Ahora hay que ir por los asesinos

Si el tiempo que pasa es la verdad que huye, los jueces de la Sala III empujaron al sistema a refutar ese apotegma, tanto con las condenas como con los pedidos de investigación. Ha sido una sentencia dura, compacta, abarcadora, que abre expectativas, hasta tal punto que Alberto Lebbos, padre de la víctima del crimen, dijo esperanzado que “la verdad siempre prevalece”.

Primero se enfocaron en los cuatro altos ex funcionarios acusados de encubrimiento e incumplimiento de sus obligaciones: les dieron condenas ejemplificadoras. Los juecen les dicen que cometieron los delitos y que ellos, no el Estado, deberán pagar con urgencia una fuerte demanda civil: 11 millones de pesos de 2006, actualizados. Apenas quede firme la sentencia, tendrán 10 días para pagar ese dinero. Además, los envían a la cárcel ya mismo, por lo menos durante un año.

A Roberto Luis Gómez, el acusado de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, lo absolvieron; pero piden que se lo investigue por posible encubrimiento del asesinato. No queda libre de sospechas. El único que resultó medianamente aliviado fue el ex policía Hugo Waldino Rodríguez, que tendrá que hacer trabajos comunitarios durante cuatro años. Su condena es por la falsificación de un acta.

Después se abrió un panorama de investigaciones hacia el espectro de funcionarios y personajes que intervinieron en esta compleja causa. Surgieron dos sospechosos de participación en el homicidio: César Soto, ex pareja de Paulina y padre de su hija; y Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario privado del ex gobernador José Alperovich. Con Kaleñuk se mantiene firme la hipótesis llamada “de los hijos del poder”.

Simultáneamente, surgieron otros sospechosos de encubrimiento o falso testimonio. Entre ellos, el hasta ayer subjefe de Policía, Francisco Picón; y la bioquímica Lilia Moyano. Picón fue obligado a renunciar ayer por el Gobierno, antes de que se conociera la sentencia. ¿Intuía el gobernador, Juan Manzur, que iban a condenar a su funcionario? A las 17 de ayer ya había asumido en su cargo el comisario Manuel Bernachi, cuyo nombramiento acaso provoque un tendal de pases a retiro de comisarios con mayor rango. Por su parte, la bioquímica Moyano pende de un hilo en el equipo ECIF del Ministerio Fiscal, donde está contratada: ahora que está acusada, ¿la mantendrá el ministro fiscal, Edmundo Jiménez?

Otros policías van a ser investigados por encubrimiento y/o falso testimonio. Y también Virginia Mercado (la amiga de Paulina) y la testigo protegida Macarena Bordato; así como el barrabraba Héctor Gustavo González, el empresario Rubén Urueña y el remisero Pedro Juan Cruzado. Con esto se reactivan hipótesis que parecían desechadas.

Hubo otras dos impactantes decisiones. Una fue pedir que se investigue a todos los funcionarios que tuvieron responsabilidad en la reincorporación y en el ascenso del comisario Enrique García, quien ya había sido condenado por falsificación del acta del hallazgo del cuerpo de Paulina. ¿Se investigará, entonces, al actual jefe de Policía o al ex gobernador Alperovich?

Otra decisión fue que se revise la actuación de todos los funcionarios que decidieron contratar al equipo de ex comisarios Marcial Escobar, Alfredo Jiménez y Luis Santana, los cuales también van a ser investigados.

¿Cómo se hará esto? El fiscal Diego López Ávila, que con su tarea de ordenar la pesquisa pudo hacer que los seis acusados se sienten en el banquillo, había agotado la pesquisa en cuanto a la recolección de pruebas. Pero en el juicio aparecieron las “repruebas”, surgidas de testimonios y nuevas pericias en las audiencias. Lo que con la investigación del fiscal parecía terminado, en el proceso oral se convirtió en todo un mundo que se abría. ¿Tendrá razón Lebbos cuando dice que no hay crimen perfecto sino (sólo) investigaciones imperfectas?

Queda claro que la vinculación de funcionarios actuales con la pesquisa criminal (muchos policías en funciones están bajo sospecha) muestra las suciedades de un sistema hecho a los ponchazos. Su precariedad ha llevado a estas condenas, pero su impunidad ha permitido que sigan ocultos los autores del homicidio de Paulina, de cuya desaparición se cumplen hoy 13 años. El caso no se ha cerrado: se ha ampliado. “Todavía queda una larga lucha -dijo Lebbos- Y la vamos a dar”.