FOTO ILUSTRATIVA TOMADA DE OVPRISIONES
“La solución pasa por una decisión política y la inversión económica. Simple. Basta de rasgarse las vestiduras y hablar siempre de lo mismo”, sintetizó Humberto Castaldo, que señaló que la necesidad provincial apunta a construir un nuevo penal que pueda contener a 2.500 o 3.000 prisioneros. “La situación ya rebalsó, pero va a terminar colapsando peor si no se actúa ahora”, agregó.
El abogado señaló que la fuga se vuelve un instinto natural para el detenido y más cuando lleva una vida de encierro en condiciones deplorables. “No es apañar ni respaldar este accionar. Está mal. Pero es la reacción de personas que no reciben comida todos los días, que se quejan porue no las atienden por sus enfermedades y por vivir en condiciones infrahumanas”, aclaró.
“Hay que acabar con los cupos en el penal. La construcción de una nueva cárcel evitaría que los profesionales debamos velar para que a nuestros defendidos los reciban en Villa Urquiza, que es donde corresponde y no en una comisaría”, finalizó.
“Todo surge de la superpoblación carcelaria que existe y que imposibilita que haya un control riguroso en los lugares de detención”, opinó Álvaro Zelarayán. Agregó: “las condiciones de vida de los presos no condicen con lo que pretende la Constitución. El espíritu de la ley es ubicarlos en un lugar sano, seguro, limpio y donde se los reeduque; eso aquí no existe”, subrayó el litigante. “Sin ir más lejos, La comisaría 2a, que está en pleno centro, se está cayendo a pedazos. En cualquier momento podemos lamentar un derrumbe que le cueste la vida a un detenido, a un policía o a la persona que se acerca a hacer una denuncia”, destacó. “Sin duda se necesita que se cumpla con las promesas de construir un nuevo penal y de adaptar las comisarías”, concluyó.
“Es natural y común que pasen estas cosas (las fugas). Hay un exceso de prófugos y poco personal policial. Desde la época de Alperovich que dos fiscales vienen advirtiendo que la situación no daba para más. En ese entonces construyeron la Unidad 9 de Villa Urquiza, pero la terminaron convirtiendo en una unidad especial que sólo alberga a algunos detenidos y que no cumple con la idea original, que era la de subsanar la falta de cupos”, argumentó Geraldine Salazar.
La defensora valoró el caso de Salta, provincia donde el penal se construyó a las afueras de la ciudad, en un lugar desolado, y a la cual se llega mediante un sistema de minibuses, según explicó. “De esta manera no sólo resolvieron la situación de los espacios sino que además se vuelve aún más difícil que se produzca una fuga. Los buses tienen horarios y hay un control de quienes van y vienen”, indicó. Luego agregó: “Aquí no hay decisión de invertir en una cárcel y las comisarías se llenaron hasta colapsar también. Estamos en jaque mate ya. A mi criterio no la hacen porque implicará sumar guadiacárceles y pagar más sueldos”.
“No podemos tener 200 presos al cuidado de dos policías. ¿Cómo no se amotinarán? La libertad no tiene precio para un reo y cuando los detenidos se levantan no hay cómo pararlos”, concluyó.
