Una denuncia agita un conflicto antiguo en la abogacía - LA GACETA Tucumán

Una denuncia agita un conflicto antiguo en la abogacía

García Posse, ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital, dice que el letrado Falú solicitó la investigación de supuestos delitos con el fin de vengarse y para justificar su “cuestionada actuación profesional”.

29 Nov 2020
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Francisco García Posse, ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital, manifestó a la Justicia que su colega Alfredo Falú buscaba vengarse a partir de la invención de una “patraña”: la denuncia en la que solicitó al Ministerio Público Fiscal que investigue la supuesta comisión de delitos que atribuyó al ex dirigente mencionado y a Irene Benito, periodista de LA GACETA. Según una presentación espontánea de García Posse, Falú sólo busca vengarse y justificar su “cuestionada actuación profesional”.

La acusación trascendió luego de que la entidad intermedia archivara por prescripción una causa ética impulsada por la ciudadana y activista de las víctimas de la impunidad Roxana Teves contra el denunciante, y Ana Lucía Jiménez y Edmundo Javier Jiménez, los hijos del ministro público fiscal, Edmundo Jiménez (con licencia), y de que la fiscala Mariana Rivadeneira aconsejara el sobreseimiento del empresario del sector financiero, Jorge Rigourd, cuyo procesamiento había sido promovido por Falú. Tanto las causas “Teves” como “Rigourd” fueron citadas a comienzos de 2015 por el Colegio de Abogados como ejemplos del presunto uso de la Justicia penal con fines extorsivos en una denuncia que terminó por instar la jubilación con el 82% del ex fiscal Guillermo Herrera. Ninguno de los casos mencionados fue esclarecido.

La nueva imputación de Falú sostiene que García Posse habría dispuesto en diciembre de 2015 de forma irregular de $ 30.000 para contratar a Benito a los fines de la escritura de un “libro de estilo” para la redacción forense que, según el denunciante, “nunca apareció”. Además, mencionó que la factura había sido confeccionada en junio de 2019. “Del acta de la sesión del Consejo Directivo del 4 de noviembre surge que se esgrimieron distintas excusas para intentar justificar la ausencia del libro comprometido, como que se habría producido el extravío de la computadora de Benito o que esta le habría entregado en mano un proyecto al actual presidente Marcelo Billone, quien podría estar intentando encubrir la situación la situación, ya que jamás ingresó la obra por los carriles formales”, expresó Falú. Y añadió: “incluso es posible que en este tiempo estén preparando algún proyecto del citado libro para atenuar la irregularidad, pero lo cierto es que venció hace años la fecha pautada para su presentación y sólo se obtuvo una factura extemporánea. El perjuicio económico es evidente”.

En un escrito presentado el viernes, García Posse solicitó a la fiscala Rivadeneira que archive la denuncia de Falú por considerarla el producto de “una venganza”. Según García Posse, el denunciante “tergiversó de manera maliciosa y ocultó los hechos” para engañar al Ministerio Público Fiscal “hasta el grado de la estafa procesal”.

El ex presidente dijo que de ninguna manera contrató a Benito por sí mismo para elaborar un libro de estilo, sino que este fue un emprendimiento conjunto con el Colegio de Abogados del Sur aprobado por los consejeros directivos, como constaba en el acta que adjuntaba. “El tema se puso a consideración y resolución del Consejo Directivo que presidí (en el período 2012-2016) por mi propia decisión fundada en la Ley 5.233, según la cual, la totalidad de los gastos deben tener aprobación del cuerpo”, refirió García Posse. Asimismo comentó que el pago autorizado por los consejeros era de $ 80.000 y que sólo se abonaron $ 30.000, y pidió que el Colegio de Abogados del Sur aportara los antecedentes del proyecto. Y explicó que, por razones que a los consejeros les parecieron atendibles, la redacción del libro fue concluida a posteriori del vencimiento de su mandato: “sí conozco que una sesión del actual Consejo Directivo se trató el tema y quedó claro que la doctora Benito hizo entrega efectiva del trabajo que se le encargó, y que los consejeros debatieron sobre la oportunidad de disponer la impresión del libro”.

El denunciante Falú consideró que la situación que había expuesto se inscribía en el contexto de que García Posse era socio e íntimo amigo del abogado Arnaldo Ahumada, defensor de Rigourd y del juez Enrique Pedicone. “Fue llamativo que García Posse, con la evidente intención de favorecer a Ahumada, incidió para que el Colegio denuncie penalmente una supuesta utilización extorsiva de la Justicia penal; pida auditorías a la Corte sobre la causa ‘Rigourd’ y hasta promueva un juicio político contra Jiménez, nada de lo cual prosperó en nuestras instituciones republicanas”, observó. El abogado señaló que la periodista Benito dio amplia difusión “a la estrategia” y que “se crearon falsos personajes con falsos relatos” como Teves. “Esta perfecta sintonía surge con toda nitidez del modo insidioso y tendencioso con que actuó Benito en las publicaciones de LA GACETA. (...) Todo ese accionar difamatorio representa una intimidación contra quienes intenten o hayan intentando investigar con rectitud”, expresó Falú, quien es uno de los que solicitó la destitución de Pedicone en la Legislatura. El denunciante manifestó que al “grupo” de García Posse se sumó el juez, quien sobreseyó a la familia de Benito en la causa “Factor SA” abierta en 2016. “Pedicone es un reconocido opositor de Jiménez y este denunció penalmente (al juez) en 2018”, afirmó.

“Contexto fabulado”

Falú sostiene que Benito debió “excusarse” de la cobertura de las tensiones institucionales que generó la decisión de Pedicone de denunciar al vocal Daniel Leiva por la supuesta presión que aquel ejerció sobre su independencia en el ámbito de una causa contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). Según Falú, la periodista también “cayó en las operaciones de difamación” del vocal decano Antonio Daniel Estofán, quien fuera denunciado por supuesto acoso en sede administrativa por la maestranza judicial Elvira de las Mercedes Mayol. La denuncia habría ingresado a la estructura encargada de concluir causas del viejo Código Procesal Penal jubilado el 31 de agosto y estaría en manos de la fiscala Rivadeneira.

En el texto que presentó con el patrocinio del letrado Mario Salvo, García Posse consideró que era de la ocasión destacar que Benito había sido una docente “destacada y muy valiosa para la formación de muchísimos abogados”: “es absolutamente falso que comenzara su tarea docente (en el Colegio) en 2015. Cuando asumí la conducción del Colegio, ella ya se desempeñaba como docente de entonces Dirección Académica. Al crearse la Escuela de Graduados continuó brindado su colaboración para la capacitación de la abogacía. Desde luego su aporte era remunerado porque así correspondía. Finalmente y en honor a la brevedad, debe ser dicho que todos los cursos que dictaba, como cualquier otra actividad de este tipo, fueron previamente aprobados con su estipendio por el Consejo Directivo. También importa decir que, en particular por los cursos de Benito, el Colegio siempre obtuvo superávit”.

El ex presidente de la entidad intermedia aseguró que debía acogerse la excepción de falta de acción y desechar una denuncia a los fines de evitar “que esta patraña” perturbara la tarea judicial. “Así se pondrá fin a la irresponsable y vergonzosa aventura de quien pretende engañar a los actores de los Tribunales para justificar su cuestionado desempeño profesional. Es una acusación diseñada y ejecutada con el sólo propósito de venganzas personales y de reivindicaciones profesionales que deberían intentarse en los ámbitos que correspondiesen. Esto es así en mérito de que la fabulada contextualización del denunciante nada tiene que ver con la contratación del libro o el desempeño de la autora. Por el contrario, se nota que el odio y el resentimiento que profesa Falú sólo se explica por la circunstancia de que a raíz de la actuación del Colegio, y no únicamente de su presidente, mucha gente perdió un gran y turbio negocio”, dijo García Posse.

El ex titular del Colegio acotó que en el período en el que él dirigió la entidad Falú no fue denunciado ni se trató ninguna cuestión que aluda a su participación en las causas por las que sí fue denunciado el ex fiscal Herrera. Y añadió que una vez Falú le preguntó por qué la entidad había denunciado a Herrera sólo por causas o procesos en los que él intervenía: “le respondí y aún le respondo que esa es una cuestión que debe explicarla él, no yo”.

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