Pandemia de relativización

18 Jun 2020 Por Indalecio Francisco Sanchez

Como si fuese parte de la simbiosis del econosistema tucumano, la política sucia revolotea por los aires junto con el olor nauseabundo que cada tanto inunda la provincia.

La última campaña electoral fue el prólogo de esta historia de golpes bajos. En ella abundaron las operetas de desprestigio contra algunos candidatos, que hasta incluyeron que se ventilaran cuestiones privadas. Esa metodología continuó -y prosigue-, por vías menos explícitas, pero con igual poder de fuego. En lo que se atribuye como parte de la pelea entre presuntos jaldistas versus supuestos manzuristas, en los últimos meses se distribuyeron por redes sociales noticias falsas apuntando, por ejemplo, contra Osvaldo Jaldo, Regino Amado, Carlos Cisneros y el propio gobernador, Juan Manzur. Pareciera que en la era de la digitalización masiva de las comunicaciones, ocuparse de la “cosa pública” es sinónimo de desprestigiar al otro, con falsedades o mentiras. Porque mientras proliferan las fake news, escasean las denuncias formales contra dirigentes o poderes del Estado. Eso sería lo que corresponde en una democracia sana.

So pretexto de esa habitualidad, muchos dirigentes buscan disfrazar verdades en aquellas campañas de mentiras: todo lo dudoso es atribuible a los tiempos de postverdad en los que la realidad es cada vez más relativa.

Un caso particular es el de la ley “Suizo Argentina”. La apuradísima aprobación del proyecto que benefició a la droguería generó dudas y reclamos de empresarios tucumanos de igual rubro. Ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo acusaron recibo. Se limitaron a manifestar que se trata de una iniciativa que trae recursos a Tucumán, que generará trabajo y que no se pueden desechar inversiones en tiempos de vacas flacas. Se añadió que la Cámara ya había hecho otras “leyes a medida”. Nobleza obliga, hay al menos dos casos similares. En diciembre de 2016 se promulgaba la Ley 8.950 a través de la cual se eximió del pago de los impuestos Ingresos Brutos y Salud Pública por el período de 10 años a la empresa Arcor, una de cuyas fábricas opera en Tucumán. A cambio, la firma se comprometió a invertir U$S 15 millones entre 2017 y 2020 y generar unos 150 puestos laborales. Un año después, se aprobaba la Ley 9.069, que facultó al Poder Ejecutivo a beneficiar con el reintegro de hasta un 30% de la inversión a la Cervecería y Maltería Quilmes, a cambio de una inversión de ampliación de la planta por poco más de $ 23 millones. Se trataron, en efecto, de dos “leyes a medida”, pero con características específicas diferentes al caso “Suizo Argentina”. En ambos, las fábricas están radicadas en Tucumán desde hace tiempo, no poseen una competencia local directa y los montos de inversión -en comparación relativa a valores actuales- eran mayores. Además, garantizaban la continuidad de dos plantas de larga trayectoria en la provincia. Pese a todo ello, en aquel momento también se cuestionó que sean leyes dirigidas y no que respondan a parámetros menos arbitrarios, como una ley de fomento general. De hecho, durante el alperovichismo, con iguales prácticas de leyes “con nombre” (como la recordada “ley Dinar”), se había aprobado la denominada “Ley Juri” (por su autor, Fernando Juri) con amplio respaldo, que preveía un programa de beneficios y de fomento para posibles inversores. José Alperovich jamás la promulgó.

Así, el apuro por cumplir con ciertos compromisos políticos o empresarios parece que se impone a la reflexión profunda sobre la conveniencia o la inconveniencia de aprobar rápidamente beneficios de este tipo. Es esperable -o debería serlo- que ante situaciones como esta se planteen dudas y se pidan explicaciones, tanto desde algunos sectores de la oposición como desde el de los propios dueños de laboratorios tucumanos, que pusieron el grito en el cielo. De todos modos, siempre gana la relativización de los hechos.


La “fuerza moral”

Algo similar ocurre con el caso de Ricardo Bussi, su victimización por la presunta campaña en su contra y el echar culpas sin fundamentos o pruebas. En la sesión de hace exactamente una semana, el líder de Fuerza Republicana utilizó una quincena de minutos para decirse víctima de su situación de enfermo de coronavirus y hasta de que se habría inventado que haya tenido la enfermedad para perjudicarlo. Fue más allá. En pleno recinto, recitó el nombre de periodistas y de medios que serían parte de esa “campaña”. Otra vez, en la era de la postverdad, relativizar todo es la mejor defensa. No dijo que jamás se atacó su condición de portador de la covid-19, sino su accionar despreocupado teniendo síntomas que podrían haber sido de esa enfermedad cuando en aquel momento ya se pedía que se aislara per se cualquier persona que pudiese tenerlos para evitar posibles contagios. Se comprobara o no luego la enfermedad. También atribuye a una campaña de desprestigio una dura denuncia en su contra. Una supuesta afiliada de su partido ratificó en Tribunales que habría sido víctima de abuso por parte del legislador. El escrito va más allá. Con detalles, la mujer menciona que habrían abierto una cuenta con su nombre por la que circularían cientos de miles de pesos y de que el parlamentario tendría contactos con fuerzas policiales, con abogados penalistas de renombre y que habría lanzado serias amenazas en contra suya para que no “hiciera lío”. Otra vez, la respuesta de Bussi fue, a través de un comunicado, que todo responde a esa campaña de desprestigio y a una denuncia que se habría radicado contra esa mujer por presuntas estafas. Hasta aquí, la fiscala María del Carmen Reuter habría encontrado elementos para pedir al juez que abra la investigación. La magistrada tendría pruebas para justificar su solicitud.

Habrá que esperar para ver si la Justicia alumbra en el mar de dudas y limpia el nombre del legislador. O Incluso halla a los culpables de la campaña contra Bussi o contra los otros funcionarios. O al menos salta la elevada valla de las mentiras verdaderas. O de las verdades mentirosas.

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