La falta de jueces naturales que puedan resolver incidentes y aceptar o no requisitorias atenta contra la investigación del presunto tráfico de influencias que involucraría a uno de los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Es que actualmente no hay ningún juez al frente de la causa y el proceso sigue merced al trabajo de la fiscalía, representada por Agustín Chit, la querella, en manos de Juan Andrés Robles, y los defensores Miguel Ángel Pierri y Camilo Atim.

Las novedades de las últimas horas están relacionadas con el pedido que hizo justamente Chit para que se indague, y por ende se impute, al único sospechoso, el abogado Luis Alejandro Ontiveros.

La causa se inició a partir de la denuncia de Mario Martínez Salazar, quien pidió que se investigue un presunto pedido de dinero de parte de Ontiveros para “solucionar” una causa en la que está involucrado el hijo del denunciante. Según Martínez Salazar, Ontiveros le pidió 100.000 dólares. Ontiveros mantiene una estrecha relación con el camarista Mario Leal, aunque no trabaja en la Justicia Federal. Pero sí lo hacen sus dos hermanos, Mario y Ramón Gustavo, secretarios del magistrado, y también su esposa, la candidata a jueza federal Solana Casella, que es relatora de Leal.

Presunto tráfico de influencias: niegan que las pericias incriminen a Ontiveros

En la causa, según la denuncia, Ontiveros se habría comprometido a solucionar la situación procesal del hijo de Martínez Salazar, involucrado en una presunta estafa piramidal en la provincia de Catamarca.

Recusación

El problema que surge por el momento es quién llevará adelante los procesos que siguen. Es que la defensa de Ontiveros recusó al primer juez de la causa, José Manuel Díaz Vélez (aunque esto aún no fue resuelto), Díaz Vélez estaba en ese momento a cargo del juzgado federal N° 2, luego tuvo un breve paso por Catamarca, y actualmente está a cargo del juzgado federal N° 1. Los otros dos jueces que podían intervenir, Guillermo Díaz Martínez y Miguel Ángel Contreras, se excusaron de intervenir. Guillermo Molinari, juez federal de de Santiago del Estero, sería una posibilidad, lo mismo que Sebastián Argibay. El problema es que no hay quien resuelva esto. Los jueces dependen de la Cámara Federal de Tucumán, pero por razones de relación personal, los otros cuatro camaristas, Patricia Molteni, Ricardo Sanjuan, Marina Cossio y Fernando Poviña se excusaron de intervenir, por lo cual la Cámara se debe conformar con jueces de otras provincias. Entre ellos están Enrique Lilljedahl, de Catamarca, Ana Carina Farías y Eduardo Llugdar, de Santiago del Estero serían los que podrían intervenir en la causa. El dato no es menor ya que no sólo está recusado Díaz Vélez, sino también el propio Chit.

Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Entre los elementos bajo análisis figuran la utilización por parte de Ontiveros de una billetera virtual asociada al magistrado, el uso de un vehículo oficial asignado a la vocalía, y la existencia de una propiedad compartida en un barrio privado. En paralelo, la defensa denuncia un montaje motivado por intereses políticos, subraya que los audios incorporados serían ininteligibles y sostiene que Casella se encontraba de licencia durante el período en cuestión, por lo que mal podría haber influido en un voto. Casella además, en las últimas horas, aseguró que lo que se conoció de las pericias realizadas sobre el teléfono celular de su marido, secuestrado en el marco de la causa, son “afirmaciones falsas” porque “no hay nada ni en su contenido ni en sus conclusiones que puedan incriminar al Dr. Luis Ontiveros en la posible comisión de algún delito”. En ese sentido aseguró que “hasta el día del cargo de la presente, ninguna de las partes (inclusive autorizadas a la consulta y acceso del expediente) puede ver en el expediente digital ninguna de las ‘supuestas piezas procesales. Por lo que ni siquiera esta parte puede chequear la existencia de dichas piezas procesales, que se le atribuyen tanto a la fiscalía como a la querella”. Por todo esto concluyó que que estas afirmaciones, que califican de “falsas, temerarias, tendenciosas y de mala fe”, generan daño “en nuestro honor, especialmente en relación a que la Dra. Solana Casella se encuentra ternada en estos momentos para el cargo de Juez Federal Electoral N° 1 de Tucumán”.