Por Martín Soto
29 Marzo 2021
NINGUNA TOLERANCIA. La norma castiga severamente al agresor. REUTERS
El encierro por la epidemia de coronavirus incrementó las llamas del infierno que viven miles de mujeres dentro de sus propias casas y dejó al descubierto una pandemia que lleva años y que exige respuestas del Estado. En todo el mundo se multiplicaron las denuncias por violencia de género y, en consecuencia, se incrementó el número de crímenes de mujeres.
En Argentina, 320 mujeres murieron de manera violenta en 2020. Según el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), 270 de esos crímenes fueron registrados como femicidios, de los cuales 19 se produjeron en Tucumán. Con esa cifra, la provincia se ubicó con la segunda peor tasa cada 100.000 habitantes (2,1), sólo superada por Jujuy (2,8).
Con el objeto de implementar una política de reparación con perspectiva de género, la Legislatura sancionó una ley para que todo empleado estatal que haya sido condenado por violencia de género o familiar -con sentencia firme- sea exonerado de su puesto de trabajo. La norma aprobada, a su vez, otorga la posibilidad a la víctima o a un familiar a acceder a la vacante producida por dicha exoneración. Se precisó que la sanción recaerá sobre trabajadores de cualquiera de los poderes del Estado, cualquiera sea el grado de violencia.
Tolerancia cero
La iniciativa había sido presentada en idénticos sentidos por los legisladores Mario Casali (Fuerza Republicana) y Federico Masso (Libres del Sur), ambos con el respaldo de parlamentarios de las distintas bancadas de la Cámara. La comisión de Protección de los Derechos de la Mujer, que encabeza Marta Najar (Lealtad Peronista), trabajó con ambos proyectos en el dictamen, el cual fue perfeccionado en el recinto por impulso de Adriana Najar (Justicialista de Todos).
“De esta manera estaríamos ante la posibilidad concreta de permitir a la víctima el acceso a un empleo estable; la mayoría de las veces, la dependencia económica suele ser un impedimento para cortar el vínculo con el agresor. Es imprescindible que demos un mensaje concreto para los agresores: la tolerancia con la violencia de género es cero”, argumentó Casali en su iniciativa.
El bussista agregó en el recinto que en caso de que la víctima hubiera perdido la vida o estuviera discapacitada, su ascendientes o descendientes podrían acceder al beneficio. Resaltó a su vez que no implicaría un gasto extra para el Estado y que Tucumán es la primera en tener sancionar una ley con estas características.
Masso, a su vez, consideró que se trata de un mensaje claro y contundente contra el victimario y a favor de la víctima. “Creo que nuevamente la Legislatura de Tucumán de un paso adelante colaborado con una ley en una temática que no solo necesita del Poder Legislativo, sino que necesita la presencia y el trabajo eficaz de los tres poderes del Estado”, dijo.
Durante el debate, el radical José Ricardo Ascárate y el justicialista Roque Tobías Álvarez señalaron que la iniciativa implicaba una modificación al artículo 35 de la Ley 5473 (Estatuto del Empleado de la Administración Pública), donde se especifican otras causas de exoneración como: falta grave contra la Administración; condena judicial por delito contra la Administración; o incumplimiento intencional de órdenes legales, entre otras.
Fibrosis quística: se aprobó la adhesión a la ley nacional
La Cámara aprobó en la pasada sesión la adhesión a la ley nacional de Lucha contra la fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis (27.552). Las obras sociales y prepagas tendrán a su cargo con carácter obligatorio y una cobertura del 100% de las prescripciones, incluyendo medicamentos, suplementos dietarios, equipo médico, kit de tratamiento y terapias de rehabilitación en un plazo no mayor a 30 días corridos en casos no urgentes. El radical José María Canelada y el peronista Gonzalo Monteros fueron los impulsores de la medida.
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