En Tucumán, una familia tipo requirió $ 65.534 mensuales para no caer en la pobreza

El salario sigue perdiendo la carrera frente a los precios. La inflación, que ha llegado al 51% interanual, ha deteriorado el poder adquisitivo de las familias tucumanas. Al cierre del primer semestre, un salario promedio del sector público llegaba a los $ 60.053 mensuales, mientras que el sueldo de un empleado privado registrado era de $ 51.892. Esta asimetría se agranda cuando se consideran otras ventajas que tienen los empleados estatales en sus convenios colectivos, indicó un reciente informe estadístico elaborado por la Federación Económica de Tucumán (FET). Lo más preocupante es que, si una familia depende de un solo de esos salarios, no llegará a cubrir sus necesidades mínimas de alimentación y de servicios básicos. En otras palabras, no logrará superar la Línea de Pobreza que, en el Gran Tucumán-Tafí Viejo esa situación socioeconómica golpea a 94.690 hogares en los que residen unas 418.000 personas, es decir, el 46,2% de la población total del principal aglomerado urbano de la provincia.

Los datos oficiales, además, desnudan que, en el caso de la Canasta Básica Total (CBT), la que se toma en cuenta para medir la pobreza, se ha encarecido cerca de $ 22.000 en el último año. Esa canasta totalizó los $ 65.534 mensuales a noviembre pasado (subió un 2,1% respecto de octubre), de acuerdo con el informe difundido hoy por la Dirección de Estadísticas de la Provincia. A nivel nacional, la CBT fue calculada en $ 73.917,81 para un matrimonio con dos hijos pequeños, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La diferencia respecto del valor estimado en Tucumán radica en la composición de los productos y de los servicios que se requieren en esta parte del país respecto de la media nacional.

La Canasta Básica Total, a su vez, equivale a casi dos salarios mínimo vital y móvil que es actualmente de $ 31.938, definido por el reajuste que ha entrado en vigencia en octubre último. A su vez, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la que marca el límite de ingresos para no caer en la indigencia, ha sido de $ 20.520 mensuales para una familia tipo tucumana, según el reporte oficial, con lo que en el último año se ha encarecido en torno de los $ 10.000.

Transcurrido poco menos de un año de los efectos más regresivos de la crisis COVID-19, el 43,8% de los hogares y el 48% de la población declaró que los recursos monetarios corrientes recibidos por el hogar no les alcanzaron para cubrir sus gastos básicos (corresponde a una medida de autopercepción), puntualizó un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) realizado en los principales aglomerados urbanos del país, entre ellos el Gran Tucumán-Tafí Viejo.

Entre hogares de estrato trabajador integrado o marginal, estas proporciones se incrementan, al igual que los en los niveles socio-económicos bajo y muy bajo, en el Conurbano Bonaerense, y en aquellas unidades domésticas dirigidas por personas que se encuentran subempleadas o desempleadas. En el otro extremo, puntualiza el diagnóstico académico, un 10% y 10,3% de los hogares pudieron incluso ahorrar durante 2020 y 2021, respectivamente. En términos de población, estos porcentajes descienden al 7,9% y 8,4%, para cada año sucesivo.  "La autopercepción de ingresos insuficientes en el hogar descendió entre 2019 y 2020, pasando de 50,5% a 46,2% en términos de hogares. En 2021, se observa un leve avance de esta tendencia, al ubicarse en 43,8%. Entre la población, esta medida de insuficiencia de ingresos corrientes para cubrir gastos se mantuvo estable entre 2020 y 2021, en 48%", señala el reporte al que accedió LA GACETA.  Estas tendencias ocurren en un contexto al cual acuden dos procesos diferentes: el retorno de las pautas de consumo no alimentario a su forma previa a la introducción del aislamiento/distanciamiento social obligatorio y los de expansión laboral que impulsa la asimétrica recuperación de la actividad económica.