Saldos insuficientes

12 Sep 2019 Por Marcelo Aguaysol

¿Cómo se resuelven los problemas financieros cuando no se tiene liquidez en un período determinado? Cualquier persona que esté bancarizada generalmente recurre al uso del descubierto en la cuenta corriente bancaria hasta tanto tenga los fondos necesarios para afrontar las obligaciones. De esa manera, se disimulan situaciones que, en muchos casos, pueden ser coyunturales. La situación es más complicada cuando se trata de un Estado. En los últimos meses, esa práctica ha sido habitual. El Poder Ejecutivo apela al descubierto para cubrir las obligaciones salariales de los casi 110.000 empleados de la administración pública provincial y lo cancela en los 10 días hábiles posteriores al uso de esa suerte de crédito de corto plazo. La situación no es tan traumática porque la Provincia tiene los fondos de coparticipación federal de impuestos desafectados y, por lo tanto, alcanzan para cubrir aquel bache fiscal.

La siguiente pregunta que surge es: ¿hasta cuándo podrá aguantar esta situación la Provincia? La respuesta es, por ahora, incierta. Las complicaciones financieras no son tan graves como en otros distritos patagónicos en los que el retraso salarial ya llega a los 30 días. Y, frente a la crisis económica nacional, las gestiones provinciales están cayendo como fichas de dominó. Las medidas económicas adoptadas por la gestión del presidente Mauricio Macri trastocaron, en parte, las proyecciones financieras. La reducción en el impuesto a las Ganancias y la eliminación del IVA en los alimentos de primera necesidad son dos acciones que indudablemente golpean las finanzas provinciales porque se trata de impuestos coparticipables.

¿Qué harán los gobernadores frente a esta situación? En los próximos días habrá planteos de un grupo de provincias para que la Casa Rosada apele a una de las herramientas de su invención, con el fin de compensar a las provincias afectadas por la baja en la recaudación de impuestos coparticipables. Se trata de un pedido de “reperfilamiento” de la deuda que las jurisdicciones del interior tienen con la Nación, el principal acreedor. Una de las propuestas analizadas con funcionarios del Ministerio del Interior tiene que ver con la suspensión de los pagos, hasta fines de año, del capital y de los intereses del endeudamiento provincial. La idea es que la Nación postergue los vencimientos hasta el año que viene y que lo cobre en cómodas cuotas durante todo el período. A Tucumán, esta operatoria podría implicarle un ahorro de entre $ 1.500 millones y $ 2.000 millones. Con esos recursos, la administración del gobernador Juan Manzur se olvidaría del descubierto y cerraría toda la ingeniería financiera hasta fin de año. La cuestión no es menor; tampoco la negociación con el Gobierno nacional que se da justo en la recta final de una nueva batalla electoral, con las presidenciales a la vista.

La otra propuesta es más complicada: algunos ministros provinciales están motorizando la idea de apelar a la emisión de cuasimonedas. El inconveniente que se les presenta será la inmediata negativa del Gobierno nacional a autorizar cualquier tipo de operación de esta naturaleza. Las provincias más comprometidas están analizando la posibilidad de plantear a esta o a la próxima gestión nacional sus intenciones de reflotar las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), como un intento de generalizar los problemas financieros. El principal argumento que se esgrimiría es que se trata de una cuasimoneda de alcance federal y que podría ser regulado por el poder central, si fuera necesario. Hoy la vuelta de los bonos asoma como una utopía. Pero la política argentina está llena de ellas.

La crisis ya se ha expandido. La inflación volvió a las andadas desde el momento mismo en el que el peso se devaluó con fuerza tras el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los salarios han perdido terreno con fuerza y las cláusulas gatillo se han convertido en una pesadilla para toda aquella administración de gobierno que prometió su uso. De allí es que la dirigencia (oficialista y opositora) está bregando por un amplio acuerdo económico y social. La cuestión es que todos juegan contrarreloj y, así, siempre las necesidades de coyuntura priman por sobre las decisiones de fondo. Esto también queda siempre al descubierto.

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