“La medida genera un piso de derechos para sumar conectividad”

“La medida genera un piso de derechos para sumar conectividad”

Estiman que la Prestación Básica Universal y Obligatoria en servicios de comunicaciones móviles alcanzará a una población mayor que la del IFE.

“La medida genera un piso de derechos para sumar conectividad”

El camino se inició en agosto y en los últimos días se afianzó para generar una nueva realidad a partir del 1 de enero. Así es como Gonzalo Quilodrán, uno de los directores del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), repasa la creación reciente de la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía, internet y TV. En diálogo con LA GACETA, el funcionario nacional analiza la reglamentación de estos “servicios públicos esenciales en competencia”, como los ha definido hace cuatro meses el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20.

Además, responde algunas inquietudes generalizadas entre las compañías y niega que la novedad pueda significar un retroceso para las inversiones y el desarrollo del sector. Lo contrario: considera que su potencial es “enorme” y que está atado al “gran crecimiento económico que prevemos para 2021”. “Es una coordinación entre el sector público y el privado para generar empleo e inclusión social. La medida genera un piso de derechos para sumar conectividad”, define el ex candidato a intendente de la ciudad de Salta por el Frente de Todos.

¿En qué consiste la política pública anunciada anteayer por el Gobierno? En los hechos, es la reglamentación del DNU 690/20 que, entre otros aspectos, había congelado las tarifas de los servicios de telecomunicación hasta el 31 de diciembre. Ahora, estableció el PBU que fija una tarifa mínima de $ 150 para telefonía móvil por mes: incluye 500 minutos de llamada para la misma compañía y 50 para otras; posee 500 SMS y hasta 30 sitios liberados, principalmente con características oficiales; y cuenta con mensajes escritos ilimitados de WhatsApp en el período.

“Claro que lo ideal sería que muchas personas puedan abonar servicios premium, pero no podemos dejar de lado que existe un universo vulnerable de la ciudadanía que merece que el Estado les garantice conectividad”, cree Quilodrán.

Además de la prestación básica de telefonía móvil de $ 150, existirán a partir del 1 de enero dos opciones prepagas para paquetes de datos: una de $ 200 mensual (1 GB) y otra de $ 18 por día (50 mb). Para la telefonía fija se estableció un precio final de $ 380; e internet contará con tres prestaciones alternativas, según los clientes totales que posea cada empresa. Por último, la TV por suscripción tendrá un porcentaje de descuento sobre el plan de menor valor ofertado al 31 de julio de 2020, que rondará entre el 20 y 30% a partir de la cantidad de abonados que tenga cada prestador. La información completa se encuentra en el sitio www.enacom.gob.ar.

¿Quiénes podrán acceder a los nuevos beneficios? “La base de la población objetivo es similar a la del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se suman otros actores que no estaban, como algunas asociaciones civiles y los beneficiarios del Progresar. El desafío es garantizar el acceso a los sectores vulnerables”, especifica el director del Enacom. Así, se calcula que los beneficiarios rondan los 10 millones.

Aumento y críticas

“El Estado ha recuperado el poder regulatorio de estos servicios, algo que había sido derogado por decreto en la gestión pasada. Hemos entablado una mesa de trabajo con el sector privado entendiendo que el 2021 será un año de crecimiento económico. Queremos que los incrementos de precios vayan gradualmente de la mano de la ciudadanía”, dice el funcionario sobre la actualización de las tarifas, que están congeladas desde el 31 de julio. Pese a que algunas compañías solicitan subas mayores al 20%, la nueva reglamentación permite aumentar un 5% en enero.

“No tienen que acompañar sólo la evolución del índice de precios, sino también el nivel de ingresos de los argentinos. Somos cautos en el rubro para no generar más inflación”, expone ante las críticas de algunos sectores, que también cuestionan que el PBU pueda relentizar las inversiones en comunicaciones. “El sector privado busca priorizar su rentabilidad, lo cual no está mal, pero ahí mira sobre todo dos variables: la densidad poblacional y el poder adquisitivo. Así, las inversiones terminan relentizándose en algunas partes del país, como el norte y el sur. Siguiendo sólo las reglas del mercado, hay una Argentina hiperconectada y otra disociada. Por eso es importante un Estado presente: queremos un sector dinámico que invierta y que genere empleo. Creemos que así será, más con los cambios de consumo”, expone.

“No tomamos medidas aisladas. Muchos países del mundo tienen fuertes regulaciones en la materia. Es necesario”, finaliza Quilodrán.

Las novedades de la reglamentación

- Habrá un servicio mínimo mensual de telefonía móvil de $ 150.

- Se puede sumar un paquete de datos (1 GB) por $ 200 más.

- Otra opción es abonar $ 18 a diario para tener 50 Mb por día.

- Para telefonía fija habrá una prestación mensual de $ 380.

- Hay tres opciones de internet domiciliaria y rondan los $ 700.

- La TV tendrá descuentos de hasta 30% sobre el valor de julio.

- Tras el congelamiento, los servicios TIC subirán 5% en enero.

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