Envión peronista para acomodarse a dos escenarios

14 Jul 2019 Por Juan Manuel Asis

Los gobernadores peronistas, como Manzur -ya tranquilo con su reelección-; los justicialistas que van a asumir como nuevos mandatarios, como Omar Perotti en Santa Fe, y el resto de los opositores a la gestión nacional con responsabilidad en los ejecutivos provinciales, tienen la obligación de ganar las elecciones de diputados y de senadores nacionales en sus distritos, no sólo para aportarle votos a la fórmula presidencial que respaldan sino, y principalmente, por si llega a imponerse el binomio que componen Macri y Pichetto.

Es una cuestión de supervivencia política e institucional: deben prepararse lo mejor posible no sólo para triunfar, sino para enfrentar el peor de los escenarios. La capacidad de negociación de los jefes provinciales con la Nación depende bastante del número de congresistas que les respondan, porque representan sus intereses políticos, y el de sus respectivas provincias, dicho en términos institucionales. Son las cartas con las que pueden jugar en la mesa de las discusiones a la hora de tratar sobre recursos y obras públicas a cambio de leyes que le importan al poder central.

Cuanto mejor sea la performance electoral, más ventajosa será la posición de los gobernadores opositores para pararse lo menos débiles de rodillas frente a un panorama nacional adverso. A mayor cifra de parlamentarios propios, más amplia la sonrisa por si la dupla capicúa, la de los Fernández, finalmente tropieza en las urnas. Por el momento, Manzur cuenta con dos diputados de su riñón y tiene dos ex aliados como senadores -habrá que ver cómo juegan a futuro José Alperovich y Beatriz Mirkin frente a los dos escenarios nacionales posibles-; y podría llegar a contar con cinco o seis representantes propios en la Cámara Baja.

Ya cuenta con Pablo Yedlin y con Gladys Medina, y podría sumar a Mario Leito, a Mabel Carrizo y a Carlos Cisneros en caso de que se repitan los resultados de los últimos comicios provinciales, donde el oficialismo superó los 500.000 sufragios. Sin embargo, si las 100.000 adhesiones que obtuvo el alperovichista Hacemos Tucumán regresan al redil peronista, la suma podría ser un poco más amplia en favor del Gobierno, y el PJ podría llegar a imponer hasta un cuarto candidato: Graciela Gutiérrez.

Recuérdese que el senador pidió a los suyos sumarse al oficialismo tras ser derrotado y que hubo un aplaudido saludo de Manzur y Jaldo con Sara Alperovich, el jueves pasado, en la entrega de los diplomas a los electos. Hay que sumar a todos y para todo. Frente a una posible victoria de Macri, el gobernador podría quedar más que conforme de cara al tiempo de duras tratativas que sobrevendrían con el poder central si consigue estructurar un sólido y numeroso bloque de diputados.

Ahora bien, si toda esta especulación se llegase a verificar, y si Domingo Amaya se consagra como el único representante “opositor” provincial en acceder a una banca de diputados, se produciría algo extraño, e histórico; la rareza política de que Tucumán tendría ocho diputados peronistas y sólo uno radical: José Cano. Curiosidad que dice que los peronistas se han puesto de moda en términos electorales; máxime si observamos que en las tres principales fórmulas presidenciales, de los seis postulantes, cinco son peronistas. Debe ser dolorosa e incómoda esta realidad para los antiperonistas, a los que sólo les quedaría reelegir al actual Presidente. A los compañeros tampoco debe caerles simpática tanta dispersión de los propios.

Sin embargo, hay que prestarle atención a otras posibilidades, en especial a las consecuencias de la dedicación y el empeño, poco o mucho, que podrían ponerle los jefes territoriales provinciales a los comicios nacionales. Por ejemplo, al envión de los gobernadores peronistas por ampliar su hegemonía política en el plano nacional -logrando más bancas para sus provincias-; y a la pelea, palo y palo, que se va a dar en Buenos Aires. El combo puede provocar una sumatoria tal que derive en el triunfo de los Fernández.

Y si el impulso desde el interior es significativo y efectivo, hasta se podría pensar en una victoria del peronismo en primera vuelta. Un sueño que, desde que hay balotaje, sólo concretaron Menem (1995) y Cristina (2007 y 2011). Sin embargo, se sostiene que la polarización nacional es sobre porcentuales tan similares desde ambas trincheras que la segunda vuelta parece inevitable.

Cuestión de esperar y observar hacia dónde va la opinión ciudadana, que por ahora sólo recibe como acción proselitista muchas chicanas y golpes bajos de parte de los protagonistas. Nada de propuestas sobre qué harán para mejorar el país y asegurarles más bienestar a sus habitantes. En ese marco, demasiada pobreza todavía.

Punto de inflexión

En fin, se va hacia las PASO y a las generales en medio de estimaciones, atendiendo encuestas y especulando sobre los resultados y sus efectos políticos e institucionales de cara al próximo mandato. En Tucumán, los contornos de ese futuro mandato ya fueron delineados el 9 de junio, tras las elecciones provinciales, sobre las que, con las lecturas de sus números obliga a considerar una posible reforma política. Otra vez.

Veamos: si realmente existen más de 100 ideologías distintas, como se supone a partir de que hay más de esa cantidad en estructuras partidarias reconocidas en la provincia, entonces la próxima Legislatura debería albergar a 20 bloques parlamentarios diferentes, de acuerdo con los resultados de los comicios del 9 de junio. ¡Veinte ideologías distintas! Ellos serían: Frente Justicialista por Tucumán (con 13 legisladores), Fuerza Republicana (con 8), Acción Regional (5), Hacemos Tucumán (4), Vamos Tucumán (2), Partido por la Justicia Social (2), Tucumán Innovador (2) y Tucumán en Positivo, Marea Verde, Militancia Popular, Libres del Sur, Frente Solidario Laborista, Viva la Ciudad, Nuevo Espacio Popular, Nueva Organización Social, Partido de los Trabajadores, Comunidad en Organización, Movimiento de Integración Federal, Partido de la Justicia y la Victoria y Partido de la Renovación y la Dignidad; todos ellos con un representante.

Sin embargo, como las ideologías no son tantas, y por más que pesen el protagonismo y las ambiciones individuales a la hora de constituir unibloques, finalmente habrá una cifra menor de grupos en el cuerpo legisferante; como ocurre siempre después de cada elección provincial desde 2007. Se podría decir que lo que el sistema de partidos fragmenta en materia de listas para los comicios, el acople lo une luego de la votación en el recinto parlamentario. La política detrás de sistema de partidos y del régimen electoral que rigen en la provincia.

Lo que parece una complicación institucional debido a tamaña fragmentación se podría superar -si la dirigencia quiere, claro- apuntando más al sistema de organizaciones partidarias en Tucumán. No puede ser tantos, pero los hay, la ley favorece y facilita la existencia de decenas de estructuras políticas. Recuérdese que llegó a haber más de 700 organizaciones en la provincia. Los partidos tienen raigambre constitucional, son claves en la vida democrática, pero las facilidades para constituir uno son demasiadas. Dirigente que no tenga un partido propio no merece tal condición.

El resultado de la normativa no sólo es la multiplicidad de organizaciones y las dificultades que de ello resultan en el cuarto oscuro -con 60 boletas para elegir dispersas sobre los pupitres-, sino que también terminan afectando el nivel de representatividad de los elegidos.

Porque a mayor cantidad de partidos compitiendo en las urnas se necesitan menos votos para acceder a una banca: 8.650 en la Capital, 12.900 en el Este y 16.700 en el Oeste. Una relación inversamente proporcional que deriva en que a menor cantidad de partidos, mayor representatividad de los electos. Las matemáticas abren la puerta a una necesaria reforma política.

Colateralmente, vale decir que 360.000 ciudadanos que acudieron a votar el 9 de junio, o sea el 34% del padrón electoral, eligieron un candidato a legislador que no llegó a la Cámara. Optaron por los derrotados y se quedaron sin quien los represente en el Poder Legislativo. Es una situación que obliga a pensar en la calidad institucional de la provincia y que llama a dirigir las miradas hacia en el sistema de partidos, principalmente, y hacia el esquema de colectoras que rige desde 2006, a los fines de mejorar los niveles de representación de los electos. Para ello se podría actuar a dos puntas.

Sin embargo, en función de la normativa es más fácil atacar por el lado de la ley orgánica de partidos políticos (5.454) que por el lado de reformar la Constitución, que es la que da vida al acople. Modificar los requisitos para obtener la personería jurídica podría ser una alternativa a considerar. En ese sentido, vaya un dato curioso que surge de los últimos comicios: 36 de los partidos que se presentaron a competir consiguieron menos votos que la cantidad mínima de afiliados que se necesitan para ser reconocidos como organización política: 4.880, el cuatro por mil del padrón, según la legislación.

Lo que es peor, hubo varios partidos que no consiguieron ni un voto en las comunas rurales, lo que significa que ni los propios candidatos se votaron a sí mismos. ¿Para qué existen esos partidos entonces? Según la ley, sólo después de cinco elecciones consecutivas obteniendo tan mal resultado (en realidad menos del 3% del total de votos) pueden perder la personería jurídica. O sea que, mientras tanto, ¡pueden sobrevivir 20 años! Además, como alguna vez mencionamos, de los 102 partidos reconocidos, 88 están radicados en San Miguel de Tucumán, más o menos ¡uno por cada kilómetro cuadrado capitalino!

En suma, después de cada votación, en función de la multiplicidad de la oferta electoral y de las dificultades que eso les provoca a los votantes, hay total coincidencia sobre la necesidad de modificar las reglas de juego, aunque finalmente, nadie le pone el cascabel al gato. Deuda pendiente que lleva años.

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