La violencia abandonada

Matías Lorenzo Pisarello
Coordinador Área de Seguridad y Derechos Humanos (Andhes)

Que en Tucumán la violencia fue creciendo en los últimos años nadie podría negarlo. Desde el año 2015 al año 2019 aumentaron exponencialmente los homicidios en ocasión de robo. El ex secretario de Seguridad, Paul Hofer, había manifestado que sólo se habían cometido 11 de esos homicidios en todo el 2015. Cuatro años después, en apenas 4 meses, ya se contabilizan al menos 18 de igual tenor.

Siguiendo ese mismo patrón de violencia, el informe elaborado en el año 2017 por el INDEC, en el marco de la Encuesta Nacional de Victimización, determinó que Tucumán es la segunda provincia del país con más robos con violencia. En el mismo año, en su informe presentado ante la Comisión de Emergencia en Seguridad, el actual Ministro de Seguridad Claudio Maley dijo que la “nueva generación de delincuentes” es temeraria, inescrupulosa, y depredadora.

Entonces surgen las preguntas: ¿qué hizo el Estado para reducir los delitos violentos ¿qué políticas públicas se diseñaron y cuales pudieron llevarse a cabo?; ¿puede considerarse que algunas fracasaron y otras fueron exitosas?; ¿alguien podría explicar hacia dónde vamos?

Por lo pronto tenemos algunas certezas. Cada vez que el gobernador hace una declaración sobre el tema expresa que durante su gestión se hizo la inversión económica más grande de la historia en materia de seguridad, sin explicar planes ni programas que avalen esos supuestos gastos. Esa falta de programas y objetivos es una constante de los últimos años.

En el 2011, cuando asumió como Jefe de Policía, Jorge Racedo dijo como carta de presentación que “La gente quiere ver a la Policía en la calle”. En el 2013, Jorge Gassenbauer como Ministro de Seguridad, prometió crear un Departamento Judicial que se ocuparía de la investigación de cada delito. Cuando asumió Paul Hofer como Secretario de Seguridad dijo que trabajaría para mejorar la calidad e imagen de la institución policial. En el año 2016 el Ministerio de Seguridad implementó el programa “puntos rojos” que implicaba marcar en un mapa el lugar y tipo de delitos cometidos para luego colapsar la zona con agentes policiales. En diciembre del 2017 al asumir José Díaz como Jefe de Policía dijo que quería “que los vecinos confíen en el agente que está en la calle porque es la primera línea de combate del delito”. En los primeros meses del 2019 Manuel Bernachi asumió como Jefe de Policia y manifestó lo mismo que en el 2011: querer a la Policía en la calle.

Pero eso no es todo, estos últimos días escuchamos al Ministro Fiscal Edmundo Jiménez decir luego de un mega operativo en el barrio Oeste II que el efecto colateral (del operativo) es una mejor situación de vida de las personas que habitan ahí. Lo afirmó apenas 12 horas después que los 450 agentes de seguridad habían abandonado el barrio y sin ningún tipo de evaluación posterior de semejante operativo.

9 años con lo mismo. Ni un plan ni un programa ni un objetivo a mediano plazo.

Nos encontramos entonces con respuestas espasmódicas, sin sustento, hechas para salir del paso al hablar de hechos de trascendencia pública. Se repiten los discursos que plantean la necesidad de nombrar más policías que patrullen las calles de la provincia, de municipalizar la gestión policial, de construir nuevas cárceles, de realizar procedimientos de saturación en los barrios más humildes y como si fuera poco, con propuestas para castigar como conductas contravencionales a limpia-vidrios, cuida-autos, prostitutas y mendigos (figuras incorporadas en el proyecto de código contravencional del PE).

Esas respuestas espasmódicas cuentan con apoyo de oficialistas y algunos opositores. Por ejemplo, el legislador Marcelo Caponio hace pocos meses pidió “delincuentes muertos”; el ex gobernador José Alperovich sugirió que se debía gobernar desde la Jefatura de Policía y “volver a pedir documentos durante un tiempo”; y el hijo del genocida Bussi pide el Ejército en la calle como uno de sus ejes de campaña.

Todas son respuestas demagógicas que se pretenden instalar como solución mágica a la “inseguridad”, aunque ninguna de ellas aborda las causas que motivan la conflictividad social. Se matarían y encarcelarían miles de personas y el problema original seguiría sin resolverse. No existe una sola propuesta basada en el diagnostico situacional. No se plantea la necesidad de mejorar la recopilación de información, de crear nuevos y modernos centros de recepción de denuncias. Nadie intenta averiguar las razones de lo que está sucediendo. ¿Por qué hay personas dispuestas a matar por una moto o un celular? ¿Sabe la dirigencia política las razones del exponencial aumento de los homicidios en ocasión de robo? Si muchos de los homicidios están relacionados al robo de motos, ¿alguien investiga para saber dónde están los desarmaderos o por qué un simple ciudadano elige comprar esas motos robadas? ¿Quiénes son los dueños de los locales donde se desbloquean los celulares robados? ¿Hay una relación directa entre la creciente violencia con el desplome económico? ¿Quién investiga la conexión policial con la comisión de delitos? ¿Los casos de Pineda, del ex subdirector de la Digedrop y de los policías denunciados por un compañero en Lules son hechos aislados o forman parte de una institución descontrolada, con sus propios negocios y que administra y gestiona ciertos delitos? ¿Se preguntó algún funcionario cómo es posible que los policías que asesinaron a Miguel Reyes Pérez y Facundo Ferreira sigan prestando tareas en la institución policial y el comisario Pineda por robar cables haya sido pasado a disponibilidad?

A menudo, sucede que quienes se encuentran a cargo del diseño de políticas públicas tienen como único objetivo ganar elecciones. No les importa mejorar la sociedad sino los privilegios que esa posición les brinda. ¿En qué momento le gustaría al legislador Caponio ver muerto a un supuesto delincuente: antes de que cometa el delito, cuando lo está cometiendo o cuando se logra detenerlo? Cualquiera de sus hipotéticas respuestas no solo lo dejarán marcado por su desprecio a la vida humana, sino que tampoco aportará solución alguna. Los delitos continuarán y esas muertes nada evitarán.

Es imperioso entonces indagar sobre el origen del delito, con las particularidades de cada caso, e intentando dilucidar quienes y porqué los cometen. Hay que conocer las causas de un problema para poder definir la mejor estrategia para solucionarlo.

El Estado debe intervenir. Debe planificar a largo plazo y entender que la única solución llegará con procesos lentos y bien planificados. Si se hizo un blanqueo de capitales para los poderosos, porque no pensar un blanqueo para quienes poseen motos sin papeles y luego realizar campañas de concientización y mayores controles viales. Garantizar derechos básicos de toda la ciudadanía no debería ser un imposible, sino un objetivo. Actividades culturales, recreativas y deportivas en los barrios, sistemas de salud para combatir las adicciones, programas de acompañamiento para evitar la deserción escolar, mediación para solucionar conflictos vecinales y mayor presencia de agentes estatales que no sean fuerzas de seguridad ayudarían a pacificar un poco a este Tucumán tan violento.