Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, enfrenta una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón ante los tribunales de Comodoro Py, acusándola de abuso de autoridad. La denuncia se basó en la solicitud de Bullrich de allanar las instalaciones de periodistas y medios de comunicación, medida que Dalbón calificó como un intento de "amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa".
La acción legal de Dalbón surgió a raíz de la denuncia presentada por Bullrich en nombre del Gobierno por un presunto caso de espionaje ilegal contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Dalbón argumentó que, dentro de esa denuncia por violación a la ley de inteligencia nacional, el Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Bullrich, solicitó medidas que contravienen la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión. Específicamente, Bullrich solicitó el allanamiento de los estudios de Carnaval Stream y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.
En la Constitución Nacional
Además, Bullrich propuso una medida cautelar sin precedentes como la "prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal".
Dalbón señaló que esta medida constituye un intento de censura previa, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución Nacional, y ha solicitado que la ministra sea citada a declarar. La denuncia subrayó que la acción de Bullrich no solo se dirige a periodistas específicos, sino que busca restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo que representa una forma de censura indirecta y masiva.
El abogado argumentó que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, utiliza la denuncia penal como una herramienta de intimidación para condicionar la libertad de prensa. Además tipificó la conducta de Bullrich como abuso de autoridad, describiéndola como un ejemplo de extralimitación funcional. Alega que la solicitud de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y la pretensión de prohibir la difusión de información periodística son órdenes que contradicen la Constitución Nacional.