Por Gustavo Rodríguez
07 Junio 2022
LA ESCENA. Santiago Melián fue ultimado de un escopetazo cuando transitaba en un carro con su mujer e hijo.
La suerte del septuagenario acusado de matar a un hombre de un escopetazo en la cabeza en plena vía pública se resolverá hoy. Al haber anunciado que aceptará su culpabilidad en un juicio abreviado, recibirá una condena, pero sólo resta saber dónde y cómo la cumplirá.
“Vamos a pelear para que cumpla la pena de manera digna, ya que no está en condiciones de seguir detenido en un calabozo. No podemos decir que será su casa porque puede sufrir represalias”, aseguraron sus defensores Jesús Ruiz Flores y Humberto Castaldo. “Vamos a insistir que sea de cumplimiento efectivo por la gravedad del caso”, aseguró el querellante Víctor Hugo Zelaya. La posición del Ministerio Público Fiscal no trascendió por ahora.
El sábado 14 de mayo Santiago Melián circulaba en un carro tracción a sangre junto a su pareja y su hijo de tres años por avenida Alem al 2.300. Al llegar a la esquina con López Mañán, Bartolomé Cajal (71), salió de su hogar y se les acercó con una escopeta y mató al carrero de un disparo en la cabeza. Tras el hecho, el acusado se encerró en su casa y luego terminó entregándose al personal de Homicidios que actuó bajo el mando de los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Jorge Dib. El caso quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y tuvo trascendencia a nivel nacional.
Una audiencia
Dos días después, en una audiencia, el auxiliar fiscal Juan Pablo Godoy, actuando con instrucciones del fiscal Carlos Sale, lo acusó de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (contempla una pena de entre ocho y 25 años) y solicitó que le dictaran la prisión preventiva por dos meses. Los defensores no rechazaron la acusación, pero sí solicitaron que se le diera la posibilidad de cumplir con la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario. No sólo esgrimieron su edad, sino también los serios problemas de salud que padece el imputado.
El juez Bernardo L’Erario rechazó el planteo porque no se habían acreditado esas cuestiones en el expediente y aceptó el planteo del representante del Ministerio Público Fiscal. A partir de ese momento, hubo varias movilizaciones para exigir que se lo dejara libre o que se le permitiera cumplir con la medida cautelar en el domicilio de un pariente por cuestiones de seguridad.
En el transcurso de la investigación, la defensa logró probar que Melián le había robado una moto a Cajal, pero también que había sufrido otros ataques por parte del carrero. “En el techo del domicilio de nuestro defendido encontramos decenas de piedras que le arrojaba el fallecido. También nos contaron que él le había cortado en varias oportunidades los cables que iban al medidor. No estamos justificando nada, simplemente queremos destacar que hubo una situación de hartazgo que venían arrastrando desde hace mucho tiempo”, aclararon los defensores en una entrevista con LA GACETA.
El proceso
Con el correr de las semanas, los defensores propusieron una salida alternativa. Anunciaron que se declararía culpable a cambio de una pena menor -no trascendió la cantidad de años-, pero que la cumpla con una modalidad acorde a su edad y situación de salud. El fiscal Sale y la familia del fallecido representada por Zelaya aceptaron el ofrecimiento. Sin embargo, señalaron que la modalidad de cumplimiento de la pena se debata en la audiencia de hoy.
“Cajal sufre una enfermedad terminal. Necesita someterse a diálisis por lo menos tres veces por semana. Al estar privado de su libertad, se empeoró su estado de salud. Nuestras leyes permiten que una persona de su edad y los problemas de salud que tiene, por cuestiones humanitarias, pueden cumplir la pena con arresto domiciliario, pero no es obligatorio que así sea”, indicó Ruiz Flores. “Al plantearle a la familia que existía esta posibilidad, ellos dijeron que siguiéramos adelante porque son conscientes de que no podría cumplirla porque sus expectativas de vida no son muy grandes”, agregaron.
En un primer momento, los parientes de la víctima pidieron que el acusado reciba una condena ejemplar porque la forma en que mató a su ser querido. Zelaya explicó por qué los Melián aceptaron el acuerdo. “La persona que hizo esas declaraciones en la audiencia no forman parte de la querella. Hubo una serie de amenazas cruzadas entre ambas familias que nadie quería que se concretara. Al entender que recibiría una pena justa acorde a la edad del imputado y buscando calmar a la sociedad en general, aceptaron firmar este acuerdo. A nadie le beneficiaba un proceso más largo que no aseguraba una pena más severa”, explicó el profesional.
“Sí vamos a pelear para que la condena se cumpla de manera efectiva. Hay que aceptar, más allá del estado de salud del acusado, que no se trató de un caso más, sino que fue un homicidio grave. No se puede permitir que una persona que cometa un crimen de estas características vuelva a la casa a las dos o tres semanas de haberse registrado el hecho. No es un buen mensaje para la sociedad”, finalizó. El juez L’Erario tendrá hoy la última palabra.
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