En busca de la Policía que hace falta

Atrapado entre el escándalo del crimen del obrero rural Luis Espinoza y la indecisión sobre la ley Antimotoarrebato, el Gobierno asiste al regreso paulatino de las condiciones de inseguridad que caracterizaron a Tucumán en los últimos tiempos. La realidad comienza a urgir a una Policía que se había habituado a la tranquilidad que le daba regular a una sociedad encerrada en la cuarentena, y afloran los reclamos y las dificultades para dar respuestas. Con el repunte de crímenes de un mayo sangriento, el panorama de 2020 parece anticipar que se superará la marca de 141 homicidios del año pasado, cuando esta fue considerada la segunda provincia más violenta del país.

Por lo pronto, los funcionarios esperan que el tiempo atempere la presión surgida con el asesinato del obrero de Monteagudo a manos de los policías de la comisaría de esa localidad, el 15 de mayo. Arresto irregular, tormentos y ejecución, desaparición y ocultamiento, práctica de los años de plomo de la dictadura, por la que quedaron detenidos nueve agentes, un vigía urbano y un allegado a un policía. Eso fue reflejado por la prensa internacional aunque no generó las movilizaciones universales del crimen de George Floyd en Minnesota (EEUU). En nuestro medio hubo repudios y justificaciones del Gobierno de que esos policías -que ya fueron enviados a prisión- son un caso aislado. Esa argumentación fue replicada por el Gobierno nacional, cuya ministra de Seguridad, Sabina Frederic, también dijo que se trataba de una situación singular, no generalizada, en la Policía tucumana.

Nuevas dudas

Pero dos episodios de esta semana volvieron a poner en duda estas justificaciones. Uno fue la dura crítica del Colegio de Abogados, que dice que el ministro Claudio Maley ha expuesto una “innegable mala praxis en el cumplimiento de su función sin que haya sido corregido por la cabeza de la administración” y que se desconoce el nivel de capacitación de la Policía en derechos humanos. ¿Capacitación? Esa palabra tiene alcances que se desconocen en las administraciones tucumanas. Se ha ignorado sin complejos la ley contra la tortura, se ha ralentizado hasta el paroxismo la ley Micaela (apenas en estas semanas están dictándose los cursos en la administración pública y en la Universidad) y la idea de cómo debería aplicar los derechos humanos un policía queda hecha trizas apenas salen casos de abusos de menor cuantía. El reclamo de los abogados suena como asordinado en una sociedad inundada de violencia, aunque, acaso, por tratarse de un asesinato, se escuche más que los constantes planteos de la organización Andhes, que suele mostrar con citas de casos concretos las violaciones a los derechos individuales ejecutadas sobre la población más empobrecida.

El otro episodio que pone en duda la teoría de los casos aislados ha sido el asalto, hace tres días, a la distribuidora de pollos Soychú, donde quedó detenido un policía que estaba cumpliendo servicio adicional, autorizado por la fuerza de seguridad a pesar de que se encontraba en situación pasiva porque afrontaba varias causas penales. En este caso quedó en evidencia, por un lado, la falta de controles sobre los servicios adicionales, que desde hace años constituyen una abultada “caja chica” de ingresos contantes y sonantes para la Policía y para los comisarios, y que fue consentida y aprobada por los poderes públicos tucumanos. También quedaron en evidencia los desvíos del sistema en una sociedad caótica, ya que, a propósito del caso de la avícola, los comerciantes revelaron a LA GACETA dos situaciones anormales. Una, que prefieren contratar a policías porque estos pueden hacer vigilancia armados y son más baratos que los servicios de seguridad privada (en el caso de los agentes públicos no se pagan cargas previsionales, que ya las paga el Estado). Otra anormalidad es que al contratar policías lo hacen por recomendaciones personales y no a través de la burocracia de las oficinas de la fuerza de seguridad. Desviaciones que vienen desde hace por lo menos 20 años sin que nadie haga nada por cambiarlas. Desde que la competencia desleal de la Policía con las agencias de Seguridad Privada fue establecida allá por 1995 por uno de los jefes de Policía del gobierno de Antonio Domingo Bussi.

En este marco de irregularidades y dudas están recrudeciendo los reclamos de la sociedad que observa que la flexibilización de la pandemia está dejando resurgir la inseguridad de antes: ahí están los reclamos en Tafí del Valle y en Concepción o la reaparición de los “rompevidrios” en el cruce de Roca y Alem, que esta vez hicieron víctima al diputado nacional José Cano.

Ley antimotociclistas

Los funcionarios están expectantes con que la ley antimotochorros, sancionada hace dos semanas en la Legislatura, pueda ayudar a cambiar las cosas frente al flagelo del motoarrebato. La norma está en casa de Gobierno, en proceso de reglamentación y aprobación por el gobernador Juan Manzur, tras haber sido acordada entre el Ministerio de Seguridad, los legisladores oficialistas y el Ministerio Público Fiscal, que es el área de la Justicia que está ejerciendo tareas de “Ministerio de Seguridad Paralelo” y que pretende -al decir del secretario judicial Tomás Robert- elaborar una política antimotoarrebato.

Pero la ley que los funcionarios policiales y el legislador Gerónimo Vargas Aignasse han justificado con vehemencia viola derechos individuales, al exigir que quienes circulan con acompañante en una motocicleta tengan que gestionar permiso; y además entrega a los policías de la provincia atribuciones que tienen los empleados viales de las municipalidades. Además de tener que atravesar cuestionamientos legales, la norma va a tener un reclamo mañana en la marcha que prometieron hacer los motoclicistas. Es que a partir de este cuasi engendro legal, van a entrar en la categoría de sospechosos de delitos cuando circulen de a dos en moto por el territorio tucumano.

Por lo pronto, ya los agentes policiales están haciendo pruebas piloto de control, dice el subsecretario de Seguridad, José Ardiles. Están tanteando, porque cuando se pongan en marcha los 120 controles cotidianos permanentes van a tener que reorganizar las tareas de los empleados policiales.

Algún efecto va a tener, aunque la historia legislativa reciente puede contabilizar la ineficacia que tuvo la ley para detener in fraganti a arrebatadores, “rompevidrios” y”escruchantes”. Funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial se han aplaudido y han coincidido en las propuestas de carácter represivo y llenas de detenciones de los últimos años. Pero esto ha llevado a tener cárceles y comisarías saturadas de detenidos y de presos, sin que la inseguridad y la violencia en las calles disminuyan. Al contrario.

Problemas que vienen

En poco tiempo más habrá que definir qué hacer con la ley que provincializa la lucha contra el narcomenudeo. Eso se sumará a los asuntos pendientes, que ya son casi problemas endémicos: ley de Contravenciones, servicios adicionales, tecnología obsoleta, falta de recopilación de datos criminales (el Ministerio Fiscal y la Policía dicen que están haciendo un mapa del delito) e infinidad de tareas invisibilizadas que de vez en cuando saltan en escándalos, como la mafia de las carreras cuadreras que se vio con el crimen de Espinoza. Hay una propuesta de cambio de la ley Orgánica de la Policía y de reorganización del sistema de seguridad, pero hasta ahora es sólo un anuncio, porque el Ejecutivo sigue estudiando el tema.

En el fondo, el problema es qué hacer para pacificar una provincia azotada por la violencia y la inseguridad con una policía que repite desde hace cuatro décadas los mismos esquemas. La política tucumana tampoco ha sabido dar respuestas excepto buscar más armas, más vehículos y más personal, sin estudiar los fenómenos que nos han llevado a donde estamos. Los cuatro años de debates interministeriales a través de la Comisión legislativa de Emergencia en Seguridad han sido una oportunidad perdida que, aunque ha empujado al debate sobre los asuntos pendientes, ha quedado empantanada en la crisis de violencia para la cual se vuelven a dar salidas carentes de estudio y sensatez. Sin que se defina cómo salir de la policía represiva, burocratizada -buena para expedir inútiles certificados de buena conducta pero que esconde sin saberlo gente incapacitada y con tendencia al desvío y la violencia- para avanzar hacia una policía ciudadana que todos dicen buscar, con autoridad medida y efectiva, confiable para la comunidad. Tomás Robert dijo que, cuando se comience a definir -en el Ministerio Público Fiscal- la “política criminal contra el arrebato”, se citará a criminólogos de la Universidad nacional. En realidad, la sociedad entera debería participar del debate sobre la seguridad. La Policía y la política han demostrado que necesitan esa ayuda.