Por Martín Soto
02 Abril 2022
DESHABITADAS. De las 2.500 casas que se construyeron a través del IPV, 1.022 no se entregaron.
El periplo de las más de 1.000 viviendas sociales que se concluyeron hace más de cinco años en Manantial Sur, nunca se entregaron por falta de infraestructura y fueron salvajemente vandalizadas en la cuarentena estricta sumará un nuevo capítulo. A pesar de que en diciembre la Legislatura aprobó una ley (N° 9.472) para poder avanzar con la recuperación de las casas, con fondos no reintegrables del programa Reconstruir, las obras no comenzaron. Y ahora el Poder Ejecutivo (PE) solicita una modificación a la norma para poder dar inicio a lo que -afirma- sería el final de un proyecto que se inició hace casi 10 años. Este tema se tratará en la sesión del próximo jueves, a las 8.30.
El lunes ingresó por mesa de entradas de la Cámara una iniciativa que lleva las firmas del gobernador interino Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía, Eduardo Garvich. En ella, se solicitan aclaraciones y ampliaciones en la norma mediante la cual se autorizó al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) que conduce Stella Maris Córdoba para rescindir los convenios vigentes suscripto con empresas contratistas del emprendimiento “2500 viviendas e infraestructura de El Manantial”, suscriptos en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia n° 2/3 (M.E.), de fecha 22 de octubre del 2019. Allí se establecía que los desembolsos que fueron percibidos por las empresas aquel año serán considerados como pago a cuenta, a valor actualizado. Esto es, precisamente, lo que se solicita modificar debido a la ruptura de la ecuación económica por la inflación.
En el proyecto se especificó que “teniendo en consideración el marco en el cual se produce la rescisión de los acuerdos vigentes, en los cuales las empresas constructoras se han visto impedidas de realizar avances en las obras, tanto por la situación sanitaria por la pandemia covid-19 como por la ruptura de la ecuación económica financiera que la paralización produjo, no correspondería la actualización de las sumas oportunamente percibidas, siendo necesario que ésta ley establezca que los mismos serán a valor histórico”. Se argumentó también que los fondos anticipados a las firmas fueron aplicados a valores de obra de ese momento. “Si se actualizaran dichos fondos debería actualizarse también el valor de la obra”, se señaló.
En 2019 la Provincia inyectó $246 millones para las obras de recuperación en Manantial Sur. Algunas firmas lograron concluir los trabajos el año pasado, pero otras denunciaron que, por falta de seguridad, vándalos saquearon las mejoras que hicieron a las casas.
Cifras y funcionamiento
Según pudo averiguar este diario, son 1.022 las viviendas de 11 sectores del emprendimiento Manantial Sur las que serán reparadas a través del programa nacional Reconstruir, aunque no se precisaron montos. También serán incluidas en esta partida nacional 20 viviendas en Los Quilmes y Los Sueldos, las cuales eran edificadas por cooperativas y quedaron inconclusas durante la gestión anterior.
Fuentes gubernamentales consultadas por LA GACETA explicaron que los dineros que se entregaron a las firmas contratistas serán usados como crédito a favor de la Provincia. Indicaron que se realizó un relevamiento, casa por casa, sobre los costos que tendrá recuperar y equipar nuevamente las viviendas desarrolladas a través del IPV (se iniciaron en 2013, durante la intervención del fallecido Gustavo Durán).
Fuentes de la construcción indicaron que no era viable para las firmas devolver los fondos actualizados debido a la fuerte inflación de los últimos años. “Hay un preacuerdo con las empresas sobre la valorización de las viviendas. Se cotiza cuánto dinero falta para concluir cada casa, se resta lo adelantado y ahí se entregan los fondos”, explicaron.
Durante los últimos días, en la previa de la asunción de Fabián Soria como titular del flamante Ministerio de Obras y Servicios Públicos (el DNU de creación debe ser ratificado por la Legislatura), Jaldo puso especial énfasis en la necesidad de acelerar las gestiones para la construcción y entrega de viviendas sociales. Desde que se mudó a la Casa de Gobierno su objetivo es agilizar las gestiones en todo lo referido a obra pública.
En diciembre, Jaldo informó que, según un relevamiento realizado por el IPV las obras demandarían entre $350 y $400 millones y estarían listas en unos 120 días a partir de su ejecución. Durante el debate de la Ley 9.472, sin embargo, la oposición se despachó con dureza por darles una nueva oportunidad a empresas constructoras que habían incumplido los compromisos firmados.
Desidia y vandalismo: los daños se profundizaron durante la cuarentena estricta
El titular de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, había explicado en diciembre a este diario que la iniciativa para rescindir los contratos por ley y poder adherirse al programa nacional fue promovida por el sector empresarial, para destrabar el conflicto. Explicó que durante la cuarentena estricta no hubo custodia policial en Manantial Sur, lo que potenció la vandalización que ya se había detectado en algunas de las casas terminadas que no se pudieron entregar por falta de infraestructura. Además, indicó que la mayoría de las firmas no logró cumplir porque hubo una depreciación de la moneda respecto al año anterior.
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