28 bancas, sumando el bloque Justicialista que conduce José Mayans, Convicción Federal y los senadores santiagueños que conformaron un bloque propio. A ese núcleo podrían añadirse legisladores provinciales y radicales críticos del oficialismo.
Desde los espacios provinciales descartan, al menos por ahora, que el debate sobre la SIDE se cruce con la negociación por la reforma laboral.
Un día después de la publicación del DNU, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal difundieron un comunicado conjunto en el que anticiparon su rechazo. En Provincias Unidas confluyen legisladores alineados con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El espacio reúne seis senadores y 19 diputados, un volumen que puede resultar determinante.
Actividad en las Cámaras
El receso se siente en el legislativo
Mientras el ministro del Interior nacional, Diego Santilli, recorre las distintas provincias en busca de respaldo para la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y el oficialismo de la Casa Rosada se prepara para activar su mesa política, el Congreso sigue semiparalizado por las vacaciones.
Las expectativas de diversos sectores están puestas en que todo se reactive el 11 de febrero, día en que .según aseguró la senadora oficialista Patricia Bullrich- se trataría la reforma laboral en el recinto de la Cámara alta.