Con el nuevo código, en cuatro meses, hubo más de un 50% de condenas que en todo 2019

Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, se registraron 152 condenas a través de juicios abreviados y se acordaron 94 probations sólo en el Centro Judicial Capital. ¿Es mucho? En 2019, cuando aún estaba en vigencia el viejo digesto y la pandemia no había paralizado tribunales, se produjeron unas 100 condenas en juicios y unas 60 a través de medidas alternativas, confió una alta fuente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces las resoluciones de causas se incrementaron en más de un 50%.

Hace menos de dos semanas, el fiscal Diego López Ávila les había pedido paciencia a los tucumanos. “Con el nuevo sistema judicial vamos a poder resolver las causas de una manera mucho más rápida, respondiendo a las exigencias de la sociedad”, dijo en una entrevista con LA GACETA. Y los números que mostró el Poder Judicial le dan ampliamente la razón.

En los cuatro primeros meses, aplicando las figuras de juicio abreviado y la de suspensión a juicio a prueba (se explica por separado de qué se trata cada una), se dictaron 152 sentencias condenatorias. De esa cifra, unas 60 fueron delitos por la propiedad. Luego se ubicaron las causas de violencia de género (53) y las de homicidios (30). Si bien es cierto que no son importantes en lo que se refiere a cantidad, se cerraron expedientes que con el viejo código normalmente terminaban archivándose o prescribiendo porque las fiscalías, ante el cúmulo de trabajo que tenían, las dejaban de lado.

Entre otras aparecen tentativas de usurpaciones (6), tenencia de armas de fuego (3) y atentado y resistencia a la autoridad (3). “Muchos defensores se muestran sorprendidos cuando comienzan las tratativas; nos preguntan: ¿y por eso nos van a llevar a juicio? Y cuando les respondemos que es lo que corresponde y que esa es la política del Ministerio Público Fiscal terminan aceptando porque saben que en un juicio las consecuencias penales pueden ser más duras”, explicó el fiscal Carlos Saltor.

La suspensión a juicio o probation es otra de las herramientas que se está utilizando. Esta figura está reservada a delitos menores. En total, según el informe al que tuvo acceso LA GACETA, se firmaron 94 acuerdos. El 90% de las causas fueron de delitos contra la propiedad y el 10% restante se distribuye en casos de abuso y de portación de armas de fuego y amenazas, entre otras.

Los casos de crímenes que tuvieron sentencias son un claro ejemplo de la velocidad con la que se actúa sobre el viejo sistema. Por una acordada del máximo tribunal de la provincia, todos los expedientes de homicidios en los que se encontraban imputados menores de edad debían resolverse con las líneas del nuevo código.

Los jóvenes de entre 16 y menos de 18 años que fueron acusados de crímenes ocurridos entre 2016 y el último día de agosto de 2020, terminaron con condenas efectivas en procesos que duraron un máximo de cuatro meses. “Por el delito del que están acusados, no tuve ningún caso en el que alguno haya conseguido una libertad condicional”, explicó el fiscal Ignacio López Bustos, que concretó cinco acuerdos con el viejo sistema y seis, de casos que ocurrieron cuando estaba en vigencia el nuevo código.

También se aceleraron los procesos en contra de acusados de violencia de género. Fueron penadas 53 personas por, entre otros delitos, lesiones (leves y graves), amenazas, violación de domicilio y desobediencia judicial, es decir, no haber cumplido con las medidas de restricción de acercamiento.

“Los números son muy buenos. Es un importante paso para que se sepa que cometer estos delitos tiene su consecuencia penal, ya que muchos de ellos nunca llegaban a un juicio. Pero también se tiene que determinar que en los casos más graves, como son los femicidios, se debe ir a un juicio para que la condena que se otorgue, en principio, sea la máxima”, opinó Yanina Muñoz, una de las voceras Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana).

Pero la velocidad también generó quejas. Varios abogados señalaron que se sienten “extorsionados” por los fiscales que les anuncian que pedirán la extensión de la prisión preventiva si no aceptan recurrir a una de las soluciones alternativas. “Este sistema nos tiene al ‘trote’ porque tenemos un máximo de seis meses para cerrar todas las causas, si no se declaran nulas. Y nos las tenemos que ingeniar para lograr concluir los expedientes para que no ocurra lo mismo que con el viejo código”, concluyó Saltor.

Qué es una probation

Pueden acceder a la también llamada suspensión de juicio a prueba las personas que están acusadas de cometer delitos que son excarcelables una sola oportunidad. Los defensores plantean al fiscal que quieren utilizar esta figura legal ofreciendo el pago de un resarcimiento económico y anunciando que cumplirá con ciertas reglas de conducta durante un lapso de tiempo que puede llegar a ser de hasta tres años. Un juez debe escuchar a todas las partes y homologar el acuerdo si no encuentra irregularidades. En este caso el fallo no queda registrado en la planilla de antecedentes del imputado. La Oficina de Control y de Reglas de Conducta, que depende de la Corte Suprema de Justicia, es la encargada de vigilar su cumplimiento. Si viola el acuerdo, se abre el proceso en su contra, que derivará en un debate oral. Como no tiene antecedentes en su contra, podrá acceder a un juicio abreviado.

Qué es un juicio abreviado

El acusado de un delito, para acceder por única vez a un juicio abreviado, en primer lugar no debe tener una condena previa. Después debe reconocer su culpabilidad del hecho del que se le atribuye. Su defensor y el fiscal acuerdan una pena, que  es menor a la que recibiría en un juicio oral y en algunas ocasiones se le imponen un resarcimiento económico para la víctima y reglas de conductas como someterse a un tratamiento de rehabilitación por las adicciones que padece y hacer tareas comunitarias. Se realiza una audiencia para que el juez interviniente controle la legalidad del convenio firmado y si no encuentra inconvenientes, lo homologa y el fallo queda registrado en su planilla de antecedentes. Un juez de Ejecución será el encargado de velar por su cumplimiento. En caso de reincidir, el penado tendrá que cumplir el total de sentencia de manera efectiva y luego se le sumará la condena que recibirá en el nuevo proceso.

Cumplirá la pena en casa

Un joven fue condenado a seis años de prisión efectiva y determinó que le correspondía consecuencias penales a un adolescente que asaltaron a dos personas que cargaban áridos en un carro. El mayor de edad cumplirá la pena bajo arresto domiciliario, puesto que padece de serios problemas de salud al haber sido baleado en un hecho anterior.

El hecho se registró el 4 de septiembre cuando Carlos Saúl Gramajo (45 años), se encontraba junto a su sobrino Lucas Alejandro Villagrán (21), en la autopista de Circunvalación y Vías, en dirección al río Salí, cargando arena en su carro de tracción a sangre, cuando fueron sorprendidos por seis personas (dos eran menores de edad). Con el rostro tapado y mediante amenazas con arma de fuego y cuchillos, los agresores les sustrajeron un teléfono celular, una billetera y cerca de $3.500. Los asaltantes también se apoderaron de dos palas anchas y una pala de punta, los arneses, tres pecheras, una anteojera con riendas, dos lomeras y una faja, dándose a la fuga en un carro de tracción a sangre. Huyeron del lugar y realizaron disparos con sus armas cuando fueron localizados por una patrulla policial que intentó detenerlos.

Carlos Antonio Décima fue condenado por el delito de robo doblemente agravado. Al sufrir paraplejia, incontinencia -tiene una colostomía y usa pañales de adultos-, parálisis en ambas piernas y posee certificado de discapacidad vigente, cumplirá la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario. El caso fue investigado por el fiscal Carlos Picón.