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El escándalo judicial que involucra a un juez y a un vocal de la Corte confirma que la política tiene los músculos más prestos que la Justicia a la hora de entrar en acción -tanto para aclarar como para oscurecer-, que los tiempos políticos son muy distintos a los judiciales -hay impaciencias y se exigen resultados inmediatos-, y que los códigos de la política siempre terminan infiltrándose en la vida tribunalicia dañando la credibilidad en la Justicia. Porque si bien el entredicho entre Enrique Pedicone y Daniel Leiva detonó en el Poder Judicial, el conflicto comenzó a jugarse en el campo de la política, un terreno naturalmente barroso, donde hay que ser sumamente diestro para moverse y hacer equilibrio. Allí se libra la pelea a capa y espada; y en esa partida política una cabeza rodará. En cambio, en el Poder Judicial se anunció el encuentro, pero los que deben salir a la cancha están aún precalentando.

El propio Pedicone, que con su denuncia penal  añadió otra cuota de desprestigio a la vapuleada imagen de la Justicia, decidió no acotar su cruzada personal al plano judicial, avanza resuelto con maniobras típicas de la política, como provocar presiones externas sobre el poder que integra. Así advirtió que le dará cabida a la prensa y que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no le garantizan un debido proceso. Teme que  cuando entregue la grabación, esta desaparezca, se esfume o se pierda. Que el tema se haya nacionalizado, y politizado, y que la Iglesia se preocupe, debe analizarse desde la perspectiva política. En inferioridad de condiciones en su propio hábitat, el juez desconfía como político; duda de sus colegas. El monterizo antes de ejercer como juez actuó en política, fue intendente en los tiempos de Ramón Ortega y legislador en la época de Antonio Bussi; conoce los códigos y las picardías propias de ese ambiente, por lo que entiende que los golpes le lleguen primero desde ese lugar. Hay que saber soportar las embestidas y atenerse a las consecuencias a la hora de subirse a ese tablero para defenderse, más como político que como abogado, porque de esa lucha sólo puede salirse victorioso o derrotado. La política no suele simpatizar con las tablas, necesita y prefiere el jaque mate.

Eso puede ocurrir incluso antes de que la Justicia se pronuncie; o más aún, antes de que pueda comenzar la investigación jurisdiccional. Y debido a que en materia de tiempos y velocidades la política admira a Usain Bolt mientras que la Justicia camina con una mujer vendada. Leiva, si bien se llamó a silencio, también eligió dónde armarse para contragolpear y defenderse: lo hizo desde la propia institución judicial al comunicar los trámites que desprestigiarían la labor del juez, pero que en el fondo tienden a generar efectos en el espacio de la política. En la Legislatura se respaldó institucionalmente al vocal al darle contenido y fortaleza a sus objeciones a la labor de Pedicone.

Las denuncias cruzadas que se efectuaron son graves: supuesto tráfico de influencias por un lado, acciones dudosas para liberar a delincuentes peligrosos por el otro. Una debe probarse, desde el otro lado se presentaron papeles. Por la primera hay una denuncia penal que sacudió los cimientos de la Justicia y sobre lo segundo se produjo una dura e inmediata embestida legislativa desde el oficialismo para poner en tela de juicio el proceder de Pedicone cuando resolvió soltar presos. Y si bien ambas denuncias y acciones están enmarcadas por la institucionalidad, las leyes y los reglamentos vigentes, las conductas están teñidos de intencionalidad política a la hora de atacar y de contragolpear. Porque la denuncia de Pedicone involucró a los principales actores de los tres poderes, como al gobernador y al vicegobernador, quienes, en el hipotético caso de que el trámite avance, hasta podrían ser citados a declarar. Se verían obligados a negar que le solicitaron a Leiva influenciar sobre el juez en una causa contra Bussi. Porque no pueden hacer otra cosa.

En ese marco se entiende que en el Gobierno preocupe el desarrollo  y el desenlace de la trama, porque si bien en primer término se mina la credibilidad del Poder Judicial, las esquirlas van a dar de lleno en el terreno de la política, y allí las consecuencias son impredecibles. Falta muy poco para los comicios, y todo sirve para encontrar nuevas consignas de lucha. La política, se dijo, practica en terreno barroso. Jaldo fue el que más sintió la estocada de la jugada del juez, porque Bussi integra la Cámara que preside y porque siempre se lo ligó a Leiva. No extrañó entonces que saliera con los tapones de punta -le exigió pruebas- y que lidere las movidas que conllevan mensajes políticos hacia el ex legislador peronista, como lo fue, por ejemplo, pedir un informe de sus actuaciones en la liberación de más de cien presos a la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar. Tampoco fue inocente acusarlo de “actor de cine” por instalar el tema en los medios de comunicación, herramienta que también eligió el juez para hacer fintas. Juegan políticamente alrededor de la causa, cada uno cumpliendo un rol y defendiendo sus propios intereses.

Manzur fue más cauto, no dijo mucho, se limitó a enviar una señal de que está del lado del vicegobernador. Es lo que puede interpretarse a partir de la acción del Defensor del Pueblo, Fernando Said Juri Debo, de pedir a Sbdar lo mismo que le solicitó la Legislatura. Juri Debo tiene aceitadas relaciones con el gobernador y su nombre suena para los comicios de 2021. Gestos políticos. Sin embargo, hay un hecho curioso y que cabe mencionarse: el pedido de informes de la Legislatura a Sbdar tiene fecha 4 de septiembre. El mismo pedido se le hizo a Leiva; fue contestado el mismo día, pero sólo por Leiva. Situación que lleva a preguntar cuál es el rol de la Corte -o de sus integrantes-, en este conflicto político-judicial; y si se manejará con cintura política o se limitará a mantener la partida en la esfera judicial.

Por de pronto, Pedicone deslizó la posibilidad de plantear un per saltum para que la Corte intervenga respecto de un dictamen del Ministerio Público Fiscal. ¿Puede haber algún gesto político de la Corte que muestre preocupación porque se dilucide rápido este conflicto que la mina? Podría fijar posición pública, pero hasta ahora sus miembros han optado por un prudente silencio. Sin embargo, pueden intervenir en la definición de la competencia en cuanto a la aplicación de la ley: si es con el nuevo Código Procesal Penal o con el anterior; siempre y cuando se plantee el conflicto entre los jueces de uno u otro caso. Pedicone exige que su denuncia se considere en el marco de la nueva normativa. En las dos últimas intervenciones de la Corte en causas vinculadas a procederes de Pedicone, el máximo tribunal votó dividido y de la misma forma: Leiva, Eleonora Rodríguez Campos y Antonio Estofán en contra y Sbdar y Daniel Posse a favor del juez. O sea, allí podría haber una señal a interpretarse en términos políticos. Y si Leiva resuelve pedir licencia, puede haber un dos a dos. Para eso falta, es especulativo. Antes de la dilucidación de la competencia la polémica grabación se conocerá a través del diario, y por una cuestión de necesidades políticas. Los tiempos políticos no son iguales a los de la Justicia, vale reiterar. Urgencias distintas.

Ahora bien, todavía deberá probarse que la grabación es verdadera, porque Leiva, hasta aquí, niega que se haya reunido con Pedicone y que, por lo tanto, esa charla haya existido. Ergo, en términos sencillos: uno de los dos miente. Y debe ser la Justicia, y no la política, la que determine quién, aunque su derrotero sea muy largo. Tendría que poner blanco sobre negro y aclarar la situación, más que nada para recuperar un poco de prestigio, pero por sobre todas las cosas para que se sepa la verdad. Se lo debe a la sociedad. Cuando más tiempo pase y no haya una conclusión, más la política se encargará de embarrar la cancha, de confundir, de presionar, de provocar cambios drásticos y seguirá anotando más goles que el Poder Judicial en ese campo enlodado.

Si el juez fue el que no dijo la verdad, no debería esperar el Jury de Enjuiciamiento, tendría que renunciar inmediatamente y volver al llano, o como dijo: irse de la provincia. Sin embargo, hay compañeros que le creen. Si se comprueba que no mintió, los problemas alcanzarán a la gestión oficialista, el daño colateral se producirá allí. Cabe imaginar cómo le puede caer al Gobierno nacional -cristinismoalbertista- que en medio de su resistida intentona por reformar la Justicia, justo en Tucumán, un miembro de la Corte le da letra a la oposición para rechazarla. Porque esto ya se nacionalizó, no se frena, y porque el conflicto se juega en la vereda política, donde cualquier consigna es bandera. Si fuese verdad, sería una barbaridad, no quedaría otra que renunciar; dijo un dirigente peronista imbuido de pragmatismo partidario, que observa la situación desde lo estrictamente político. Es que si fuese cierto lo que dice Pedicone, con Leiva manteniéndose en la escena se sometería a un desgaste a la dupla gobernante, incluso más allá de las fronteras locales. O sea, a dar el famoso paso al costado en aras del bien del conjunto.

Este justicialista entiende, desde la frialdad que le marca su pragmatismo político, que en estas circunstancias una alternativa sería soltarle la mano al vocal de la Corte para atenuar el escándalo institucional generado a partir de una denuncia penal. Jaldo pareció amagar por ese lado cuando el jueves dijo que nadie podría hablar en nombre del gobernador ni del suyo. Sin embargo, la arremetida contra Pedicone por el lado de la Legislatura indica que sus intenciones van en el sentido de sostener al vocal. O sea, en términos simples y políticos: salvar a Leiva, hundir a Pedicone. Porque, en el campo de la política, una cabeza va a rodar. Lo judicial va por otro carril.

La dirigencia política tiene sus intereses y se desliza según sus conveniencias, no puede esperar que la Justicia determine inocencias o culpabilidades, tiene que manifestarse según sus códigos y su propia naturaleza y sacar ventajas hasta desde los discursos, algunos para arrimar voluntades pensando en los comicios que vienen y otros para cerrar ese capítulo lo antes posible, también pensando en la elección de medio término. La política juega en terreno barroso; pero es la Justicia la que debe salir airosa de este escándalo, quizás el mayor de su historia por la jerarquía de los actores involucrados, no con tablas, sino con un jaque mate. Pedicone y Leiva han blandido sus espadas, se han trenzado en una disputa político-judicial, pero es la Justicia la que tiene que dar un veredicto y resolver para qué lado inclina la balanza.