01 Agosto 2022
Chile debate la campaña por la constitución
El texto se presentó el 4 de julio, luego de un año de deliberaciones del órgano elegido para trabajar sobre los cambios que pueden transformar al país o sólo reformar algunos aspectos. La propuesta busca establecer un sistema político más abierto y con intervención social del Estado
Hoy comienza el mes decisivo de la campaña por el apruebo o el rechazo a la nueva Constitución Política de Chile. Presentado el 4 de julio, luego de un año de trabajo de la Convención Constitucional, será sometido a un plebiscito obligatorio, el 4 de septiembre.
Sistema político, plurinacionalidad y estado social, son algunos de los cambios que propone el texto acordado por la Convención. El texto define a Chile como un Estado social y plurinacional, elimina el actual Senado y otorga derechos a la naturaleza, entre otros cambios a lo largo de sus 388 artículos.
Redactada por un órgano electo para ese fin a través del voto popular, algo inédito en la historia del país, la propuesta de carta magna también impulsa la paridad de género en los órganos estatales y elimina la exigencia de muy altas mayorías, incluso de dos tercios, para modificar las leyes.
El texto, ampliamente debatido, es motivo de polémicas, críticas, análisis y elogios. Las encuestas dicen que, si se mantiene la tendencia actual, la opción de aprobar el texto ha acortado la distancia, pero aún hay una mayoría de votantes que se inclina por el rechazo a modificar la Constitución elaborada por la dictadura de Augusto Pinochet, y que tiene un fuerte enfoque hacia el libre mercado y la iniciativa privada. Uno de los motivos para esta resistencia al cambio, según el Centro de Investigación Periodística (CIPER), es la millonaria inversión que hicieron de quienes se juegan todo su capital al rechazo, entre ellos los grandes empresarios y representantes de la derecha chilena, como algunos de los principales cuadros del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera.
El gobierno de Gabriel Boric también se juega muchísimo en esta elección y por eso el presidente se embandera al “apruebo”. También expresó su voto positivo la ex presidenta Michelle Bachelet, pero, tal como muestra un editorial del portal Bio Bio, de la semana pasada, es Boric el que más se juega en este plebiscito.
“Es un proceso, en que se jugó su capital político y al cual muchos de sus actuales socios del Frente Amplio y el Partido Comunista, no le creyeron (...) Su promesa de cambio y de un gobierno que se hace cargo de las demandas sociales y de las “grandes transformaciones que pide la sociedad chilena” pende de un hilo”, dice una columna del portal chileno.
Sistema político y leyes
El presidente continúa siendo el jefe de Estado y de Gobierno, pero ya no tendrá la exclusividad de impulsar leyes que impliquen gasto público y esas iniciativas también podrán ser ingresadas por legisladores. El mandatario, además, podría ser reelegido una vez, lo que actualmente no se permite. El Congreso pasando de un bicameralismo en la que ambos cuerpos tienen las mismas funciones a uno “asimétrico” donde la Cámara de Diputados concentra la función legislativa. El Senado actual desaparece y es reemplazado por una Cámara de las Regiones con facultades atenuadas y concentrada principalmente en leyes de alcance regional.
La propuesta constitucional innova además en introducir mecanismos de democracia directa, como las iniciativas populares de ley y las consultas ciudadanas. Su artículo 151 dice que “en Chile, la democracia se ejerce de forma directa, participativa, comunitaria y representativa”.
Uno de los cambios fundamentales que propone la nueva constitución es la eliminación de las altas mayorías, de hasta dos tercios, exigidas actualmente para modificar ciertas leyes. Ahora, salvo para normar sobre procesos electorales u órganos como la Contraloría o el Banco Central, entre otros pocos asuntos, las leyes podrán ser modificadas o derogadas por la mayoría de los presentes en la Cámara de Diputados.
Estado social y democrático
La constitución deja al Estado en un rol subsidiario, un asunto que fue eje central de protestas sociales hace dos años en Chile donde los ciudadanos exigían mayor bienestar y derechos sociales. El texto propuesto define a Chile como “un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico” y garantiza el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, el trabajo, el acceso a los alimentos, entre varios otros.
Plurinacionalidad
El texto señala que en Chile coexisten diversos pueblos y naciones y que es deber del Estado “respetar, promover, proteger y garantizar” el ejercicio de la libre determinación, sus derechos colectivos e individuales así como su participación en el ejercicio del poder.
Entre los “pueblos y naciones indígenas preexistentes” figuran los mapuche, aymara, rapanui, quechua, diaguita y selknam, entre otros. Más adelante, el articulado señala que el Estado se organiza territorialmente en entidades autónomas, como las comunas, las regiones y las autonomías territoriales indígenas.
La propuesta garantiza además “el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”, les otorga escaños reservados en los órganos de representación y establece que deberán ser consultados para su consentimiento en asuntos que les afecten en sus derechos.
El texto crea además un sistema de justicia indígena paralelo, pero la Corte Suprema tendrá la última palabra. De acuerdo al censo poblacional de 2017, un 12,8% de la población declaró ese año pertecer a un pueblo originario.
Medio ambiente
A diferencia de la constitución actual, que tiene solamente un artículo al respecto, la propuesta tiene todo un capítulo dedicado a la naturaleza y medioambiente que establece que “la naturaleza tiene derechos” y que los animales son “sujetos de especial protección”.
El texto señala el deber del Estado de adoptar medidas frente a la crisis climática, de proteger la biodiversidad, las especies nativas silvestres y los espacios naturales, así como regular y fomentar la gestión y valoración de residuos.
También se hace explícita la protección de los humedales y se establece que el agua es un “bien inapropiable”, mientras también señala que los glaciares “quedan excluidos de toda actividad minera”. Chile es el mayor productor mundial de cobre.
Paridad de género
“El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad”, dice el comienzo de artículo 6, donde también se plantea que los órganos estatales y empresas públicas, entre otros entes, deben tener composición paritaria.
El texto, además, se manifiesta contra la violencia de género y detalla que el Estado debe tomar medidas para erradicarla y sancionarla. La propuesta constitucional establece que toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos, entre ellos la interrupción voluntaria del embarazo, y que el acceso a estos derechos se regulará por medio de la ley.
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