La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York deliberará hoy sobre el millonario litigio por la expropiación de YPF, que podría poner en aprietos financieros a la Argentina. De esa decisión dependerá si el país debe entregar de inmediato el 51% de las acciones de la petrolera o si podrá continuar con el proceso de apelación, sin desprenderse de ese capital accionario.

El tribunal estadounidense de segunda instancia deberá resolver el pedido del Estado argentino para posponer la transferencia (“turnover”) de esas acciones. La decisión podría tener un fuerte impacto tanto en la economía como en la política exterior del país, especialmente si la justicia de Estados Unidos concluye que la Argentina incurre en desacato.

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El conflicto judicial se originó en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando se concretó la expropiación de YPF. En primera instancia, la jueza Loretta Preska, del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, condenó al Estado argentino a pagar U$S 16.000 millones por la forma en que se llevó adelante la nacionalización. Los intereses generados desde entonces elevaron el monto a U$S 18.000 millones, cifra que representa una pesada carga para un país que enfrenta severas dificultades para robustecer las reservas del Banco Central.

Aunque el fallo fue apelado, la audiencia recién está prevista para fines de octubre, luego de las elecciones legislativas en el país. En paralelo, Burford Capital, el fondo de inversión que adquirió los derechos del litigio y que es el principal beneficiario del caso, ha intensificado la presión. Su estrategia apunta a demostrar que el Estado y YPF funcionan  sin verdadera independencia entre ambos, lo que permitiría embargar otros activos estatales.

Como parte de su ofensiva, Burford solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, además de reclamar la transferencia directa del 51% de las acciones que la Argentina posee en YPF. La jueza Preska ya ordenó que dichas acciones sean entregadas, aunque el país presentó una apelación y pidió un “stay”, o suspensión de la medida, hasta que la Cámara resuelva el caso en septiembre.

La inminente resolución de la Corte de Apelaciones podría derivar en varios escenarios. Si el fallo es desfavorable, el Gobierno tiene previsto acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque este tribunal rara vez interviene en litigios administrativos de esta naturaleza. De no hacerlo, quedaría firme la decisión de la Cámara de Apelaciones.

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En caso de que la Argentina no cumpla con el fallo, podría ser declarada en desacato, con sanciones que irían más allá de las multas económicas. Según fuentes cercanas a la causa, Burford pedirá a Preska que avance con medidas adicionales, como restricciones para que funcionarios argentinos ingresen a Estados Unidos o la revocación de visas a ciudadanos del país. Incluso, podrían generarse trabas para emitir deuda y un aumento de la desconfianza de los inversores internacionales, en un contexto en que la administración de Javier Milei busca atraer capital extranjero.