Viaje hacia lo desconocido

“Trucumán” está expulsando a sus habitantes: las encuestas dicen que seis de cada 10 dejarían la provincia. Es una advertencia estridente para la dirigencia tanto por la desaprobación implícita que estos anhelos de migración sugieren como por sus reminiscencias con el clima del año 2001. El recuerdo de aquel crac hoy aparece reforzado por el camino de autodestrucción de Venezuela. El descontento actual se corresponde con una percepción de agotamiento de una época y de una forma de abordar los conflictos. Por supuesto que la pandemia incide en el cansancio, pero lo cierto es que el malestar con las instituciones era preexistente y llevaba un arrastre largo cuando irrumpió la covid-19. La degradación de las estructuras encargadas de gestionar el bien común -al fin eso son los departamentos del Estado- no hizo más que agravar una emergencia epidemiológica mundialmente indomable.

Las autoridades -hacen como que- no se enteran del malhumor y del desencanto que los “trucumanos” derraman en sus cafés virtuales. Es una alienación peligrosísima. Ni siquiera oyeron a los obispos locales Carlos Sánchez y Melitón Chávez cuando el 4 de septiembre pasado al unísono alertaron sobre los riesgos que detectaban para la democracia y el sistema republicano, y repudiaron la violación de la independencia judicial a propósito de la denuncia penal que el primero de ese mes había articulado el juez Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte, Daniel Leiva. Lejos de las señales de contrición o del examen de conciencia que el jurista Pedro Sagüés aconsejó a la magistratura a partir del reclamo social evidente, los funcionarios han dado muestras de que están dispuestos a ir a la guerra antes de lo que interpretan como “retroceder”, tan aferrados están al poder que consideran un patrimonio particular.

La historia enseña que cada vez que los que mandan perdieron la conexión con la realidad -o dejaron de escuchar a la ciudadanía- tarde o temprano acabaron sucumbiendo por los efectos de la sinrazón. La división de poderes fue inventada en el siglo XVIII para impedir las concentraciones que invariablemente terminan mal para sus protagonistas directos y para la comunidad que las padece. Pero los que gobiernan de espaldas a este dogma de la civilización consideran que ellos serán la excepción a las leyes históricas que voltearon al mismísimo Imperio Romano. Hasta el papa Francisco acaba de recordarlo en la encíclica “Fratelli Tutti” que dio a conocer ayer y que mandó por e-mail al obispo Chávez. “Vuelvo a destacar con dolor que ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, de burlarnos de la ética, de la bondad, de la fe y de la honestidad… Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses”, escribió el conductor de la Iglesia. El pontífice previno sobre el populismo insano que emerge cuando la política es capturada y puesta al servicio de la perpetuación personal en el poder. En otro tramo, Franciscus añadió, quizá inspirado en los postulados de la Revolución de Mayo de 1810, que, para transitar el sendero de la reconstrucción, el pueblo tiene el derecho a saber qué pasó.

Es justamente lo que no acontecerá en la causa penal de Leiva si triunfa la idea de que ese ámbito de discusión de las presiones que ventiló Pedicone debe ser exclusivo de la fiscala Mariana Rivadeneira, del juez Juan Francisco Pisa, y del propio denunciado y de su defensor Esteban Jerez. Rivadeneira y Pisa son astillas de la misma costilla: cabeza a cabeza, ambos se destacan por haber blindado a los funcionarios públicos. Su dependencia del Gobierno es extrema y han vuelto a corroborarla al cerrar cualquier forma de control externo de su actuación en el proceso de Leiva, tal y como querían este y Jerez. Es ridículo y hasta chistoso pretender que la Justicia ahuyentará las sospechas en estas condiciones, y con un Código reventado por su aptitud para fabricar impunidad, como lo viene subrayando el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse y como coincidió la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar. Esa ineficacia ha sido total en las denuncias que implican a gobernantes con fueros y casi absoluta en las causas de corrupción: es el talón de Aquiles del sistema judicial, y la claraboya por la que se fugan los fondos públicos y los proyectos de vida.

Si todo hecho ocurrido antes del 1 de septiembre va a ir a parar a este “agujero negro”, Vargas Aignasse dixit, entonces está a la vista que la promesa del nuevo Código se reduce a una amnistía fantástica para la criminalidad, incluida la política y la cometida desde la función estatal. Es uno de los ejes del per saltum que preparan los abogados de Pedicone para revertir los criterios de Pisa y de Rivadeneira, e intentar un giro de los acontecimientos al estilo del que lograron los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Va de suyo que la mayoría que integra la comisión de Juicio Político de la Legislatura no se detendrá en disquisiciones tan medulosas para salvar a Leiva y, si se entusiasma con un escarmiento tipo Marco Avellaneda, para ajustar la soga sobre el cuello del magistrado denunciante (sería divertido ver cómo a este lo ajustician por “portero de la puerta giratoria” y cómo limpian a los jueces denunciados por no juzgar a uno de los imputados en el crimen de Ana Dominé). Este es el final cantado que el oficialismo proyecta para la crisis que generaron “los audios de Pedicone” y que se completa con un Leiva que se desternilla mientras emboca en el papelero los tres pedidos para que tome licencia que le remitieron las cabezas del Colegio de Abogados.

Si este problema fuese de tan fácil solución, nadie querría irse de Tucumán. Al taponar la verdad y permitir que el desprestigio se instale en un órgano tan sensible como la Corte, la sociedad y sus líderes se embarcan hacia un destino desconocido. En ese paraje sin sujeción a la Constitución nadie está seguro ni puede salir indemne, y cunde la difamación: son síntomas palpables de la decadencia que aprisiona a la provincia y que plantea un signo de pregunta sobre el futuro no ya de los que se marcharán, sino de los que van a quedarse.