Trucumán” tiene ese no sé qué destructivo de la institucionalidad que la hace especial. Debe ser la única jurisdicción del país donde los gobernantes liquidan los procesos de cambio que promovieron… tres semanas antes de que terminen de nacer. Aplausos para esa decadencia innovadora que tiene a los legisladores oficialistas -y a algunos falsos opositores también- como maestros de ceremonia. Un día esa topadora no tendrá más remedio que autodestruirse: sería interesante vivir para conocer qué escribirán y dirán los que, de aquí a 100 años, analicen las ruinas (afortunada o desafortunadamente nadie de lo que esto lea podrá contarlo). En fin, fuera nostalgia y finitud: la tierra reseca de la realidad obliga a volver al presente para hacer un réquiem por la reforma que prometía una expiación para la Justicia penal local. Esa posibilidad quedó abollada y con chances escasas desde que sin discusión ni argumentos más allá de las vaguedades de siempre, la mayoría amplia del Partido Justicialista impuso este jueves la modificación del 13% del código sancionado en 2016, que recién iba a entrar en vigor en todo el territorio el próximo 1 de septiembre.
Las enmiendas son tantas y sus repercusiones sobre el sistema resultan tan impactantes que algunos príncipes del foro anticipan que a este orden diseñado con cariño y paciencia desde 2012 -y ya tan manoseado- le aguarda el mismo destino que a la Constitución de 2006. Eso es lo mismo que decir que las judicializaciones, tensiones e inconstitucionalidades acabarán por deformar y devaluar lo que debía ser un cuerpo jurídico escultural, y que los avances esperados quedarán para otra vuelta, vaya a saber cuándo. Bye-bye a la expectativa de un esquema relativamente a salvo de las manipulaciones que en las últimas décadas rindieron abundantes frutos para la impunidad y la desigualdad ante la ley penal, y en definitiva configuraron el desastre que se pretendía enderezar.
Para entender esa frustración basta con saber que, gracias a la contrarreforma aprobada la semana pasada, los delitos de corrupción, por ejemplo, podrán ser juzgados por un magistrado solo y no por un tribunal colegiado, es decir, será más fácil que -¡oh, casualidad!- el funcionario imputado caiga en manos benevolentes, por decirlo de un modo elegante. Como si ello no fuese suficiente, el oficialismo avaló la posibilidad de designar 11 jueces interinos o precarios, que, por definición, han de quedar bien con los que mandan si desean mantenerse en los Tribunales -y mantener los privilegios tribunalicios-. La decisión es por lo menos llamativa porque los subrogantes ocuparán los puestos de igual número de titulares mandados a atajar el aluvión de casos del viejo sistema, que van camino a una amnistía de proporciones grotescas -ya habrá ocasión para hablar de este “perdón”-. A esto se suma la facultad otorgada a una mera estructura administrativa (Oficina de Gestión de Audiencias u OGA) para poner a los magistrados encargados de revisar las decisiones (Tribunal de Impugnación) a desempeñar la tarea de decidir. Eudoro Albo, Enrique Pedicone, Carlos Caramuti, y el juez con récord de designaciones de parte del gobernador Juan Manzur y de objeciones de parte de la ciudadanía, Facundo Maggio, quedan así a expensas de las conveniencias y de los vientos -siempre disfrazados técnicamente, claro-. ¿Para qué concursaron para atender las impugnaciones si igual la OGA los iba a poner a hacer lo que le pareciese? ¿Qué tal ese engendro al servicio de la especulación total?
La letra chica de las reglas adoptadas con una liviandad absoluta en la sesión del 6 de agosto tiene efectos tamaño “cachalote” sobre las aspiraciones de iluminar lo que hoy permanece oculto e impedir los abusos de la corporación judicial más conocidos como violencia institucional. A un juez le aflige, por ejemplo, el territorio descontrolado que creó la nueva redacción del artículo 229. Originalmente, esa cláusula disponía que la pesquisa de los hechos ilícitos iba a durar como máximo seis meses desde la apertura de la investigación: ahora ese plazo comenzará a correr desde la audiencia de formalización de la investigación, que interrumpe el curso de la prescripción penal y quita al fiscal la facultad para archivar el proceso de manera provisional. Esa diferencia de apariencia nimia autorizaría a los fiscales a hacer las averiguaciones que deseen en los tiempos que deseen y, eventualmente, a mantener “viva” una posible acusación penal, herramienta que se presta a los fines extorsivos y al carpetazo. Más allá de los empleos non sanctos, un desequilibrio de esta especie choca contra la intención de acortar y oralizar los procesos, y de impedir la costumbre arraigada -y un millón de veces corroborada- de cajonear expedientes según los intereses del momento.
Una guinda de esta detonación de la aspiración a la investigación transparente e igualitaria de los hechos ilícitos es la ampliación del privilegio para atestiguar por escrito, que en la versión primitiva sólo estaba acordada a seis clases de altísimos funcionarios del Estado. Los legisladores resolvieron que ese beneficio… ¡los incluya a ellos mismos! Obvio que para camuflar esta autoliberalidad elefantiásica incluyeron en el artículo 209 hasta a los popes del clero y a los rectores de las universidades: por suerte los que tengan vergüenza de esconder la cara en una audiencia oral y pública conservan la opción de renunciar al tratamiento especial. Lo más sorprendente de esta enmienda a bulto -aunque muy calculada- es que los legisladores oficialistas que la apuraron la atribuyeron “a un pedido de la Corte Suprema”, pero allí nadie se hizo cargo de la iniciativa -al menos de manera oficial-, aunque tampoco los vocales se despegaron públicamente. En la web oficial de la Legislatura consta que los proyectos ingresaron entre el 27 y el 29 de julio: en la oposición hay quienes aseguran que no hubo tiempo ni para leerlos. Resta por ver si Manzur promulgará o no este proceder remodelador digno de un califato, que acredita hasta qué punto la reforma judicial suele ser un eufemismo para el “suicidio u homicidio” de las instituciones republicanas.
