“El encierro trae consecuencias graves a las personas”, dijo un psicólogo sobre el caso del hombre encadenado
“Lo más grave es que este tipo de situaciones se da mucho en los sectores humildes, donde hay falta de acceso a un tratamiento, a un lugar de internación. En esos contextos hay gente que recurre a este tipo de conductas disfuncionales, donde, con el fin de protegerlas, ponen a estas personas (adictos) en un tipo de prisión”, afirmó el licenciado Roberto González Marchetti, ex presidente del colegio de Psicólogos. El profesional, que fue entrevistado por LG Play, se refirió al drama que vive una familia de Villa Carmela. El martes la jefa del hogar, Sonia, fue imputada por haber mantenido cautivo a su hijo Julio (34 años) en una habitación, en la cual lo habían encadenado. La mujer lloró ante el juez Guido Cattáneo al reconocer el hecho y le explicó que era la única solución que había encontrado para evitar que su hijo siguiera causando estragos en el barrio, donde algunos vecinos ya habían amenazado con matar al hombre.
Sonia, a quien se le dictó el arresto domiciliario, detalló lo que significa cuidar de una persona así: “(mi hijo) sale y les roba a los vecinos, les tira piedras a los colectivos y tiene problemas con todo el mundo. Me pega, me maltrata, tira las puertas a patadas y me saca plata. Yo amo a mi hijo, señor juez, soy ignorante y estuve mal, pero quería protegerlo porque ya lo habían amenazado y tenía miedo de que me lo maten”. Sostuvo además que cuando lo llevaban a internar, Julio se escapaba.
Cifra alta
“Partimos desde el problema de que en el país hay 2,5 millones de personas con problemas de adicción. La cifra es muy alta y los dispositivos de tratamiento son inadecuados, porque escasean los recursos humanos y hay falta de lugares”, explicó González Marchetti.
El profesional recordó que en 2009 el Estado creó el centro Las Moritas, lugar cuya metodología destacó: “es un centro que funciona perfectamente, que tiene muy buenos profesionales al frente, pero el tema es que la población de consumidores creció. Hoy tendríamos que tener al menos tres centros de la envergadura que tiene Las Moritas y ubicarlos de manera bien distribuida en distintos puntos de la provincia”.
Un recurso inadecuado
“El encierro forma parte de nuestra cotidianidad, es decir, cuando son voluntarios, cuando uno busca protección como pasó con el tema de la covid-19, por dar un ejemplo. Pero hay encierros involuntarios, que se los percibe como una prisión, una decisión de esconder (a alguien), hablamos de un punto que va más allá de los límites y obviamente ese tipo de encierro produce una deconstrucción social y en la personalidad, porque esa persona queda estigmatizada, vive como un castigo y eso a veces es causa de suicidio o de reincidir en la adicción por este tipo de castigos que pueden venir del núcleo familiar”, sostuvo el ex presidente del Colegio de Psicólogos.
El profesional detalló que estas situaciones se dan en contextos en los que se normalizó este recurso como última opción. “Esta reacción de que la familia lo encierra, lo encadena, para protegerlo no es positiva; en realidad se está provocando un daño. Eso se puede corregir con una campaña que apunte directamente a trabajar con la familia; el problema más grave es que el Estado no llegue a esas familias”, subrayó.
Consecuencias
“Ese tipo de situaciones, más allá de que tengan por fin cuidar la vida, aumenta el riesgo de suicidio y causa una deconstrucción como personas. Todos pasamos por la situación de la covid y vivimos lo que significa estar encerrado”, ejemplificó el psicólogo. A su vez, cuestionó que la solución no puede ser meter presos a los captores. “El hecho de encerrar, o dictarles la prisión preventiva a los familiares, es como actuar con el mismo remedio con el que actuó la familia con el chico, o sea, no es la solución meter presa a la madre o al cuidador, porque acá tiene que estar Desarrollo Social para ver otro tipo de necesidades; tiene que haber un mayor acceso a la salud para las personas más humildes, porque quienes tenemos otros ingresos tal vez podemos pagar un tratamiento pero estas personas necesitan del sistema público”, añadió.
Aplicar la Ley
González Marchetti enfatizó que si la Ley de Salud Mental se aplicara como está previsto, habría más centros para tratar las adicciones y más equipos de profesionales. “Si se cumpliera lo que dice, el presupuesto destinado a la salud sería del 10%, y es mucho menos el que se destina... Lo que sí debería suceder es que el internado tenga las garantías de que el tratamiento y las internaciones no sean de por vida, porque sabemos que una persona que fue internada por más de un año sufre consecuencias, por eso hay que trabajar con la reinserción social y en la cuestión ambulatoria. Al no haber presupuesto, llegamos a este tipo de situaciones”, señaló.
Por último, el licenciado afirmó que: “son casos que se deben considerar como una discapacidad al corto plazo, porque estos adolescentes y jóvenes que consumen van a tener consecuencias físicas y neuropsicológicas. No es casual ver a jóvenes que sufren de ACV o ataques cardiorespiratorios producto de las intoxicaciones que sufrieron”.
