Abusos sexuales en alta montaña: “todo se calla, todo ese horror se queda en familia”

“Luego del juicio no cambió nada, uno de los condenados sigue prófugo y en los pueblos de alta montaña todo sigue igual: nos ganamos el desprecio de muchos por haber denunciado lo que estaba mal”, contó N.H. quien acompañó la causa por abuso sexual que llevó adelante una familiar directa en contra de sus vecinos. “Yo me terminé yendo a la ciudad por dos razones: el miedo al infierno que vivimos las mujeres allá, y por cuestiones laborales; necesitaba ayudar a mi familia”, agregó.

Según le explicó a LA GACETA, en las localidades de Ancajuli, Chasquivil, Las Arquitas, Anfama, Lote 3 y San José de Chasquivil, las mujeres sufren todo tipo de abusos por parte de muchos hombres que están dispuestos hasta de abusar de niñas de 12 y 13 años. “No hay respeto ni entre familiares, yo sé que esto puede pasar en todos lados, pero allá en alta montaña esto se naturalizó, las chicas y niñas sencillamente no saben que no es normal que un hombre las fuerce a tener relaciones sexuales o a hacer algo que ellas no quieren”, detalló N.H. que por respeto no quiere entrar en detalles del calvario que vivieron sus familiares cercanas.

“Yo sé que mi mamá y mi hermana sufrieron cosas terribles y peores; por eso a mi hermana siempre la acompañé, para que no se quedara callada y denunciara, porque aunque muchos aquí se hayan enojado porque pusimos la denuncia, nosotras sabíamos que hacíamos lo correcto, que estas cosas no podían seguir pasando. Ojalá más chicas se atrevan a llevar a la justicia a esos sinvergüenzas que les arruinaron la vida”, relata la joven, que considera que ella se salvó de “algo peor” porque tuvo un ángel aparte que la protegió en situaciones de acoso que llegaron al límite.

Deudas del Estado

En el juicio que la hermana de N.H. llevó adelante contra sus abusadores, se sentenció a prisión a los dos acusados, sin embargo uno de ellos hasta el día de hoy se mantiene prófugo. También en la sentencia se exhortó a distintas áreas del Poder Ejecutivo a que intercedieran para tratar esta problemática.

En un oficio de agosto de 2019, el juez Rafael Macoritto le solicita al ministro de Desarrollo provincial que provea lo necesario para la asistencia socio económica y sanitaria de víctima y de su grupo familiar. También para que le brinde asistencia psicológica y le garantice un tratamiento gratuito por el tiempo que sea necesario. Además se le solicita una beca para que pueda completar sus estudios. Se le pide que, en conjunto con el ministerio de Educación, lleve a cabo “campañas de educación y concientización sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también de perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres” en las localidades ya mencionadas.

En otro oficio, de la misma fecha, el magistrado le pide al gobernador Juan Manzur que arbitre los medios con los ministerios correspondientes para brindarle dicha reparación a la víctima y los pueblos de alta montaña.

N.H. asevera que todo eso nunca se llevó a la práctica hasta el día de hoy en esos parajes de difícil acceso. “Sería muy bueno que podamos lograr eso, que se cumpla con esas promesas que se hicieron luego del juicio de mi hermana. Es necesario que haya asistencia social, que haya médicos especialistas y psicólogos. Hoy tenemos dos CAPS en los pueblos a los que sube un médico clínico cada 15 días, y si el camino lo permite. Las comisarías más cercanas para denunciar son la de Raco o la de Chuscha, allá no tenemos un lugar de contención. Hasta hoy se arma un terrible problema si querés hablar de estos temas en mi pueblo, no se entiende que una mujer no se deje pisotear y que diga ‘basta’. Es un tema de educación que tiene que cambiar algún día”, concluyó la joven. La emoción y los nervios la hicieron llorar en varios momentos de la entrevista.

“No volvería nunca”

“Comencé a sufrir abusos a los 9 años por parte de mi padre. Sufrí toda clase de cosas en mi adolescencia. Tenía claro que cuando tuviera edad para irme iba denunciar todo lo que había sufrido”, comenzó contando D., otra joven que llevó su caso a la Justicia y que le contó a LA GACETA su dura experiencia. “Denuncié a mi padre a los 21 años, todo el pueblo me dio la espalda, lo vieron como una falta de respeto hacia él. Mi propio papá intentó asfixiarme cuando se enteró que yo lo denuncié”, agregó la chica.

Según relató la víctima, luego de eso no le quedó otra opción que dejar su pueblo. Se exilió en Córdoba con el único de sus hermanos que le creyó, pero no tardó en quedarse sola: “todo esto fue muy difícil para nosotros. Mi hermano, con 24 años, terminó quitándose la vida. No tengo dudas de que nuestra cuestión familiar tuvo que ver también”.

D. considera que la Justicia nunca le dio respuestas. “La denuncia quedó en la nada en definitiva, porque mi padre sigue libre. Cuando tenía que estar detenido en la comisaría de Tafí Viejo o Yerba Buena, nos enteramos que se había fugado”, indicó.

“Intenté volver a mi pueblo en un momento pero me rechazaron totalmente por haber dicho basta a los abusos. Había conseguido trabajo allí, y terminé dejando todo porque a mi nene se le burlaban en la escuela por lo que yo había pasado. No volvería más. Nunca más. Son muchas las chicas que pasan por esto en las localidades de alta montaña. Todo se calla, todo queda en familia, y estamos hablando de horrores en los que siempre señalan a la mujer como culpable”, enfatizó con voz afectada por el llanto.

Tras unos minutos, la entrevistada continuó su descargo: “Nunca hubo un psicólogo ni un lugar al cual acudir por todo esto. Yo tuve que buscarlo por mi cuenta en otra ciudad. Eso es algo que excede a mi persona, porque estos casos siguen pasando; podrán seguir callando los casos, pero no pueden ocultar a las madres de 11 años que hay y que seguirá habiendo si nada cambia. Yo quizás fui la primera en el cerro en denunciar todo esto, sé que luego otras chicas se animaron también, y lo que cambió para mí es que entendieron que ya no podían meterse conmigo”.

Por último, y ante la consulta, D. reflexionó también sobre el rol del Estado en esta situación: “es importante que se acompañe a las víctimas. A mí me tocó vivirlo sola, sólo tuve a mi hermano durante el desgaste del proceso. Hace falta una comisaría: las más cercanas son la de Vipos y Raco. Falta asistencia psicológica y social, ni siquiera tenemos un médico todos los días en Anca Juli y Chasquivil. Pero la ausencia más importante es la de la educación: sólo educando se podrá cambiar esa mentalidad social, y que los chicos sepan cuidarse y distinguir qué hay cosas que están mal y que no pueden seguir pasando”.