Diputados comienza a analizar el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

El texto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil fue enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso.

26 Mar 2019
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CONGRESO. El oficialismo pone en juego 46 bancas de diputados. archivo

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzará a analizar el jueves el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión.

El proyecto, una de las iniciativas que el presidente Mauricio Macri pidió sancionar al inaugurar el 137 período de sesiones ordinarias del Congreso, comenzará a ser debatido el jueves a las 10 en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Niñez y Adolescencia y Presupuesto de la cámara baja.

En sus puntos centrales establece la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 y menores de 18 años, que hayan cometido algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal, es decir para delitos graves.

La iniciativa es el resultado de más de tres años de trabajo que involucraron -a partir de la participación en Justicia 2020- a más de 3.000 expertos de todo el país y miembros de la sociedad civil, en tanto una comisión redactora (de la que participó, entre otros, Unicef) preparó las bases del proyecto.

El texto, de más de 100 artículos, establece que en la aplicación de la ley se tendrá en cuenta el interés superior del adolescente que consiste ?en garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del adolescente".

Contempla además el acompañamiento individualizado de cada joven como establece el Plan de Seguimiento Integral, que estará a cargo de un referente de seguimiento, quien deberá garantizarle una transición hacia la vida autónoma, teniendo en cuenta su situación particular.

A través del proyecto, se fija con carácter excepcional la sanción privativa de la libertad "que solo podrá imponerse cuando las medidas o sanciones socio-educativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o fracasen con anterioridad por razones imputables al adolescente".

Establece además que el cumplimiento de una medida de coerción o sanción privativa de la libertad se realizará en centros especializados de gestión pública cerrados o abiertos, cuyo personal deberá recibir capacitación periódica.

Asimismo, precisa que los equipos interdisciplinarios que funcionarán en esos centros estarán integrados por al menos tres profesionales de distintas disciplinas: pedagogía infantojuvenil, psicología, medicina, trabajo social, sociología, entre otras, y con capacitación en el área de justicia restaurativa, uno de los integrantes deberá ser trabajador social. (Télam)

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