Tres problemas que motiva la “desfederalización”

Por Pablo Camuña, fiscal Federal N° 2 de Tucumán.

13 Sep 2019

La iniciativa bajo discusión de “desfederalizar” las investigaciones por algunos delitos de la ley de estupefacientes, pasándolas al fuero penal provincial, debería partir de un análisis lo más complejo posible del problema a resolver. Como en toda política criminal, los datos estadísticos, la opinión cualitativa de actores involucrados y expertos o la comparación de experiencias ya probadas aproximan una idea sobre si determinado dispositivo mejorará la situación o, por el contrario, generará mayores gastos con un menor impacto en la comunidad.

Si el problema se relaciona con el funcionamiento del fuero federal, un análisis de su desempeño pasaría a ser el piso desde el cual parta la nueva política. En los últimos cuatro años el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la judicatura federal desbarataron al menos una docena de organizaciones narcocriminales. Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, Tucumán ocupa el cuarto lugar en Argentina en cantidad total de “kioscos” barriales de drogas desmontados; no menos de 150 personas fueron condenadas por delitos de la ley de estupefacientes (con condenas severas en muchos casos) y otras tantas están bajo proceso en etapas previas. La persecución del consumo o de tenencias insignificantes ocupa estadísticamente cada vez menos recursos, que se centran en la investigación de organizaciones y de venta al menudeo.

Para anticipar

Si se trata de replicar modelos exitosos, debería pensarse que en provincias como Buenos Aires, Córdoba o Salta, donde se adhirió a este sistema (previsto en las leyes nacionales 26.052 y 27.502). En dichos distritos se presentaron problemas de implementación que deben ser anticipados.

1. Las “zonas grises”. El principal punto ciego en este régimen (lo que intenta abordar la ley 27.502 de abril de este año) es la existencia de un sinfín de situaciones intermedias entre una organización narcocriminal de proyección internacional y un “kiosco” barrial que vende dosis para consumo. Un fenómeno único, el narcotráfico, se ve escindido en dos jurisdicciones con contextos procesales y prácticas de investigación muy distintas bajo el principio de que una de ellas perseguirá el microtráfico y la otra, la narcocriminalidad organizada. Esto plantea cuestiones conceptuales esenciales para el funcionamiento: ¿Qué es narcomenudeo y qué no? ¿Quién lo determinará? ¿La Policía provincial o las fuerzas federales? ¿Los fiscales o jueces provinciales o los federales? ¿Quién investigará a los proveedores de los llamados “kioscos”, si la Justicia federal no tiene conocimiento de las investigaciones por microtráfico? Si no existe una decisión y un dispositivo adecuadamente reglamentado de coordinación entre fiscales y jueces federales y provinciales, el sistema perderá valiosos recursos y tiempo en una serie infinita de disputas de competencia.

2. La persecución del consumo. Las justicias provinciales que adhirieron a este sistema han tendido a desandar, sobre todo en sus primeros años, un camino que costosamente la administración de Justicia federal viene transitando. En esas jurisdicciones se intensificó sensiblemente la persecución del consumo y de la tenencia de cantidades ínfimas de estupefacientes, lo cual no tiene más que un efecto estadístico o publicitario -demagogia punitiva, como se dice ahora- pero ningún efecto en los niveles de consumo o disminución de la violencia. Esta tendencia debería evitarse: encarcelar consumidores o acusados de delitos menores, además, es difícil de combinar con una severa crisis carcelaria en la que faltan lugares de alojamiento.

3. La necesidad de infraestructura. El fuero federal tiene hoy unos 10 pisos con unos 300 empleados, funcionarios y magistrados, que trabajan en casos desde la denuncia inicial hasta la ejecución de la sentencia, pasando por el juicio oral. La Provincia deberá afrontar una serie de ingentes gastos para dotarse de estructura, personal, capacitación, laboratorios, protocolos de actuación, etcétera, que han generado en otras jurisdicciones la paralización de muchas investigaciones ante la falta o demora de los aportes de la Nación que la propia ley prevé. Para no mencionar la crisis carcelaria.

Salud pública

Si el problema que se busca resolver, en cambio, se centra en la grave afectación a la salud pública que implica el consumo de estupefacientes o la violencia relacionada con su comercio a menor escala, la respuesta que puede dar la Justicia penal, con cualquier sistema, siempre será residual. Se ha demostrado ya con creces que las políticas punitivas no tienen mayor incidencia sobre el consumo y los problemas para la paz social. En las sociedades más avanzadas, los modelos ponen cada vez mayor acento en la reducción de la demanda y el tratamiento de las adicciones. El cambio de sistema representa una oportunidad única para regular seriamente la articulación del fuero penal con instancias de salud y desarrollo social.

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