PRECARIA VIVIENDA. Una consigna policial custodia la casa donde Rocío vivió sus últimas horas. Los vecinos del asentamiento dicen que la quemarán.
Los profesionales y trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) presentaron un duro documento para demostrar las dificultades que se les presentan para cumplir con sus tareas, luego de que quedaran en el centro de la polémica por los informes de los casos Érica, Rocío y L.B. El dato más importante es que 30 técnicos deben seguir unos 3.000 casos, es decir, cada uno de ellos atiende al menos 100 casos, lo que vuelve imposible realizar un seguimiento acorde a lo que por ley se exige.
Los empleados, además de pretender poner en conocimiento sobre lo que sucede al ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, solicitaron reunirse con la nueva secretaria del área, Guadalupe Casas, para hacerle conocer los distintos problemas que vienen padeciendo desde hace varios años y, pese a todos los planteos realizados -dicen-, nunca fueron atendidos por los responsables del área.
Observaron en al menos dos escritos -a los que LA GACETA tuvo acceso- que presentaron en los últimos tiempos, los siguientes puntos:
- El exceso de casos que tiene cada uno de los profesionales dificulta que realicen un abordaje integral. Admitieron que trabajan sobre las urgencias y por demanda del Poder Judicial únicamente. En otras palabras, reconocieron que no realizan los controles en las zonas más vulnerables, sino que actúan por las denuncias que reciben o por pedido de los funcionarios judiciales, ya sean fiscales o jueces.
- Los abordajes que se realizan son de manera individual, sin equipos interdisciplinarios, encontrándose a merced de la predisposición de otros técnicos que también están sobrecargados de trabajo.
- Las audiencias judiciales son llevadas a cabo con dispositivos electrónicos de cada técnico y sin espacio físico adecuado destinado a las mismas.
- Falta de recursos o en condiciones no adecuadas para sostener los abordajes.
- Consideraron que no tienen lugares en condiciones favorables para la atención de las familias. Entre otros elementos, cuestionaron la falta de mobiliario, puertas y vidrios en las ventanas. “Siendo un equipo que trabaja en la ‘Restitución de Derechos’, desde nuestra misma área nos encontramos vulnerando los mismos”, sostuvieron en el documento.
- Realizan abordaje de problemáticas complejas sin capacitaciones ni ateneos que sostengan la práctica.
- Demoras y falta de respuestas en las solicitudes de ayudas materiales y económicas a las familias. Esto obstaculiza las intervenciones y la adherencia a las mismas, perdiendo sostén y credibilidad el discurso de los profesionales.
- Hay demoras en la renovación de los contratados. Profesionales que se encuentran realizando sus tareas con este vínculo desde hace más de seis años, violando el estatuto del empleado público. Falta de recategorización y categorías fuera de las correspondientes a las funciones que cumplen los técnicos”.
- Falta de régimen de suplencias para profesionales con licencia. Por lo cual los casos correspondientes a los mismos quedan sin intervención y/o son reasignados a otros técnicos.
- Falta de criterios unificados y compartidos para llevar a cabo las intervenciones.
- Consideran además que siempre se encuentran expuestos al error, a fallas u omisiones por la imposibilidad de dedicarle el tiempo adecuado como cada situación lo amerita. Los tres casos que se conocieron en los últimos meses son un claro ejemplo. También son cuestionados por los funcionarios judiciales por no presentarse a oralizar en las audiencias.
Aunque no lo plantearon por escrito, los trabajadores del área no cuentan con los medios de movilidad para realizar su tarea. Trascendió que los funcionarios hicieron gestiones ante el Ministerio Público Fiscal para que les cedieran los vehículos recuperados del delito.
Sin respuestas
LA GACETA, se comunicó con los máximos responsables de Desarrollo Social para tratar de conseguir una opinión sobre los graves problemas que plantearon los trabajadores de esa repartición. Los responsables de prensa de ese Ministerio señalaron que sería la titular de la Dinayf, Mariana Cirelli, la que realizaría declaraciones sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición, la funcionaria no respondió al periodista de nuestro diario.
Otro problema: falta de apoyo institucional
Un vocero de los autoconvocados de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, se mostró preocupado por la falta de apoyo que tienen los profesionales del área. ”Nos dejan solos cada vez que tenemos problemas con la Justicia. Hay muchas cuestiones que se escapan a nuestras manos y toda la responsabilidad recae sobre los profesionales que no toman las decisiones”, apuntaron los referentes que se comunicaron con LA GACETA. “Tenemos una compañera psicóloga que fue procesada por la Justicia y tuvo que contratar una abogada particular para que la defendieran”, indicaron.
