19 Octubre 2021
El traslado desde Salta de Roberto Carlos Rejas, quien hasta hace pocos días era el prófugo más buscado de Tucumán, se efectivizó con muchas medidas de seguridad: pudo verse a un reo con chaleco antibalas y casco, y policías fuertemente armados, escoltados por decenas de móviles. Horas después, finalmente el condenado a prisión perpetua por los crímenes de Milagros Avellaneda y su hijo Benicio ingresaba al penal de Villa Urquiza, donde no había estado desde un principio por falta de cupo.
Rejas logró fugarse cinco días después de la lectura de su sentencia. Se escapó sin mayores esfuerzos, sin cavar pozos ni hacer boquetes, de la Dirección de Bomberos de la Policía, donde estaba alojado de manera provisoria. Tras el escándalo que desató su fuga, la Justicia ordenó que en cuanto llegase a Tucumán fuese alojado en Villa Urquiza. La pregunta es cómo se resolvió el problema de la falta de cupos que en su momento impidió enviarlo allí.
La crisis carcelaria no es nueva. La emergencia fue declarada casi seis años atrás y desde entonces la historia no hace más que repetirse, con un penal deteriorado y presos hacinados en las comisarías, que a su vez no cuentan con las condiciones para ser lugares de alojamiento de personas privadas de la libertad. Y una de las consecuencias de esta realidad es la fuga de presos peligrosos, que se repite con cada vez más frecuencia.
También hay situaciones más graves, como lo sucedido hace poco más de un mes en la Brigada Femenina de Concepción. Allí se produjo un incendio donde fallecieron cuatro mujeres por asfixia: tres de ellas ya habían sido condenadas y la cuarta estaba por afrontar un juicio. Dos detenidas no tendrían que haber estado allí, ya que habían sido sentenciadas por haber cometido delitos dentro del ámbito del Centro Judicial de la Capital.
En paralelo, el Poder Judicial celebra la rápida resolución de causas que consiguieron con el Nuevo Código Procesal Penal. El domingo LA GACETA publicó un artículo donde se menciona que en 15 días hubo condenas por varios hechos graves, como femicidios, homicidios y robos agravados, muchos de los cuales se resolvieron en juicios abreviados.
Pero los reos salen de la sala de juicios y ¿a dónde van? Puertas afuera se encuentran con un sistema carcelario colapsado que obliga a poner parches, alojándolos en condiciones de hacinamiento y sin la seguridad necesaria.
Según cifras oficiales, en las dependencias policiales de la provincia se encuentran alojados más de 1.100 detenidos, cuando tienen capacidad para poco más de 400. De ese número, más de 700 son reos a los que se les dictó la prisión preventiva y más de 200 que ya fueron condenados.
Hace poco más de cinco años, a través de una acordada, la Corte Suprema de Justicia dispuso que ningún procesado o penado podía permanecer alojado en los calabozos de las dependencias policiales. Pero todo indica que jamás se respetó.
Urgen medidas al respecto. Ya hubo muertes en los calabozos, fugas de presos altamente peligrosos -tal el caso de Rejas- y hasta se viralizaron videos que muestran las condiciones inhumanas en las que pasan sus días muchos de los detenidos. El problema debe tratarse con la urgencia que requiere para así evitar que la historia se siga repitiendo.
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