Un mal antecedente fiscal

La quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires constituye un antecedente peligroso en materia de reparto de fondos coparticipables. El presidente Alberto Fernández acaba de anunciar la creación de un Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires que, en parte, será destinado a la recomposición salarial de las fuerzas de seguridad. Si bien ese dinero forma parte de las transferencias que la Casa Rosada hizo, en tiempos de Mauricio Macri, para compensar el traspaso de la Policía Federal, el resto de las provincias observan con preocupación la mecánica de reparto adoptada.

A prima facie, la medida no implica un cambio en la ley de coparticipación federal de impuestos, sino en una de las tantas transferencias que la Nación realiza a distritos en particular. Naturalmente que hay una lectura política: el conflicto policial ha jaqueado a la gestión de Axel Kicillof y esto ha puesto los pelos de punta no sólo al Presidente; también a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La parte de la torta a prescindir es la que venía comiendo el macrista Horacio Rodríguez Larreta que, hasta ahora, se presentaba como un moderado más cercano a Olivos que al ex jefe de Estado. Fernández lo había admitido; la pandemia de la covid-19 logró aceitar una relación institucional más allá de las diferencias partidarias. Y ahora, ¿qué pasó?

Con el nuevo fondo se está “tratando de reponer un equilibrio que se perdió a mediados de los 80, cuando la provincia perdió 8 puntos de coparticipación”, justificó el presidente de la Nación al anunciarlo. En la misma década, la centralidad se quedó con un punto de coparticipación de Tucumán. En los ámbitos políticos siempre sale a la luz el modo en que Tucumán cedió aquel punto cuando el ex gobernador Pedro Fernando Riera no pudo viajar a Buenos Aires y, en ese debate, fue representado por el bonaerense Antonio Cafiero. Desde entonces, Tucumán se quedó con el 4,9%. Si la provincia hoy tuviera aquel punto, o le restituirían uno similar al que le dan a Buenos Aires, podría contar con no menos de $ 20.000 millones extra al año, que contribuiría a salir del sofocón financiero. Ese dinero equivale a tres planillas salariales mensuales del sector público provincial. Nada más; nada menos.

El tecnicismo de una medida para tapar un bache que estaba creciendo, como es el conflicto policial bonaerense, puede ser la solución de coyuntura, pero abre grietas en otros frentes. Hay mandatarios, con el mismo problema que Kicillof, que no saben qué hacer con las demandas salariales. Los planteos por ayudas financieras nacionales se multiplicarán en un momento complicado para las finanzas públicas.

Hace exactamente un mes, el director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, Jorge Colina, afirmaba a nuestro diario que el actual esquema de distribución de recursos fiscales desalienta el esfuerzo, la creatividad, la innovación y el desarrollo productivo. Y que, tal como está, sólo premia la mediocridad. "La teoría sobre el federalismo fiscal indica que una buena práctica organizacional es asignar las potestades tributarias entre jurisdicciones en línea con las responsabilidades. Es decir, qué impuestos debe recaudar Nación y cuáles las provincias. Pero en la Argentina no tiene mucho sentido de que Nación recaude tanto y luego se les asigne un porcentaje a las provincias. Aún cuando esa coparticipación sea considerada justa, un reparto de esa naturaleza lleva a que las provincias no se preocupen tanto por desarrollarse", afirmó el economista.

Los parches seguirán existiendo. La Argentina se debe un amplio debate sobre potestades tributarias y reparto de fondos impositivos. Pero nadie está dispuesto a dar la discusión, porque si uno gana, habrá otro que pierde. Las inequidades fiscales y la dependencia financiera están a la vista.