Un pedido de apertura de investigación interna ingresó esta semana a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La solicitud lleva la firma de Alejandra Martínez, secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación-Seccional Tucumán, y pretende que uno de los miembros del alto tribunal, Daniel Leiva, sea sometido a un sumario. Con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, Martínez expresó que correspondía esclarecer la responsabilidad administrativa del vocal respecto de los hechos que había denunciado el juez Enrique Pedicone el 1 de septiembre.
La presentación reproduce las manifestaciones de Pedicone en cuanto a que Leiva lo habría contactado para tener una reunión antes de la celebración de la audiencia oral y pública relativa a una denuncia contra el legislador Ricardo Bussi. Martínez y Morales indicaron que en ese encuentro en una cafetería, “Leiva supuestamente habría hablado en nombre del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo” para pedir a Pedicone que “mantuviese asustado” a Bussi.
El escrito de Martínez y de Morales especifica “que no era la primera vez que Leiva intenta presionar en fallos judiciales, y que ya lo había hecho en las causas ‘Toledo, José Roberto’ y del intendente Javier Noguera”. Y añade que, sin embargo, en el supuesto de Bussi, Pedicone “tomó los recaudos” y grabó las conversaciones. Martínez y Morales refirieron que el primer diálogo telefónico para arreglar la reunión presencial había sido puesto en altavoz y escuchado por el secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Fernando Valladares, quien procedió a labrar un acta. Y que ese fedatario luego consignó lo que le dijo el vocal acerca del encuentro en un bar de Barrio Norte y que aquel había decidido guardar las pruebas para presentarlas cuando dejara de intervenir en la causa de Bussi. Según Pedicone, ello ocurrió el 1 de septiembre, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal.
“El instrumento público ha sido redactado por un funcionario judicial que, por lo tanto, tiene ‘plena fe’ y sólo puede ser redargüido de falsedad en sede penal o civil”, subrayaron Martínez y Morales. Y agregaron que observaban “graves desórdenes de conductas incompatibles” con un juez de la democracia por su desprecio a las garantías de imparcialidad e independencia como por la falta de recato. Los autores de la solicitud dijeron que el caso de Leiva manchaba a la Justicia y que, por ello, debía ser dilucidado, sin perjuicio de que iban a pedir la destitución en el Poder Legislativo.
En diferentes declaraciones a LA GACETA, Leiva negó “categórica y rotundamente” la denuncia, y afirmó que nunca se había reunido con magistrado alguno para tratar de influenciar en sus decisiones. Además, atribuyó la acusación al hecho de que había sancionado a Pedicone “por actuar fuera de su competencia”. Y dijo que ese juez lo llamaba a él para seguir el trámite de más de 100 casos donde había liberado a presos.
“Defiende lo indefendible”
La sindicalista le exige mesura a Jaldo.
Alejandra Martínez, secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional-Seccional Tucumán, manifestó ayer que el vicegobernador Osvaldo Jaldo debía ser más mesurado. “Deje de defender lo indefendible, y aguarde que la Justicia aclare y deslinde las responsabilidades”, opinó en un mensaje que envió a este diario. Martínez rechazó la exigencia de pruebas al juez Enrique Pedicone por parte del vicegobernador Osvaldo Jaldo. “Una vez más somos asistentes privilegiados a otra intromisión de la política en la independencia de la Justicia y de ninguna manera lo vamos a permitir. Quien aún no ha dado explicaciones de las valijas legislativas, del listado de personal de su institución ni de tantos hechos escandalosos no puede formular exigencias”, dijo Martínez.
