Por Daniel Salvador
27 Noviembre 2021
La audiencia para determinar el futuro del ingenio San Juan y sus tierras terminó ayer con otro cuarto intermedio hasta el lunes a las 12, cuando el juez a cargo del concurso preventivo podría definir sobre la mejora de las ofertas propuestas ayer por las dos empresas interesadas, a partir de la negación de la firma concursada -Complejo Agroindustrial San Juan SA- de vender sus tierras productivas.
Cabe recordar que todas las partes involucradas en el concurso tienen que estar de acuerdo para cerrar el negocio. Por eso, en la audiencia estuvieron los representantes de la concursada (Grupo Jorge), de la administradora del cramdown (salvataje), de los trabajadores y de la sindicatura, además de las empresas oferentes: Croanda SA (Grupo Rocchia Ferro) y Complejo Alimenticio San Salvador SA (CASS-Grupo Luque).
En la audiencia anterior, la concursada planteó su negativa a vender las tierras, y dejó a CASS sin posibilidades, ya que esta firma ofertó $ 800 millones (en cuotas) por el casco ingenio-destilería y las tierras productivas (unas 1.600 ha). Por eso, el juez consideró necesaria una nueva oferta y audiencia, e invitó a la otra empresa interesada también a ratificar o rectificar su propuesta.
Sin acuerdo
Por eso, en el encuentro de ayer, el debate fue intenso y prolongado sin que se llegara a un acuerdo. La firma CASS modificó su oferta. Propuso el arriendo del ingenio y de las tierras por cinco años, con la promesa de poner en marcha los trapiches en 2022 y acordó para ello hablar con el Grupo Jorge. Esa propuesta fue rechazada por el sector de los trabajadores, que exigen una solución definitiva, que para ellos “es la compra”.
Por su lado, Croanda SA ratificó la propuesta original de $ 28 millones por el “casco ingenio-destilería”, exigiendo la prioridad de compra de caña de los arrendatarios actuales de las tierras de la concursada. El Grupo Jorge reclamó una mejora en el monto, pero el Grupo Rocchia Ferro mantuvo la oferta, argumentando que “lo que queda del ingenio es prácticamente chatarra”.
Sin embargo, reacomodó una última propuesta: reiteró la compra y, para acelerar los tiempos de alistamiento de la planta fabril, le otorguen la tenencia precaria del “casco ingenio” hasta el 28 de febrero de 2022, para cubrir la demora “del acuerdo final de las partes y el papeleo” que exige el trámite judicial. El compromiso en lo inmediato es invertir lo necesario “en una fábrica abandonada” (está inactiva y sin mantenimiento desde hace cuatro años), y que, en caso de que “por cualquier motivo” no se termine de cerrar la compra, se devolverá a Croanda SA la inversión. Y como garantía, exigen que sean las tierras productivas.
La firma administradora, Constructora del Tucumán SA, no manifestó su posición sobre las ofertas y prometió al juez Pedro Pérez que lo haría por escrito. Al final, aceptó la propuesta del Grupo Rocchia Ferro de posibilitar el ingreso de 30 trabajadores al ingenio, para frenar el robo que vienen denunciando, con el costo a su cuenta. Serán tres turnos de 10 personas que estarán hasta el lunes, cuando se defina el futuro del ingenio.
Sin embargo, los trabajadores terminaron molestos, porque a pesar de la palabra, tuvieron que esperar cuatro horas en los portones para ingresar.
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