El gobernador Osvaldo Jaldo impuso recientemente el vetó parcial a un proyecto de ley sancionado por la Legislatura. Se trata de un rechazo por cambios aprobados referidos a la determinación del Impuesto Automotor. Se consideró que uno de los párrafos incorporados desvirtúa la política originalmente diseñada y genera dificultades para la gestión del tributo. Con esa, es la cuarta vez en 2025 que el mandatario le baja el pulgar -de manera parcial o total- a una iniciativa aprobada en el palacio espejado, y la séptima de su gestión desde 2023.

Fuentes oficialistas marcaron diferencias entre lo que sucedió a nivel nacional, con la fuerte puja que hubo entre el Congreso y el presidente Javier Milei, y lo que pasa en la Provincia. Consideraron que en la mayoría de los casos se llegó a la instancia constitucional del veto porque faltó diálogo entre parlamentarios y los funcionarios de la Casa de Gobierno. Mencionaron que en otras ocasiones las fallas fueron más bien del tipo técnica-legal.

El 19 de diciembre, Jaldo rubricó junto al ministro Daniel Abad (Economía y Producción) el Decreto N° 3.890/13, en rechazo de un agregado a un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (PE) para modernizar el método de valuación del Impuesto Automotor (Ley N° 8.467). El nuevo texto detallaba el orden de prioridad que debe seguir Rentas al consultar los valores de mercado: los precios de venta de Acara; de las cámaras automotrices; etcétera. Se indicó que, en caso de que la Dirección General de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor actualice los valores (algo que no viene ocurriendo), se tomarán esos como referencia. Y se agregó que, de no ser así, se tomará un orden de prelación que fijó la Cámara y lo agregó en el texto sancionado. Ese cambio fue vetado y se promulgó el resto de la norma.

Rechazos en 2025

A fines de septiembre, Jaldo vetó en forma total (Decreto N° 2815/13) un proyecto sancionado que establecía un régimen de exención y reducción progresiva del Impuesto a los Automotores y Rodados para la producción, comercialización y uso de vehículos eléctricos e híbridos, propuesta impulsada por Silvia Elías de Pérez.

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Se fundamentó la incompatibilidad de la iniciativa con la estrategia provincial de transición energética. Según lo expuesto, Tucumán definió una política pública orientada a los biocombustibles, en particular al bioetanol producido a partir de la caña de azúcar. La Secretaría de Producción agregó que el proyecto colisionaba con la Ley N° 9.766, que declaró de interés la promoción y desarrollo de biocombustibles y bioenergía.

El 14 de julio, el titular del Poder Ejecutivo (PE) también aplicó un veto total a una norma sancionada a fines del mes anterior que proponía la creación del Cuerpo Provincial de Guardaparque. El proyecto, que también tuvo como primera firma a la legisladora radical, proponía garantizar la protección, conservación y manejo sostenible de las áreas naturales protegidas de la provincia.

A través del Decreto N° 1904/3, Jaldo y Abad expusieron que, si bien la iniciativa respondía a un anhelo histórico, presentaba “inconsistencias técnicas, legales, presupuestarias, operativas y administrativas” que impedían su aplicación en los términos previstos.

Entre las objeciones planteadas por los organismos técnicos, se destacó la falta de definición concreta sobre el financiamiento del cuerpo y el impacto presupuestario que generaría su implementación, entre otros.

Ley, veto y decreto

Una particularidad se dio en mayo, cuando se produjo el primero de los tres vetos del año. Jaldo y Abad firmaron el Decreto N° 1.105, mediante el cual se dejó sin efecto una iniciativa que establecía una alícuota diferencial del 1,5% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para los ingresos vinculados a servicios turísticos. La propuesta había sido impulsada por el legislador Hugo Ledesma, con apoyo de Francisco Serra, ante la inminencia del vencimiento que el PE había otorgado por decreto años atrás. El PE vetó lo sancionado por la Legislatura y envió un proyecto similar, días después. Sin embargo, extendió el beneficio a través de un decreto. ¿Qué pasó?

La Dirección General de Rentas consideró innecesario sancionar un régimen paralelo y permanente, subrayando que las políticas fiscales de este tipo deben ser transitorias y sujetas a revisión. En ese marco, el Ejecutivo entendió que la norma presentaba “impedimentos técnicos y legales que obstan su promulgación” y la vetó.

Acto seguido, la Casa de Gobierno envió a la Cámara un proyecto de ley en igual sentido, subsanando las cuestiones que habían sido cuestionadas de la norma sancionada. Además, fijó explícitamente una vigencia limitada del beneficio: hasta el 31 de diciembre de 2030. Sin embargo, el artículo 74 de la Constitución de Tucumán establece que si una norma es vetada y no insistida, “no podrá repetirse en las sesiones de ese año”. Para subsanar este inconveniente, el gobernador mantuvo vigente el beneficio hasta el 31 de mayo de 2026 a través del Decreto 1.389.

Tierras en el interior

El mandatario firmó otros tres vetos antes de cumplirse el primer año a cargo del PE. En junio de 2024, le bajó el pulgar a una modificación en la Ley 9.656, referente a las medidas y linderos de un inmueble expropiado en La Reducción (Lules) para ser transferido gratuitamente a la Asociación Civil San Isidro Rugby Club, para ampliar sus actividades deportivas y sociales. Tras verificaciones de Catastro constató que la modificación no se ajusta a la realidad del inmueble. La Fiscalía de Estado avaló la necesidad de oponer el veto, lo cual ocurrió a través del Decreto N° 1.735.

A principios de 2023, el PE vetó una cesión en comodato, por 20 años prorrogables, de un inmueble en la Capital a la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada. El espacio estaba destinado a la construcción de un centro de recuperación de residuos secos, en el marco de un sistema de gestión integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos.

El veto a la iniciativa -impulsada por Tulio Caponio- fue dispuesto mediante el Decreto N° 55, dado que el padrón consignado en la norma (N° 336.067) fue anulado tras un proceso de mensura y unificación realizado en 2023, que dio origen a un nuevo padrón. En consecuencia, el inmueble mencionado en el proyecto ya no existe, según expuso Catastro.

En tanto que el primero de los vetos de Jaldo fue por un proyecto sancionado para la cesión del camping “Paso de las Lanzas”, en El Cadillal. Se preveía la construcción de un complejo deportivo, recreativo y un salón de usos múltiples para empleados del Poder Legislativo. Sin embargo, mediante el Decreto N° 252, el PE fundamentó su rechazo en diversos aspectos técnicos y legales, como que no se precisaba con claridad los datos de identificación del inmueble ni las dimensiones exactas de la superficie a transferir.