Salvaron sus cargos los jueces de Paz que intervinieron en casamientos fuera de Tucumán. Por unanimidad, la comisión de Juicio Político de la Legislatura archivó el martes los pedidos de destitución que pesaban contra José Luis Guerra (El Manantial), Josefina Penna (Yerba Buena) y Juan Cipriani (Gonzalo, Trancas). Zacarías Khoder, presidente del comité, comentó que cerraron los procedimientos porque no había “pruebas fehacientes” para avanzar en una acusación de mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento. “Existe una orfandad normativa en la materia (de los casamientos a domicilio) que nos impide saber si los funcionarios obraron mal”, explicó el legislador oficialista.
La decisión de archivar prosperó con los votos de los justicialistas Khoder, Sara Assán, Enrique Bethencourt, Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez y Norma Reyes, y del opositor Alberto Colombres Garmendia. Los oficialistas Nancy Bulacio, Christian Rodríguez, José Gutiérrez y Reneé Ramírez, y el radical Eudoro Aráoz faltaron a la reunión. El presidente de la comisión dijo que los casos de Guerra, Penna y Cipriani habían revelado la necesidad de legislar sobre los enlaces celebrados fuera de los juzgados, y las potestades disciplinarias de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Un proyecto en debate entre las autoridades del Gobierno y de la Justicia procura regular este servicio que hasta la fecha sigue siendo discrecional, y que reporta ingresos informales y adicionales al sueldo oficial de los jueces de Paz.
Luego de analizar el orden jurídico, los legisladores consideraron que no había una causal “con entidad suficiente” para echar a los funcionarios que intervinieron en bodas en Cafayate, Salta (Guerra y Penna, por medio del empleado Gonzalo Paz) y en Termas de Río Hondo (Cipriani). En cuanto a la circular de 2018 del Registro Civil que precisaba que los jueces de Paz sólo podían celebrar matrimonios en sus jurisdicciones, previo pedido de permiso para sacar los libros de la oficina, los representantes del pueblo expresaron que no constaba que tal comunicación de la directora Carolina Bidegorry haya sido notificada a sus destinatarios.
“Estas circulares evidencian, por un lado, que existía la necesidad de impartir instrucciones precisas sobre el modo en el que las facultades debían ser ejercidas y, por el otro, la ausencia previa de instrucciones sobre el particular”, dijeron los legisladores en las decisiones de archivo.
Las denuncias habían sido presentadas entre mayo y junio, e implicaron un récord de cuestionamientos para la Justicia de Paz -la comisión a cargo de Khoder aún debe resolver la situación de Lídoro Alberto Macedo, titular del despacho de San Pablo trasladado a Tacanas, respecto de las presentaciones que le asignan numerosas irregularidades, aunque no bodas fuera de los límites provinciales-.Todas las solicitudes de expulsión llevan la firma del abogado Gustavo Morales mientras que Mario Vittar, agente de la Junta Electoral Provincial, rubricó también las peticiones atinentes a Guerra y a Macedo.
Renuncia en el Gobierno
Guerra, quien pidió una licencia por enfermedad en la época de la presentación de su denuncia, luego renunció a su puesto para acceder a la jubilación con el 82% móvil. Esta dimisión debe ser aceptada por el gobernador Juan Manzur para surtir efectos jurídicos. El titular del despacho de El Manantial había sido objetado por su intervención en la fiesta salteña de Santiago Seiler y de Isabella Judith Silva Castejón (ciudadana venezolana). Guerra no contestó los llamados de este diario.
La denuncia de Penna refiere que esta participó en la ceremonia en Cafayate de Giselle Ortega y de José Carbonell (h). En ese supuesto, fue Paz, empleado del Juzgado de Yerba Buena, quien aparece en el rito. “Paz sólo leyó el acta (en Cafayate) y se firmó una hoja en blanco: es lo que se estila”, explicó en su momento Penna, quien afirmó que ella estaba “limpita”. La jueza de Yerba Buena informó que cobraba entre $ 2.000 y $ 2.500 por enlace a domicilio (una consulta de mayo con otras fuentes reveló que la tarifa, en algunos despachos, podía llegar a $ 6.000). Y añadió: “es más redituable cuando vas a dos (por día) porque con el importe del primero cubrís los costos y el del segundo ya te queda. Yo trato de tener las manos bien porque son lo único que sale en la foto cuando firmás el acta, pero también hay que ir vestida adecuadamente”.
Cipriani fue objetado por intervenir en la boda de Nicolás Graña y de Luz María Santos Bollea en Santiago del Estero. El juez de Paz aseguró que el casamiento civil ocurrió en una casa de Yerba Buena y no en Termas, donde sólo fue a “recrearlo”. “No existe, a decir verdad, un territorio definido para ejercer la función de oficial público del Registro Civil. Tampoco existiría un impedimento para que case un empleado. Pienso que podría hacerlo en una situación de emergencia. ¿A quién no le gustan las reglas claras? A mí me encantaría que podamos reducir la discrecionalidad y la arbitrariedad”, opinó. Si bien se negó a informar cuánto cobraba por matrimonio, Cipriani manifestó que los cuestionamientos lo ofendían en su condición de persona de bien.
