La política invadió de lleno la actividad parlamentaria en 2021

En el ambiente parlamentario se suele recalcar que la Legislatura es la caja de resonancia del pueblo. Desde las bancas del recinto se exponen los problemas y las necesidades de una provincia en busca de crear o modificar las herramientas legales que solucionen esas falencias y brinden prosperidad a la población. Pero en este 2021 electoral y turbulento, la faceta política repercutió con intensidad dentro de la Cámara y terminó afectando el pulso parlamentario.

Una muestra de ello es el volumen de proyectos de ley que ingresaron este año por mesa de entradas. Si bien cantidad no es sinónimo de calidad, este parámetro permite dimensionar lo reñida y provincializada que estuvieron las elecciones legislativas, en medio de una durísima interna oficialista. Dejando de lado los proyectos de resolución, declarativos y los enviados por el Poder Ejecutivo, los parlamentarios presentaron 282 iniciativas hasta ayer y sesionaron 12 veces, según consta en el portal oficial de la Cámara. ¿Y eso es mucho o poco?

Si se compara con la tarea parlamentaria de 2020, la actividad se redujo sensiblemente. A pesar de la cuarentena estricta y de las restricciones como consecuencia de la pandemia, la Cámara continuó trabajando. Y fue así que se llegaron a presentar 545 proyectos de ley.

Con respecto a 2019, año de comicios provinciales y nacionales, el volumen de 2021 también se encuentra por detrás: 331 iniciativas fueron recibidas por mesa de entradas, de acuerdo con lo que fue cargado en las consultas de expedientes con trámite parlamentario.

Para hallar un trabajo legislativo similar o inferior al de 2021 hay que regresar hasta 2015, año de elecciones provinciales y nacionales que, curiosamente, también estuvo marcado por una dura interna oficialista. En aquel año, a la Cámara ingresaron apenas 200 iniciativas en pos de brindar soluciones y otorgar derechos a tucumanos y tucumanas. (en 2016 se presentaron 477; en 2017, 447; y 428 en 2018).

Otro hecho trascendental que afectó el funcionamiento de la Cámara en casi todos sus ámbitos fue la interna peronista. La fractura del bloque Justicialista de Todos en aquella breve pero intensa sesión del 8 de marzo, cuando se eligió al nuevo Defensor del Pueblo, abrió el caudal de contundentes tensiones y repercusiones políticas dentro del ámbito institucional.

El prematuro enfrentamiento entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo por la sucesión en 2023 provocó que a las pocas semanas se discontinuaran al menos 1.100 contratos legislativos (cifra reconocida por el propio vicegobernador); se eyectara a Gerónimo Vargas Aignasse de la mesa de autoridades de la Cámara; se removiera a legisladores manzuristas de Juicio Político, comisión donde recae la decisión de sostener las acusaciones contra las autoridades de la provincia; y la interpelación del ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, solicitada por los radicales José María Canelada y José Ricardo Ascárate, pero concretada por el respaldo del jaldismo y de parte de la oposición.

De esa exposición maratónica quedó pendiente una moción para revisar la documentación que llevó Lichtmajer a la Cámara y emitir un dictamen de aprobación o rechazo de los informes para ser votado en el recinto. A su vez, Juicio Político, corrió traslado a 22 pedidos de destitución contra el ministro. Sin embargo, las elecciones primarias pasaron, el tablero político se reacomodó con la reunificación del oficialismo y eso impactó en lo institucional: los voluminosos pedidos de juicio político contra el ministro se archivaron y nunca se dictaminó su exposición, a pesar de que previo a las PASO hubo declaraciones descalificantes de legisladores afines a Jaldo.