Quedó impune el crimen del vigía peruano

Después de más de tres años, el crimen de un ex soldado peruano quedó impune, luego de que se anulara el fallo en contra de los dos únicos condenados por el caso. “Si no se cambian las leyes, de nada servirá. No tengo fuerzas ni recursos para seguir adelante con esto”, explicó Natalia Herrera, la viuda de la víctima de un caso que quedó impune

El 19 de abril de 2019, cerca de las 22, Sandro Silverio Reyes Ríos, se encontraba efectuando el cobro del servicio de seguridad privada en el barrio Oeste I, cuando fue abordado por cuatro jóvenes que, al no poder quitarle la recaudación que tenía en su poder, le dispararon y huyeron del lugar. Los vecinos trataron de asistirlo, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Su muerte tuvo repercusión internacional. Reyes Ríos había nacido en Perú. En su tierra natal formó parte del ejército que luchó contra Sendero Luminoso, el grupo armado que pretendía quedarse con el poder en ese país durante los 80. “Reyes Ríos llevaba el combate en la sangre y siguió su carrera en una empresa estadounidense que lo llevó por el mundo entrenando y protegiendo esa bandera. Durante su estadía en Irak, a través de una aplicación de citas, conoció a Natalia, la tucumana que lo conquistó a la distancia. Sandro no vino a Tucumán por trabajo”, se puedo leer en una crónica que publicó LA GACETA con la firma de Julio Marengo.

En esa otoñal noche, el hombre que sobrevivió a varias batallas en diferentes partes del mundo, terminó siendo asesinado en un hecho de inseguridad. Un caso que tuvo la particularidad que movilizó a tres barrios reclamando mayor protección. “Los hermanos de Sandro viajaron a Tucumán cuando supieron de la muerte. ‘No se veían hacía dos años. ¿Sabés lo que fue entregarle a su hermano en una cajita?”, interpeló la viuda. Es que, a pedidos de los compañeros de división del servicio militar, la mitad de los restos cremados de Sandro viajaron a Trujillo, Perú. Allí lo esperan para rendirle honores y despedirlo. “Para nosotros y para el Estado peruano, es un héroe. Como para ustedes son los combatientes de Malvinas”, finalizó Alberto Acuachi, compañero de armas de la víctima.

La investigación

A los días de haberse cometido el crimen, los policías detuvieron a un menor y a tres mayores como los autores del hecho. C.E.E (su nombre se mantiene en reserva por cuestiones legales) fue internado durante varios meses en el Instituto Roca. Carlos “Chapulín” Amaya, Braian “Chiripa” Vélez y Carlos Barrionuevo terminaron en el penal de Villa Urquiza.

Como en el caso intervino un menor de edad, el expediente se adecuó al nuevo código procesal penal para que fuera resuelto con el sistema adversarial. Recién en abril de 2021 se inició el debate. El fiscal Carlos Sale, sostuvo que los acusados, previo acuerdo de voluntades y división de tareas que cada uno realizaría, desplazándose en dos motocicletas, abordaron a Reyes Ríos con intenciones de apoderarse de bienes ajenos a su propiedad. Al no lograr su cometido, uno de ellos efectuó un disparo con un arma de fuego en contra de la humanidad del guardia privado que impactó en su brazo derecho causándole lesiones que derivaron en su fallecimiento, dándose a la fuga posteriormente.

El tribunal, integrado por Ana María Iácono, Carmen Rosa López y Diego Lammoglia declararon penalmente responsables del crimen a Vélez y a Barrionuevo culpables del crimen del vigía asesinado y absolvieron por el beneficio de la duda al adolescente y a Amaya. En diciembre, ocho meses después, los jueces Eduardo Martín González, Juana Francisca Juárez y Bernardo L’Erario Babot le impusieron la pena de 14 años por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Otra instancia

El defensor oficial Pablo Cannata impugnó el fallo al entender que tanto el fiscal no había analizado objetivamente las pruebas y elaboró una teoría del caso sin evidencias suficientes. También cuestionó que los magistrados intervinientes no realizaron la valoración correcta de lo que sucedió en el debate y en las posteriores audiencias donde se los declararon penalmente responsables y la condenas a los imputados. El auxiliar Juan Pablo Godoy, por instrucciones del fiscal Sale, se opuso a los planteos asegurando que en ningún momento se habían vulnerado los derechos de los acusados. El querellante Luis Monteagudo, que representó a la viuda, compartió el criterio.

Un tribunal de impugnación, integrado por Eudoro Albo, Carlos Caramutti y Agustín Puppio, después de analizar todo lo expuesto por las partes, decidieron absolver a Vélez por el beneficio de la duda. Antes habían hecho lo mismo con Barrionuevo, el otro condenado.

“El fallo me partió al medio porque creo que nadie se esperaba algo así. No había dudas de la veracidad de los dichos de los testigos”, resumió Monteagudo.

La viuda de Reyes Ríos también cuestionó los fallos absolutorios. “Lo más preocupantes es que en todo el proceso los testigos fueron atacados. Los jueces nunca entendieron que algunos no contaron porque tenían miedo. Estamos hablando de personas con antecedentes y que generan terror en la zona”, explicó Herrera. “Con esta actitud lo único que lograrán es que nadie quiera intervenir en un juicio. Después de haber visto cómo fueron tratados tomé una decisión: si veo un crimen me iré inmediatamente del lugar para no tener que vivir lo que ellos vivieron”, agregó.

Herrera anunció que no realizará ningún otro planteo legal para que se haga Justicia. “No tiene sentido seguir peleando. Desde que Sandro murió enfrentó todo esto sola. Tuve que salir a buscar trabajo y recursos para continuar con el proceso. Pero con este final no puedo hacer nada más”, explicó.

“Tampoco puedo exigirle al fiscal Sale que lo haga porque hizo mucho con nada. A todas las limitaciones que tienen para realizar su trabajo, tiene que afrontar a jueces que no entienden que los testigos tienen miedo de sufrir represalias. Ojalá que las leyes cambien y que haya protección para los testigos de las víctimas”, finalizó Herrera.

Ahora quedan dos caminos por recorrer: que la Corte Suprema de Justicia revise el fallo por pedido de algunas de las partes (la viuda ya anticipó que no lo hará) y que se haga una nueva investigación, pero todo parece que el expediente transita por el camino de la impunidad.