Todavía hay 22 represores prófugos por delitos de lesa humanidad

Todavía hay 22 represores prófugos por delitos de lesa humanidad

El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $ 5 millones por la captura de siete imputados

La ficha del prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga en el programa Buscar. La ficha del prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga en el programa Buscar.
24 Marzo 2022

Si bien la Justicia del país condenó a 1.058 personas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar, hay dos decenas de juicios en curso, medio centenar que aguardan fecha de inicio y una veintena de prófugos de la Justicia. 

El diario El País, de España, indicó que el Estado argentino todavía desconoce el paradero de 22 acusados por delitos de lesa humanidad y ofrece recompensas por ellos. Por los más buscados está dispuesto a pagar hasta $ 5 millones a quien dé alguna pista que facilite su captura. Así lo anunció el Ministerio de Seguridad en vísperas del 46 aniversario del golpe de Estado.

En algunas ocasiones ni siquiera se sabe si el acusado está vivo o ha fallecido, como es el caso del exmarino Jorge Vildoza, acusado de torturas y de la apropiación de Javier Penino Viñas a los pocos días de haber nacido en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada en Buenos Aires.

Vildoza huyó del país en el 86. Logró ingresar a Paraguay y luego a Brasil, desde donde partió hacia Europa. Terminó en Sudáfrica. Según la familia, el prófugo  murió en Johannesburgo en 2005 bajo una identidad falsa, y fue cremado, pero como el acta de defunción fue falsificada, para la justicia argentina sigue prófugo.

En otros casos, la Justicia busca a acusados que ya estaban detenidos pero se escaparon. El exmilitar Carlos Alberto Arroyo es uno de ellos. Entre los más buscados figura también el ex subcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga.

La mayoría de prófugos pertenecieron a las Fuerzas Armadas o de Seguridad pero hay también civiles vinculados a ellas, como Eduardo Rebechi y Gabriel Jesús Isach. Ambos fueron personal civil de inteligencia en la ciudad de Rosario y están imputados en causas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad.

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