Una mala razón para seleccionar el candidato preferido

Una mala razón para seleccionar el candidato preferido

Una mala razón para seleccionar el candidato preferido

A una semana de las elecciones provinciales no está de más recordar que se debe tener cuidado con los políticos. No sólo porque puedan mentir (la probabilidad aumenta durante las campañas) sino también porque a veces lo que defienden puede ser peligroso. Ocurre con los trabajos nacionales o el financiamiento nacional para diversas obras, de cualquier magnitud, que se realizan en la provincia. Usos útiles del dinero del Estado nacional, sin dudas. Pero mirar sólo los beneficios es incorrecto, porque todo tiene costos y en consecuencia ellos también deben considerarse.

Para comenzar, un repaso de situación. Un informe de la Fundación Iniciativa de Pensamiento Colectivo (IPEC) mostraba a Tucumán como la segunda provincia que menos invierte en obra pública. Pero no sólo destina el seis por ciento del presupuesto gubernamental a ese rubro (San Luis, en el otro extremo, el 37 por ciento) sino que además subejecuta el presupuesto.

Es decir, se gasta menos de lo asignado. Del lado del gobierno provincial, al margen de no explicar la ineficiencia del desaprovechamiento, sostienen que la inversión la fondean el gobierno nacional y organismos internacionales. Pero esa no es una buena noticia, sino al contrario.

Como cuestión menor está la especulación de que si la Nación invierte mucho y la provincia hiciera algo similar Tucumán tendría un estándar de vida muy superior. En realidad corresponde preguntarse por qué lo haría.

Debe recordarse que provincias y Nación comparten el mismo territorio, por lo tanto cualquier gasto nacional ocurre en algún territorio provincial y beneficia a ciudadanos provinciales como les cuesta a otros ciudadanos provinciales (aquellos en cuyo territorio no se hace tal erogación). No importa si es en funciones nacionales, se efectúa en alguna provincia. Por ejemplo, cuando la Nación paga los sueldos del personal de las universidades nacionales lo hace en personas que residen en una provincia y eso las beneficia a ellas y a la actividad económica local.

Entonces debe preguntarse primero por qué la Nación gastaría en una provincia, verificar si esa erogación corresponde a una función del gobierno nacional. Al respecto puede pensarse en aquellas cuyos efectos cruzan los límites provinciales. De hecho, típicamente son las que justifican la existencia de un gobierno en un nivel superior.

Si los ciudadanos de dos territorios tienen costos prohibitivos para resolver inconvenientes o proyectos de mutuo acuerdo, por ejemplo porque sus conductas responden a diferentes marcos legales producidos por diferentes gobiernos, o si los respectivos gobiernos tiene problemas para negociar entre sí (por caso, porque responden a diferentes intereses de sus votantes), la existencia de un nivel superior puede servir para solucionar problemas o para facilitar emprendimientos. Dos ejemplos: los desechos industriales de firmas en una provincia volcados a una cuenca hídrica que desemboca en un lago ubicado en otra, o la construcción de una red ferroviaria regional. En eso puede involucrarse la Nación.

Pero si se piensa en la atención de necesidades localizadas, como la construcción de viviendas o de redes de agua potable, no se advierten cruces de límites. Claramente se trataría de una ayuda del gobierno nacional al provincial. ¿Debida a qué? Una posibilidad es la búsqueda de igual acceso a los servicios públicos en todo el país y la disminución de las diferencias entre condiciones de vida. Entonces la Nación haría una tarea compensadora, lo que querría decir una de dos cosas. La primera, que el gobierno provincial es inútil para el desarrollo y la Nación lo sustituye. Si ese fuera el caso, la población estaría pagando impuestos de vicio para mantener gobernantes que no aportan al bienestar de los ciudadanos. Sería más barata una intervención federal (muy discutible constitucionalmente) o la pérdida de la categoría de provincia para ser territorio nacional. La segunda, que sean acciones temporales justificadas porque se cree que la provincia está en una senda del desarrollo que más temprano que tarde se manifestará en bienestar sostenido con los recursos propios. Porque no sirve cubrir diferencias sin que la provincia haga su parte.

Claro que la última alternativa requiere la inserción del gasto nacional compensador en un plan nacional de subsidios que acompañe otro plan de obras o de cambios legales que impulsen la actividad económica en especial en las regiones más atrasadas. Pero no se lo ve.

¿Entonces por qué gasta la Nación en Tucumán? Se puede pensar que lo hace porque es una provincia pobre y no alcanza con la generación propia de recursos. O se puede pensar que los gobernadores se especializaron en ser buenos “mangueros” en vez de en ser buenos funcionarios, lo que no es contradictorio sino que podría ser causa de lo primero.

¿Por qué? Como Tucumán está en Argentina, la atención de una necesidad tucumana con dinero nacional, además de perjudicar al resto del país, libera ese dinero del presupuesto provincial para gastarlo en otra cosa. Y eso es una tentación para gasto con fines partidarios, no para gasto eficiente. Perjudicial para el bienestar de los ciudadanos, y peor cuando, al pensarse que todo depende de la Nación, se desincentiva el reclamo por calidad del gasto. Cuanto más gaste la Nación en Tucumán sin un plan nacional de desarrollo, peor para los tucumanos.

Así, un gobernador se pondría en el mismo nivel que un delegado comunal, cuya elección implica postularse como el mejor manguero de la comuna y como el mejor empleado del gobernador. Claro, no es un demérito… para un delegado. ¿Se busca elegir al mejor empleado del Presidente? La provincia no es independiente, pero tampoco está subordinada al gobierno central. Debería ser parte, a través de los senadores y con el liderazgo del gobernador, del diseño de los planes de desarrollo regional que hoy no existen. De esa manera tampoco importaría si hay o no coincidencia partidaria entre gobernador y Presidente. El financiamiento local para los gastos locales implica que la población elija en qué gastar, siguiendo sus prioridades. En cambio, votar por el mejor manguero lleva al atraso.

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