Por Gustavo Rodríguez
20 Febrero 2022
INICIATIVA. Con la nueva norma, los “limpiviadrios” y los “trapitos” deberán abandonar las calles. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO (archivo)
La discusión aparece cada vez que se cuestiona por alguna razón la vetusta Ley de Contravenciones. En esta oportunidad el debate fue iniciado por el abuso policial que sufrió un joven que hacía gimnasia con el torso desnudo en el parque Avellaneda y continuó a partir de la decisión de incorporar la figura del acoso callejero en una norma que había sido declarada inconstitucional por su procedimiento hace 12 años. Es así que renace la necesidad de creación del Código de Convivencia. Y en la actualidad hay tres proyectos en análisis, pero ninguna certeza de cuándo será tratado y, mucho menos, si será aprobado.
La Ley de Contravenciones nació en 1899. Luego fue modificada en 1952 y en 1966. Los últimos “grandes” retoques fueron realizados en 1982, en plena dictadura militar. En 2010, por una acción impulsada por Andhes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional, al cuestionar que no se respetaban los derechos mínimos de los contraventores. En 2015, el máximo tribunal dispuso que cada caso debía ser atendido antes de que se cumplieran las 24 horas y que los detenidos debían contar con un defensor. No sólo que lo resuelto no se cumplió, sino que se siguió utilizando esa norma para crear nuevas figuras, como es el caso de la ley de Acoso Callejero.
El Código de Convivencia es un compendio de normas que buscan mantener la paz social fijando pautas muy claras de conductas que deben respetarse en toda la provincia. La iniciativa más avanzada es la del legislador radical José María Canelada, que lo presentó en noviembre pasado y que ya tiene dictamen favorable de las comisiones de Seguridad y la de Legislación General, pero que todavía no fue debatido en el recinto. Esta es el tercer proyecto del parlamentario sobre el tema, ya que los dos anteriores perdieron estado parlamentario por no haberse tratado.
“No dejaré de insistir hasta que el oficialismo dé el debate que podría solucionar la preocupación por esta norma, que hoy se presenta como obstáculo para la aprobación de otra norma. Si la preocupación es sincera, sería ya el momento de atender el problema de fondo”, señaló Canelada. “Al igual que la emergencia carcelaria, el Código de Convivencia es otra deuda de la provincia para con sus ciudadanos y ciudadanas y por una decisión exclusivamente política está postergada hace muchísimo tiempo”, enfatizó.
En los primeros meses de 2019, cuando Claudio Maley era ministro de Seguridad, le llevó a los legisladores oficialistas un borrador de Código de Convivencia que fue redactado por el abogado Mario Herrera. Al ser un año electoral, el tema quedó muy lejos de captar el interés de los hombres y mujeres que deben sancionar leyes. Actualmente, el equipo que dirige el ministro Eugenio Agüero Gamboa está analizando esa iniciativa. “Posiblemente se hagan algunas modificaciones porque en tres años, aunque parezca mentira, las cosas han cambiado en nuestra provincia”, explicó una alta fuente del área.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse también cuenta con una iniciativa similar que será presentada oficialmente los primeros días de la próxima semana. El presidente de la Comisión de Seguridad confía en que se puedan analizar todas las propuestas para redactar un solo proyecto superador. “Lo importante es que se lo analice y se lo apruebe, así acabemos con todas las polémicas que genera la Ley de Contravenciones”, señaló.
Los cambios
Esta nueva ley no sólo será meramente un cambio de nombre, sino que se propone varias e importantes modificaciones. Más allá de aggiornar las causas que son consideradas violatorias para la convivencia social (se informa por separado), la modificación más profunda es cómo se tratara a los acusados de incumplir el código, que fue el motivo de la inconstitucionalidad de la norma.
Ya no será la Policía la encargada de acusar y el titular de la fuerza dejará de ser esa especie de juez que imponía. Se creará un fuero contravencional, donde los fiscales serán los acusadores, los jueces dictarán una sentencia y los infractores tendrán la oportunidad de ser asistidos por un defensor oficial y hasta apelar o impugnar el fallo ante magistrados que deberán atender esta cuestión. También está contemplado recurrir a medidas alternativas para solucionar el conflicto.
Los tres proyectos contemplan la detención o el pago de multas para los infractores. El cambio radica en que el valor será establecido por algunos índices que son conocidos por todos y que se van modificando permanentemente. Por ejemplo, la iniciativa del Ministerio establecía que se aplique teniendo en cuenta el costo del litro de nafta de mayor octanaje que fije el Automóvil Club Argentino. Dos novedades más: se podrá financiar la multa y el dinero recaudado irá un 40% a la Policía, un 40% a la Justicia y el 20% restante para mantener los centros donde serán alojados los detenidos.
Ley Contravencional
Todo el sistema queda en manos del Jefe de Policía.
El infractor no tiene derecho a defensa.
El condenado debe permanecer arrestado o pagar la multa.
No hay facilidades de pago para abonar la infracción.
El valor de las infracciones es manejado por el jefe de Policía.
No existe un registro de contraventores.
Los destinos de los fondos ingresados por las multas son manejados por la Policía.
No existe un sistema paralelo para tratar de solucionar los problemas.
Código de Convivencia
Un juez contravencional estará a cargo del proceso.
El acusado deberá contar con un defensor.
El penado puede evitar los castigos haciendo trabajo comunitario o reparando el daño provocado. Se podrá pagar las multas en cuotas.
Los montos de las infracciones se ajustan automáticamente por el valor del litro de nafta premium de YPF.
Se creará un registro de infractores.
Los fondos que ingresen por el pago de contravenciones tendrá un destino específico.
En el proyecto está contemplada la mediación para infractores, a cargo de la Defensoría del Pueblo.
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