Dictaron dos meses de prisión preventiva para los cartoneros acusados del crimen del galpón

La Justicia determinó esta tarde que dos cartoneros queden detenidos e imputados por el crimen de Graciela Ramos, de 58 años, quien fue asesinada ayer a golpes en la cabeza en calle Marco Avellaneda al 300. Ambos recibieron dos meses de prisión preventiva.

La resolución no dejó conforme al Ministerio Público Fiscal, que adelantó a través del auxiliar Lucas Maggio que pedirá una impugnación. La jueza Cynthia Lorena Rocha consideró, por un lado, que Sergio Gustavo Bazán y Franco Sebastián Figueroa debían ser imputados bajo la figura de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento y en concurso premeditado con dos o más personas. Argumentó que con la pruebas que tiene la causa hasta el momento, no había razones para considerar los agravantes de criminis causae y de tentativa de abuso sexual que proponía la fiscalía de Homicidios que encabeza Ignacio López Bustos.

Por otro lado, la magistrada exoneró por el momento de estos cargos a un tercer aprehendido: el cuidacoches Jorge Roberto Jiménez. También ordenó su libertad. El defensor público Julio Daniel Plaza había argumentado durante la audiencia que su aprehensión había sido “totalmente ilegal y arbitraria”, según lo que entendía de lo plasmado en el legajo policial. Fundamentó que Jiménez había sido arrestado sólo por vivir en un lugar donde los allegados de la víctima habían señalado como hogar de los autores, y que ningún testimonio hacía alusión a su persona. Rocha aclaró que la situación de este sospechoso podrá reverse cuando la fiscalía aporte más pruebas en su contra.

El ataque

En la madrugada del jueves, Ramos fue atacada a golpes con un elemento contundente por personas que le ocasionaron un traumatismo encéfalocraneano con pérdida de masa encefálica. El homicidio ocurrió entre la galería trasera del galpón llamado centro cultural Juan B. Terán, ubicado junto a las vías del tren. Allí Graciela Ramos y su hijo José María (quien no estuvo ahí esa noche) tiraban un colchón y pasaban las noches.

Cuando Ramos hijo, de 20 años, regresó cerca de las 10 de la mañana, encontró a su madre muerta y con los pantalones bajados hasta las rodillas. Inmediatamente dio aviso a la Policía, que horas después aprehendió a tres personas y demoró a una mujer, la cual finalmente no quedó involucrada en el hecho.

Aún afectado por la pérdida de su madre, Ramos y su amigo Maximiliano Monasterio declararon (ante la Policía y el ECIF) que días atrás José María había peleado contra un tal “Oso Bazán” y un tal “Pacotillo”, quienes vivían en un galpón contiguo y querían correrlos del lugar donde pasaban las noches. Tras repeler el ataque, los agresores habrían amenazado de muerte a los Ramos.

“Con el ‘Mochito’ sí tuve problemas antes. Me dijo que yo y mi mamá no íbamos a vivir ahí, que nos iba a matar. Me sacó un cuchillo y yo con un fierro y una tabla lo saqué a garrotazos”, relató el joven querellante. La defensa de los cartoneros objetó esos dichos y pidió que no se los tuviera en cuenta, dado que Ramos estaba ampliando su declaración de ayer. Dijeron que esa ampliación no era motivo de esta audiencia (formulación de cargos).

Disconforme

El auxiliar fiscal Maggio, en su formulación, sostuvo la hipótesis de que los tres acusados mantenían una enemistad con la víctima y su hijo. Indicó que atacaron premeditadamente y aprovechando que José María no estaría esa noche. Planteó que si bien no lo concretaron, los sospechosos habían intentado abusar de la víctima y que al no lograrlo la asesinaron para que no los denunciara. Por ello pedía que se consideraran otros agravantes.

La Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva contra Bazán y Figueroa. Destacó que el primero tenía condenas por robo y que el segundo tenía varias causas en trámite (una por homicidio en ocasión de robo), además de haber sido acusado de abuso sexual cuando era menor de edad. Para Jiménez sólo solicitó que se presentara a comparecer una vez al mes en tribunales.

“Creemos que sólo así se someterán al proceso judicial, porque informaron un domicilio que no frecuentan y porque además hay una expectativa de pena muy alta: prisión perpetua. Entendemos que hay riesgo de fuga”, enfatizó Maggio.

Se dio lugar a la prisión preventiva de los dos presuntos coautores; sin embargo, no por el plazo que solicitaba el MPF. La jueza compartió que las aprehensiones de Bazán y de Figueroa eran legales y estaban justificadas. Si bien aceptó que había pruebas para pedir la preventiva, y que existía el riesgo de fuga, consideró que dos meses bastarían para que el MPF avanzara con la investigación y se pudiera debatir de nuevo la extensión de la medida.

La defensa, a su turno, consideró que el plazo pedido era excesivo y que de otorgarse esa cautelar sólo fuera por dos meses. Plaza desmintió que Bazán y Figueroa carecieran de domicilio estable y reparó en que si bien los acusados tienen causas pendientes con la Justicia, nunca se fugaron de la provincia, habiendo condenas inclusive en el caso de uno de los imputados. “No interpreto que haya existido rebeldía o que no se sometieron a la Justicia en alguna de esas causas”, subrayó el abogado.

La jueza dio lugar a la impugnación y habrá una nueva audiencia para determinar si la resolución de hoy se modifica en alguno de sus puntos.