Las organizaciones sociales esperan un nuevo decreto del Gobierno

Referentes del Frente Popular Darío Santillán y de Libres del Sur advirtieron que realizarán medidas de fuerza si no se retrotraen las medidas de ajuste. Piden que el reparto de subsidios a personas desde la Secretaría General de la Gobernación vuelva a habilitarse.

11 Ene 2020
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EN LA PLAZA. Heredia, del Frente Popular Darío Santillán, anticipó que marcharán si no se modifica el decreto. la gaceta / foto de ANTONIO FERRONI (archivo)

Las organizaciones sociales atraviesan una situación de incertidumbre. Luego de diferentes reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo para revisar si las medidas de ajuste dictadas por el gobernador, Juan Manzur, alcanzan los fondos para dar asistencia a familias, surgió el compromiso de rectificar el artículo que pone en suspenso los subsidios otorgados por la Secretaría General de la Gobernación.

El decreto-acuerdo 1, del 6 de enero, establece la suspensión del pago de la última cuota de la paritaria de 2019 con “cláusula gatillo”, congela los salarios de altos funcionarios y reduce los viáticos, entre otros puntos. El artículo 13 de este instrumento generó preocupación entre las organizaciones sociales: “solamente podrán otorgar subsidios a personas el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias”.

Los integrantes del gabinete de ministros confirmaron que ya tienen redactado y firmado un nuevo decreto acuerdo para modificar ese artículo y dejar fuera de la medida a los subsidios que puede entregar a personas la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Silvia Pérez. El instrumento aguarda por la rúbrica de Manzur.

A la espera

“Hasta que no tengamos firme el nuevo decreto que nos prometieron, nos mantenemos en estado de alerta. Estamos en una especie de limbo”, expresó a este diario el referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), Hugo Heredia.

“Hacemos un llamado a la unidad, la solidaridad y la más amplia movilización de todos los sectores populares que se vean afectados por estas medidas. Reafirmamos que en el actual contexto por el que atraviesa la provincia no hay margen para que la crisis recaiga en los sectores populares. Que el ajuste no lo paguen los trabajadores ni los que menos tienen”, fue una de las conclusiones expresadas tras el plenario de Barrios de Pie y que fue rubricada por los dirigentes José Argañaraz, Lucas Gómez, Víctor Rocha, Marisa Romano, Vilma Rodríguez, Margarita Majada, Nilda Acosta, Karina Banegas, Olga Galarce y Darío Montivero.

Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, Frente de Organizaciones en Lucha, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Movimiento Popular de la Dignidad, entre otros, son las agrupaciones de militancia barrial que se verían perjudicados por el decreto de ajuste, ya que reciben fondos para personas en situación de vulneración de derechos a través de distintos despachos del Gobierno.

Heredia, del FPDS, adelantó que se mantienen comunicados con referentes de otras organizaciones sociales y que si no se retrocede con la medida dispuesta en el decreto, realizarán medidas de fuerza.

Los referentes de Barrios de Pie también rechazaron la medida y prometieron protestas. “Llamamos a la reflexión a Manzur y su equipo. Apoyaremos las medidas tendientes a la sustentabilidad de las cuentas públicas, y creemos en ese sentido que la reasignación de partidas y reducción de gastos son válidos en situaciones como las actuales. Pero bajo ningún punto de vista éstas deben afectar ni ajustar áreas como las destinadas a la atención de los sectores vulnerables, ni los ingresos de los empleados estatales (muchos de los cuales están en los límites de la pobreza)”, expresaron. Y agregaron en el documento: “rechazamos la suspensión de la ‘cláusula gatillo’ y la supresión de la partida 125, para el pago de Programas Provinciales a los más vulnerables. Es una decisión descontextualizada, unilateral e inconsulta. Que el ajuste no lo paguen los que menos tienen. Nos declaramos el estado de alerta y movilización para enfrentar las posibles consecuencias de este ajuste”.

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Juan Manzur
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