Cartas de Lectores III: La planta de San Andrés

Leí en LA GACETA (14/06) el trabajo de la periodista Irene Benito, “La SAT los eligió, pese a que debía pagar $ 69 millones más”. En la SAT no solo falta transparencia en los concursos de precios y licitaciones, también hay desinterés y falta de responsabilidad ambiental y social. Una muestra lo tenemos en los derrames cloacales, que ya son endémicos y otra en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la planta de tratamiento de residuos cloacales, que se quiere instalar en el pueblo de San Andrés. De lo que sucede en la planta San Felipe (operación, mantenimiento, controles, contaminación, etc.), nada se sabe, todo es un secreto de estado. Al revisar el EIA, se detectaron errores y falencias, algunas de las que se indican a continuación: 1) Faltan diagramas de flujo, cálculos, formulas y antecedentes que justifiquen que el sitio elegido y la tecnología a aplicar son las mejores desde lo ambiental. 2) Escasa información sobre el lugar elegido para el emplazamiento. 3) Nada se dice sobre el control de los olores que emitirá la planta durante su funcionamiento 4) Faltan los planes de emergencia  ambiental y de cierre  y/o abandono de  las instalaciones. 5) No se tuvo en cuenta la zona de influencia, ni a las personas que viven o transitan por ella. Todas las observaciones detectadas , fueron presentadas en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente (SEMA), mediante Expediente 56/630-EIA - 21 y en la Defensoría del Pueblo (DP), nota 0761/955-JS-21, a la fecha sin respuesta (el EIA fue confeccionado en el año 2015). Un EIA tiene como objeto identificar y prevenir las consecuencias, o los efectos  que las acciones o los proyectos pueden causar a la salud, al bienestar humano y al entorno (ecosistemas), en los que las personas  viven  o de los que dependen. En mi opinión, el EIA de la planta no cumple con su objeto. Lo grave: a) Fue aprobado por el  Consejo Provincial de Economía y Ambiente (CPEA) y la Dirección de Medio Ambiente (DMA) le otorgo el Apto Ambiental  (Ap. A). 2) El Ap. A otorgado no tiene plazo de vigencia, es de carácter perpetuo, lo que hiere la razón y el sentido común. Si hay algo que cambia en este mundo, es el ambiente. 3) No se consultó ni se dio participación a los vecinos. Tampoco se les informo  los riesgos. La DMA y el CPEA son organismos que fueron creados para defender y proteger el ambiente y los derechos ambientales constitucionales de los tucumanos. Pareciera ser que en este caso, olvidaron la misión y las funciones que tienen asignadas y que son la razón de ser de su existencia

Juan Francisco Segura

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