Solicitan medidas para que no surja otro “Pequeño”

El dictado de prisión preventiva al padre de “Pequeño”, el adolescente de 14 años que apareció manipulando dos armas de fuego y disparando dos veces una de ellas en un video que fue viralizado y la imputación de dos delitos a la madre, no fue lo más importante del fallo que dictó el juez Federico Moeykens. El magistrado, en una una resolución poco común en Tribunales, ordenó al Estado (a través del ministerio de Desarollo Social) que cree políticas activas para proteger y asistir a los menores que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

La audiencia de formulación de cargos en contra de los progenitores del adolescente -cuyos nombres se mantienen en reserva por cuestiones legales- fue tensa. El clima de nerviosismo, pese a que se desarrolló vía Zoom, se notó en cada minuto de las casi más de dos horas de duración del debate. Las palabras de todas las partes no hicieron otra cosa más que dejar al descubierto el estado de vulnerabilidad del “Peque”, que no estuvo presente por encontrarse internado en un centro asistencial para enfermos con covid.

El auxiliar fiscal Daniel López Frías hizo un relato sobre el hecho. Contó que el domingo 8, el adolescente habría sido filmado por su padre manipulando dos pistolas para amenazar a la familia Ortiz con la que tiene una vieja disputa. Contó además que después de la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), el menor fue alojado en el Hogar Belgrano, de donde el padre lo ayudó a que se retirara sin autorización y a sabiendas de que estaba infectado de coronavirus.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que a los progenitores se les imputen los delitos de tenencia ilegal de arma y facilitación de armas a un menor. Pidió que también se acuse al padre de desobediencia judicial (por haberlo retirado del lugar de alojamiento sin autorización) y por atentar contra la salud pública, ya que no permitió que “Pequeño” sea internado para ser atendido. Por último, solicitó que a “Peque” -a quien no se le pueden formular cargos por delitos, por ser inimputable- se le otorgue el derecho a ser oído para que cuente su versión de los hechos.

“Pese a que los allanamientos realizados por la Policía dieron resultados negativos, todo parecería indicar que las armas que tenía el adolescente fueron entregadas por sus padres. Además, por lo que se vio en las imágenes, es evidente que el niño está familiarizado con el uso de armas”, destacó López Frías, que pidió que al padre se le dictara la prisión preventiva por 30 días al entender que demostró con su accionar que podría entorpecer la investigación.

La defensora oficial Marta Toledo, que asistió a los padres del adolescente, se opuso a los cargos que se le pretendían formular. “Básicamente no hay una descripción sobre cómo se produjo el hecho, ni una descripción clara de lugar y tiempo. Tampoco se secuestraron las armas, por lo que la acusación que se está realizando, carece de argumentos”, señaló con voz firme. “Tampoco se puede hablar de que exista un peligro de entorpecer la investigación si estas personas se presentaron a esta audiencia”, añadió.

Defensa

“Nos están acusando de algo que no tenemos nada que ver. Somos vendedores ambulantes. Salimos todos los días con mi hijo a vender y, cuando volvemos, él sale a la calle y no sé qué hace. Usted sabe cómo son los chicos ahora”, dijo el padre al hacer uso de la palabra. “Quiero que me investiguen, que vayan a la seccional 10ª y a la Brigada para que vean qué clase de personas somos. Sí hemos tenido problema con la familia Ortiz porque nos hacen la vida imposible. Les pido que tomen en cuenta lo que está pasando”, agregó.

Sobre el final de la declaración, el hombre declaró: “Hace 15 años que soy delincuente...”. El juez lo interrumpió: “¿Cómo?”, le preguntó. “Perdón, me equivoqué. Quise decir que hace 15 años que no tengo problemas con la ley. Sí tengo antecedentes, pero por robo o por tentativa de robo; nunca empuñé un arma”, respondió. “¿Recibió alguna condena?”, lo interrogó nuevamente el magistrado. “No, nunca”, señaló. “Pido que todo esto se aclare. Me están culpando de una cosa que no tengo nada que ver”, concluyó. Su pareja habló, pero sólo para negar la acusación en su contra.

En representación de “Pequeño” estuvo la defensora oficial de Menores Mónica Romano Mazzone, que después de hablar sobre cómo es el proceso del caso en el juzgado de Familia que conduce Claudia López, señaló: “los padres no se encuentran en condiciones de ejercer su responsabilidad parental. Estamos ante una familia desestructurada que no reúne las condiciones de hacerse cargo del niño. El estudio de campo reveló eso y que tampoco hay hermanos u otros parientes que lo hagan. Toda la familia está en riesgo. Por ese motivo, se dictó una medida cautelar excepcional que consistió en alojarlo en el Hogar Belgrano”.

La decisión final

Antes de leer la resolución, Moeykens aclaró varios puntos. “Es un hecho de suma gravedad observar a un menor manipulando un arma. Un hecho que tuvo trascendencia nacional. Si bien es cierto que ese incidente podría haber sido realizado por acción de los padres, no hay dudas de que hubo una omisión porque en el video se ve claramente que no intervinieron”, destacó.

“Además de la cuestión de encontrarnos con una cuestión no colaborativa del padre por este hecho, hay situaciones que son alarmantes, como el cuadro de desnutrición que presenta el adolescente. No menos grave es que el progenitor incumplió una orden judicial al retirarlo del lugar sabiendo que estaba enfermo. Hay que revertir este tipo de situaciones si es que realmente pretendemos vivir en una sociedad que funcione”, agregó.

“Este es un caso testigo de las fallas de la familia, la sociedad y del Estado. El Ministerio de Desarrollo Social debe tomar de manera urgente cartas en el asunto. Debe generar políticas eficaces para contener a los adolescentes. Debe hacerse cargo de este chico y ayudarlo a salir de esta situación”, concluyó.

El caso

El domingo, por las distintas redes sociales, comenzó a difundirse un video donde aparecía un menor empuñando dos armas de fuego y realizando dos disparos con una de ellas. Las imágenes, según trascendió en la audiencia de ayer, habrían sido filmadas por su padre -un hombre que llegó a tener varios procesos penales abiertos en su contra- en la vereda de un humilde barrio de Villa 9 de Julio. El objetivo de la filmación, según establecieron los investigadores, era enviarle un mensaje a una familia de la zona que mantiene una vieja disputa con los padres del adolescente. En Tribunales hay varias causas por los enfrentamientos entre ambos grupos.

Vulnerable

“Observamos que en su valoración de la situación, el niño naturaliza el riesgo permanente al que está expuesto”, explica el informe al que tuvo acceso LA GACETA. “Relata diferentes episodios de vulneración constantes, sin comprender la magnitud o la gravedad para su propio desarrollo”, se agregó. Por último, los especialistas señalaron que su entorno familiar tienen “dificultades económicas, habitacionales y simbólicas para garantizar el cuidado integral del niño”. Durante la audiencia, el padre del adolescente reconoció que se habían mudado del barrio Manantial Sur por los problemas que habían tenido con una familia que “son transas y que los persiguen por todos lados”.

Un informe

“Se toma contacto con los vecinos de la zona quienes manifiestan que se trataría de una familia que se dedicaría a delinquir. Sobre el adolescente señalan que estaría robando a choferes de taxi junto a un grupo de la zona”, se pudo leer en el informe que elaboraron el lunes los operadores de calle de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf). Los especialistas también sostienen que en el CAPS la familia es conocida como conflictiva y que reconocieron al menor por las imágenes que se viralizaron. En la seccional 10ª, en tanto, el oficial de turno les explicó que no había ninguna decisión judicial en contra de “Pequeño”. Recomendaron que se realice de manera inmediata una denuncia en la Justicia.

Desnutrición

En medio de las hojas que integran el expediente del caso surge un dato: “presenta signos de posibles patologías físicas o emocionales ligadas a la deglución y antecedentes traumáticos (actualmente se encuentra recibiendo tratamiento psicológico en el CAPS de Villa 9 de Julio)”. Esos términos técnicos normalmente son utilizados para describir una dura realidad: “Pequeño” tiene un cuadro de desnutrición. El padre reconoció que en su casa se vive con lo justo y que, por la pelea que mantiene con la familia Ortiz, muchas veces quedaron sólo con las ojotas.

La familia

Los profesionales que los entrevistaron dijeron que la familia de “Pequeño” era “disfuncional con roles maternos y paternos debilitados, con antecedentes de conflictos intravecinales con altísimo nivel de riesgo para todos sus integrantes”. También la definieron como una “familia entrampada en un discurso ligado a conflictos con la ley penal, lo que identifica al niño en múltiples roles ligados a la problemática”. Por último, destacaron: “en este contexto evaluamos que los padres no pueden responder a las demandas o cuidado del niño, sin que ello no implique acompañamiento y trabajo familiar sistemático y contenido”.

Ambulante

“Pequeño” dejó la escuela cuando tenía 10 años. Durante la mañana, según informó su padre, se dedica a la venta callejera de escobas y bolsas de residuos por los diferentes barrios de Villa 9 de Julio. “Salimos muy temprano y recorremos las calles para poder subsistir. También vendemos pan casero y sándwiches en diferentes puntos de la ciudad. Es lo único que hacemos”, explicó. El hombre, de 60 años, se mostró molesto porque ni él ni su familia recibieron ayuda del Estado durante todo este tiempo. “Nadie nos colaboró cuando nos quedamos en la calle porque los otros nos quemaron tres casas. Tres veces nos dejaron en la calle y ahora vivimos en casas prestadas”, declaró en la audiencia.

Los detalles a favor del adolescente

- Al padre del adolescente se le dictó la prisión preventiva por 17 días.

- La madre continuará en libertad, pero seguirá procesada.

- “Pequeño” estará internado en el centro de atención y una vez que le den el alta, será trasladado el Hogar Belgrano.

- La Dinayf deberá encargarse de realizar todas las gestiones que sean necesarias para que al adolescente se le restituyan los derechos quele fueron vulnerados.

-  Se emitió una medida de prohibición de acercamiento a los miembros de la familia Ortiz, acusados de amenazar a “Peque” y a toda su familia.

- El Ministerio de Desarrollo Social deberá dictar políticas activas para proteger los derechos esenciales de niños y adolescentes (salud, vivienda, bienestar y educación, entre otros).

- “Pequeño”, si acepta, podrá ejercer su derecho a ser oído para que cuente su versión de los hechos.