Otra denuncia cuestiona el desempeño de la jueza de Paz de Yerba Buena

La segunda presentación ingresó ayer.

04 Jun 2019 Por Irene Benito
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JUEZA DE PAZ CON DOS PEDIDOS DE DESTITUCIÓN. Josefina Penna, titular del Juzgado de Yerba Buena.

La comisión de Juicio Político de la Legislatura recibió la cuarta denuncia contra integrantes de la Justicia de Paz y la segunda referida a Josefina Penna, jueza de Yerba Buena, en menos de un mes. La nueva presentación ingresó ayer y cuestiona a la funcionaria por su intervención en 16 procesos judiciales que involucran a la firma Moviser SRL. Según el denunciante Gustavo Morales, Penna no se excusó en esas causas pese a que la empresa pertenece a sus parientes políticos y le otorgó beneficios indebidos. Consultada al respecto, la jueza prefirió no hacer comentarios (se informa por separado).

La denuncia afirma que Penna incurrió en mal desempeño y debe ser destituida, y citó como prueba las causas de Moviser SRL, compañía con domicilio en Yerba Buena. Morales expresó que Penna estaba obligada a inhibirse en esas actuaciones judiciales porque Moviser SRL pertenece a tres ex cuñados: los cónyuges Mariana Jiménez Montilla y José Maximiliano Wagner, y Máximo Jiménez Montilla. “Penna estaba casada con Marcos Jiménez Montilla”, precisó el denunciante (se trata del hijo del vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Carlos Enrique Jiménez Montilla).

“La jueza de Paz prodigó un trato preferente a esa empresa de manera impúdica: no sólo no se apartó en tiempo útil, como era su deber inexcusable, sino que también generó maliciosas demoras en la tramitación de las notificaciones”, reprochó. El abogado dijo que esas “faltas” pueden ser apreciadas en el concurso y la quiebra de Moviser SRL, y en juicios laborales, de cobro ejecutivo y de ejecución fiscal iniciados contra esa empresa. Por separado, Morales relató que la actuación de la jueza de Paz había dado lugar a la promoción de un juicio de redargución de falsedad (proceso dirigido a destruir la fe pública de un instrumento) por parte de su colega Pablo Cifre, que es directivo del Colegio de Abogados de la Capital.

La acusación contiene una reflexión final. “Dada la extrema gravedad de la problemática del funcionamiento de los juzgados de Paz, entiendo que es procedente que la comisión de Juicio Político me reciba no sólo para ahondar sobre los detalles del mal desempeño atribuido a la titular del Juzgado de Paz de Yerba Buena, sino para proponer arternativas en el corto y el mediano plazo tendientes a que dichas oficinas presten un adecuado, eficiente y transparente servicio a la sociedad”, dijo Morales.

Tres acusaciones de mayo

La ola de denuncias contra jueces de Paz se desató por el hallazgo de que tres de ellos habían intervenido en matrimonios fuera de la provincia. El 9 de mayo, Morales y Mario Vittar, agente de la Junta Electoral, cuestionaron a José Luis Guerra, titular del Juzgado de Paz de El Manantial, por haber participado en un enlace en Cafayate, Salta. Una semana después, Morales pidió la destitución de Penna por los mismos hechos que Guerra, con la diferencia de que, según esa primera acusación, la funcionaria no fue personalmente al casamiento en una bodega cafayateña, sino que envió a un empleado de su oficina, Gonzalo Paz. Además, el letrado cuestionó a Penna por no haberse apartado en el juicio iniciado en su contra y en la de Jiménez Montilla para cobrar las expensas adeudadas al consorcio del country Las Yungas. El 29 de mayo, el mismo abogado solicitó la expulsión de Juan Cipriani, juez de Paz de Gonzalo (Trancas), por su actuación en un casamiento en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

La comisión de Juicio Político del Poder Legislativo que encabeza el legislador oficialista Zacarías Khoder resolvió por unanimidad trasladar las denuncias a Guerra y a Penna, quienes han de brindar explicaciones sobre las bodas en provincias vecinas. Si bien días después de que trascendiera la polémica Guerra presentó la renuncia para acogerse a la jubilación con el 82% móvil, esta aún no fue aceptada por el gobernador Juan Manzur y, por ende, el proceso de destitución sigue en marcha. En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dio el primer paso para definir si abre una investigación interna en los juzgados de Penna y de Cipriani, y, eventualmente, aplica sanciones.

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